El Congreso chileno alcanzó un acuerdo histórico el viernes para convocar en abril un plebiscito para reemplazar la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet, un paso que generó euforia en el gobierno y recelo de una parte de la población tras casi un mes de crisis social.

"Fue un enorme acuerdo que le permitió a las diferentes fuerzas políticas conversar, dialogar, hacer presente sobre el odio (y) la prepotencia, el diálogo (y) la democracia", dijo la vocera oficial Karla Rubilar.

Eso, "finalmente ha logrado dar una señal de unidad de trabajo conjunto que hoy día todos valoramos", agregó.

El acuerdo reunió a gran parte de las fuerzas políticas del país, a excepción del Partido Comunista, que horas después, sin embargo, confirmó que participará del plebiscito por una nueva Constitución.

El mercado recibió el pacto con optimismo. La Bolsa de Santiago se disparó y cerró con un alza de 8,09%, el mayor incremento diario en diez años, mientras que el peso chileno se recuperó 3,2%.

Con esta suba, la Bolsa recuperó la mitad de lo perdido desde el inicio de la convulsión social, el 18 de octubre. Asimismo, el peso chileno se apreció 3,2% y cerró a 777,29 unidades por dólar.

"Hoy fue definitivamente desahuciada la Constitución de Pinochet; hay trabajo por delante", evaluó Jaime Bassa, profesor de Derecho en la Universidad de Valparaíso.

Expectativas

Miles de manifestantes volvieron a hacerse sentir en la Plaza Italia, epicentro de las concentraciones en Santiago, que esta mañana amaneció parcialmente cubierta por un gran lienzo blanco, acompañado por una palabra: "Paz".

Entre los manifestantes -jóvenes en su mayoría- se mostraron reparos al acuerdo.

"El acuerdo es otra vez algo que va a permitir que sea una Constitución entre cuatro paredes. Vamos a darle el beneficio de la duda hasta el plebiscito, pero hay que mantener al pueblo vigilante", dijo a la AFP Maria Eugenia Contreras, odontóloga de 56 años.

Al caer la tarde, los incidentes aislados se volvieron a repetir con enfrentamientos especialmente violentos entre pequeños grupos de manifestantes y policías.

En casi 30 años de democracia, no prosperó ninguna iniciativa para cambiar de raíz la Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), principalmente por la oposición de la derecha en el Congreso.

El presidente del Senado, Jaime Quintana, miembro del opositor Partido por la Democracia (centroizquierda), flanqueado por los dirigentes de las principales formaciones políticas, anunció de madrugada que el llamado a un plebiscito era "una respuesta de la política con mayúscula que piensa en Chile y que también se hace cargo y asume su responsabilidad".

Lo que viene

La consulta de abril de 2020 incluirá dos preguntas: si se quiere o no una nueva Constitución, y qué tipo de órgano debería redactar esa nueva Constitución: una "comisión mixta constitucional", una "convención constitucional" o una Asamblea constituyente, explicó Quintana.

La convención mixta constitucional, impulsada por los partidos de la coalición de gobierno derechista, será integrada en partes iguales por miembros elegidos para ello y parlamentarios en ejercicio, mientras que en la "convención constitucional", promovida por la oposición, todos sus integrantes serán elegidos para la ocasión.

Si el proyecto es aprobado en plebiscito, la elección de los miembros de una u otra instancia se realizará en octubre de 2020, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal, y se hará con voto voluntario. Pero la ratificación de la nueva Constitución será con sufragio universal y voto obligatorio.

Del metro a la Constitución

El acuerdo se alcanzó tras casi un mes de protestas en reclamo de reformas sociales al gobierno, acompañadas de episodios violentos que dejaron 22 muertos y miles de heridos y detenidos en manifestaciones, saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía.

Mientras el país ardía, Piñera apostó por un "acuerdo por la paz" en vez de volver a sacar a los militares a las calles, como hizo en los primeros nueve días de la crisis, iniciada con un llamado a evadir el pago del metro de Santiago en rechazo a un alza de tarifas, que derivó en la mayor revuelta en tres décadas.

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dijo que "este acuerdo es un primer paso, pero es un primer paso histórico y fundamental para empezar a construir nuestro nuevo pacto social, y en ello la ciudadanía va a tener un rol protagónico".

La periodista chilena Lucía López sintetizó en un tuit que "lo que partió con la evasión del metro, terminó con el inicio de un proceso constituyente, histórico e inédito que contará por primera vez con participación ciudadana. Gracias (estudiantes) secundarios que tan mal te han tratado". (15/11/2019)