La Justicia brasileña destituyó este viernes al gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, por sospechas de corrupción en el área de la salud en plena pandemia de coronavirus.
Witzel, de 52 años, rechazó las acusaciones, prometió luchar para revertir la decisión y denunció una persecución política, recordando sus enfrentamientos con el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, de quien fue un aliado.
La destitución, por un mínimo de seis meses, fue ordenada por un magistrado del Superior Tribunal de Justicia (STJ), quien le prohibió el acceso a las dependencias del gobierno aunque podrá seguir viviendo en el Palacio de Laranjeiras, residencia oficial de los gobernadores en Río, mientras el caso avanza en la justicia.
“El grupo delictivo [integrado por miembros del gobierno de Río y empresarios] actuó y sigue actuando, desviando y lavando recursos en plena pandemia de covid-19”, afirmó el juez, Benedito Gonçalves.
Gonçalves ordenó igualmente decenas de allanamientos con impresionantes despliegues policiales, incluido en el Palacio de Laranjeiras, sobrevolado por dos helicópteros.
Witzel será sustituido interinamente por el vicegobernador Claudio Castro.
La justicia ordenó además la detención de varios empresarios y la del pastor Everaldo, un líder evangélico que preside el Partido Social Cristiano (PSC), al que pertenece el ahora gobernador apartado.
La esposa de Witzel, Helena Witzel, también fue denunciada, tras la identificación de pagos a su gabinete de abogacía por parte de empresarios involucrados en los desvíos.
De acuerdo con la Fiscalía, Witzel creó desde su llegada al cargo en enero de 2019 una caja paralela para recibir sobornos de empresas beneficiadas con contratos públicos. Entre los fraudes investigados figuran la gestión de los hospitales de campaña previstos para pacientes afectados por la covid-19, así como la compra irregular de respiradores y medicamentos.
De los siete hospitales planeados, apenas dos salieron del papel.
La Policía ya había allanado Laranjeiras el 26 de mayo por sospechas de fraudes en la lucha contra la pandemia y dos semanas después la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj) abrió un procedimiento de destitución del gobernador.
«Masacrado políticamente»
En un pronunciamiento ante la prensa, Witzel afirmó que está siendo «masacrado políticamente» en nombre de «intereses poderosos».
«Vamos a tomar todas las medidas judiciales necesarias para que mi destitución sea revertida rápidamente», afirmó. «El proceso penal brasileño se está transformando en un circo», prosiguió.
«Otros gobernadores y yo somos víctimas de un posible uso político de la institución», sostuvo Witzel, apuntando los presuntos vínculos con la familia de Bolsonaro de la fiscal que investiga las denuncias de fraudes en la compra de insumos médicos.
Una corte especial del STJ, de 15 miembros, discutirá su caso el próximo miércoles.
Witzel, un exjuez, fue aliado de Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2018, adhiriendo a su discurso de lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Luego se convirtió en uno de sus más frontales opositores, debido al avance de las investigaciones judiciales que involucran al hijo mayor del presidente, el senador Flavio Bolsonaro, radicadas en Río, y más recientemente por divergencias sobre las medidas de aislamiento para contener la pandemia.
«Bolsonaro me ha acusado de perseguir a su familia, pero al contrario de lo que él imagina, aquí la policía y la fiscalía son independientes», afirmó Witzel este viernes.
Río, esplendor y decadencia
Río, un estado de 16,5 millones de habitantes y con su capital homónima como tarjeta postal de Brasil, conoció sus últimas horas de gloria con los Juegos Olímpicos de 2016, antes de sumirse en una grave crisis económica y de seguridad.
Desde el inicio de la pandemia, el estado ya registró 15.800 muertes por el coronavirus, que en todo Brasil se ha cobrado hasta la fecha casi 119.000 vidas. El índice de decesos es de 92 por cada 100.000 habitantes, muy superior a la media nacional (56 cada 100.000).
Con Witzel, cinco de los seis gobernadores de Río de Janeiro en funciones desde 1998 han tenido problemas con la justicia, y cuatro de ellos fueron presos en algún momento.
El caso más emblemático es el de Sergio Cabral (2007-2014), preso desde 2016 y condenado a cerca de 300 años de prisión en diferentes casos de corrupción, incluido uno relacionado con las obras de remodelación del estadio Maracaná para el Mundial 2014.