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El 23F, una intentona golpista que tuvo en vilo a la democracia española

El golpe del 23 de febrero de 1981 fue un intento fallido de revertir el proceso democrático en España, que durante horas tuvo atemorizada a una población aún traumatizada por la Guerra Civil de 1936-1939.

Así se desarrolló el intento de golpe que pretendió desbaratar la transición democrática iniciada tras la muerte en 1975 del dictador Francisco Franco.

El asalto 

La operación arranca a las 18.23. El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, al mando de un pelotón de 200 agentes y al grito de «¡quieto todo el mundo!», toma por las armas el Congreso de los Diputados, donde se estaba votando la investidura como presidente del gobierno del centrista Leopoldo Calvo-Sotelo.

Los golpistas disparan ráfagas al techo del Congreso, y los diputados se esconden aterrorizados bajo sus escaños, con tres excepciones: el presidente saliente, Adolfo Suárez, su vicepresidente, el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, que se enfrenta a los asaltantes, y el líder comunista Santiago Carrillo.

En paralelo a la toma del Congreso, donde gobierno y legisladores quedan secuestrados, el general Jaime Milans del Bosch, un veterano del bando franquista durante la Guerra Civil, se subleva en Valencia y saca los tanques a la calle.

Brevemente, un destacamento de caballería de la División Acorazada Brunete toma también en la capital los estudios de Radiotelevisión Española.

Los madrileños se encierran en sus casas, y algunos hacen las maletas, preparándose para lo peor.

El contragolpe de Juan Carlos 

De inmediato, el rey Juan Carlos I trata de desactivar el golpe.

Desde su palacio de la Zarzuela, a las afueras de Madrid, llama a los capitanes generales que dirigen las distintas regiones del país para que respeten la legalidad democrática, en un país dotado desde 1978 de una joven Constitución tras la larga dictadura franquista (1939-1975).

Durante la noche, el monarca frena en dos ocasiones decisivas al líder político del golpe, Alfonso Armada, un sinuoso y ambicioso general que había sido su instructor militar y más tarde su secretario, entre 1976 y 1977.

Don Juan Carlos le impide primero entrar en Zarzuela, y luego lo desautoriza para acudir en su nombre al Congreso, donde Armada pretendía ponerse al frente de un gobierno de concentración nacional.

Pasada la una de la madrugada, el rey, vestido de capitán general de los ejércitos, pronuncia un breve discurso en televisión para detener un golpe que quería reinstaurar un régimen autoritario e incluso llevarse por delante la monarquía.

«La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático», dijo Juan Carlos.

El secuestro del Congreso duró aún toda la madrugada, hasta que los golpistas se rindieron el 24 de febrero a mediodía, 17 horas y media después del asalto.

El contexto

Los golpistas fueron la punta de lanza de un descontento generalizado con el presidente Adolfo Suárez, nombrado por Juan Carlos en 1976 y muy desgastado en 1980.

Por aquel momento, el rey tenía una mala relación con el centrista Suárez, sometido además a una dura oposición por parte de los socialistas, y a la presión de los militares, iracundos con la legalización del Partido Comunista y, sobre todo, la incapacidad del Estado para atajar los crímenes de la organización separatista armada vasca ETA.

Suárez presentó sorpresivamente su dimisión el 29 de enero de 1981, tras una intimidatoria reunión con mandos militares en Zarzuela, permitida por don Juan Carlos. «El rey ahí fue imprudente», apunta el periodista Abel Hernández, fino conocedor de Suárez y de la transición democrática.

El general Armada trató inmediatamente de aprovechar su ascendencia sobre el rey para que lo designara candidato a presidente del gobierno.

Pero cuando el monarca optó por Calvo-Sotelo, del mismo partido que Suárez, Armada aceleró los preparativos del golpe junto con Milans del Bosch y Tejero.

La justicia militar condenó a Tejero y Armada a 30 años de prisión, y a Milans del Bosch a 26.

Sin embargo, Armada fue indultado en 1988 y Milans del Bosch y Tejero excarcelados respectivamente en 1990 y 1996.

(19/02/2021)