Los detenidos políticos nunca saben cuánto tiempos permanecerán en la superpobladas y a veces violentas prisiones egipcias, ya que corren el riesgo de nievas y sorpresivas acusaciones.
Apodada «reciclaje» o «rotación» por los activistas políticos y de derechos humanos, esta práctica mantiene a los detenidos entre rejas, incluso si han sido liberados en otros casos.
Según varias oenegés, en Egipto hay unos 60.000 detenidos políticos de todo tipo, entre islamistas, opositores, académicos, periodistas, abogados y artistas.
Solafa Magdy, periodista de 33 años, y su marido Hossam El Sayed, fotoperiodista, fueron detenidos en noviembre de 2019 en un café de El Cairo junto con uno de sus amigos. Los tres fueron acusados de unirse a un grupo terrorista y publicar información falsa.
Según la legislación egipcia, las detenciones preventivas pueden durar hasta dos años. Pero en agosto de 2020, Magdy fue acusada de un cargo adicional que la mantiene en prisión: uso indebido de las redes sociales estando en prisión… aunque carecia de acceso a un teléfono.
Medida punitiva
«Es una parodia de la justicia», afirma su madre Taghred Zahran. «Quiero que esta pesadilla termine. Queremos despertar y vivir nuestras vidas. Lo que estamos viviendo es irreal», añade a la AFP, conteniendo las lágrimas.
A principios de este mes, Amnistía Internacional afirmó que Magdy se había sometido a un examen ginecológico que le provocó una grave hemorragia. También fue registrada y golpeada por los guardias.
Mai El Sadany, director jurídico del Instituto Tahrir para la Política de Oriente Medio (TIMEP), un centro de estudios con sede en Washington, explica desde que el presidente Abdel Fattah al Sissi llegó al poder en 2014, los servicios de seguridad recurren a las detenciones prolongadas para silenciar a los disidentes.
«Un detenido que normalmente podría esperar ser liberado o cuyo caso podría comenzar a ser examinado después de dos años, ahora puede enfrentarse a nuevos cargos. No hay un final a la vista», explica.
A Sadany también le preocupa la falta de recursos para los detenidos que se enfrentan a esta nueva práctica.
«Se ha convertido en algo normal que los acusados permanezcan detenidos, en lugar de ser puestos en libertad a la espera del juicio. Se ha vuelto normal que a los abogados se les niegue el acceso a los expedientes. Se ha convertido en algo normal que las detenciones se renueven automáticamente», agrega Sadany.
La AFP intentó contactar, sin éxito, la oficina del fiscal general y la administración de prisiones.
Datos
Durante una visita a la cárcel este mes. la familia de Abdelrahman Tarek, de 26 años, lo encontró agotado.
El joven acababa de terminar una huelga de hambre de 53 días. Protestaba contra los constantes traslados que sufría entre la prisión de Tora (al sur de El Cairo) y una comisaría del centro.
«Cuando lo vi en la cárcel, su estado era espantoso, pero estaba decidido a seguir adelante porque decía que lo que le pasaba era injusto y que no podía seguir viviendo así. Prefería morir», declaró a la AFP un miembro de la familia de Tarek bajo condición de anonimato.
En dos ocasiones, en 2020, el joven fue acusado de nuevos delitos cuando estaba previsto que saliera en libertad. En octubre fue acusado de publicar información falsa sobre la pandemia de coronavirus y de unirse a un grupo terrorista.
Amnistía Internacional calificó estas acusaciones de «espurias».
Además, según su familiar, Tarek afirma que lo colgaron del techo de su celda, le aplicaron electricidad en los genitales y lo mantuvieron aislado en una celda minúscula sin ventilación.
En total, el joven activista político ya pasó seis años en prisión por varios cargos.
(25/02/2021)