El jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Martin Griffiths, ha pedido la liberación de los rehenes retenidos en Gaza por las milicias palestinas y un alto el fuego entre las partes tras la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que exige a Israel detener inmediatamente su ofensiva sobre la ciudad de Rafah.

«Aunque Israel ha desestimado los llamamientos de la comunidad internacional para aliviar (la situación en) Rafah, el clamor mundial de un cese inmediato de esta ofensiva se ha vuelto demasiado fuerte como para ignorarlo», ha señalado en un comunicado.

Griffiths ha asegurado que «este es un momento de claridad» después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya aprobado este viernes una resolución que pide la protección de los trabajadores humanitarios y también debido a la decisión de la CIJ.

«Es momento de exigir respeto por las reglas de la guerra a las que todos estamos ligados: se debe permitir que los civiles busquen protección. La ayuda humanitaria debe facilitarse sin obstáculos. Los trabajadores humanitarios y el personal de Naciones Unidas deben poder realizar su trabajo de forma segura», ha agregado.

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Griffiths

En este sentido, ha insistido en la necesida de «prestar atención» a los llamamientos realizados durante los últimos siete meses. Especialmente «en un momento en el que el pueblo de Gaza enfrenta la hambruna; cuando los hospitales son atacados e invadidos» o cuando «las organizaciones humanitarias no pueden llegar a las personas» que tanto lo necesitan.

Griffiths ha asegurado que no existieron límites «en cuanto al sufrimiento y la miseria que la operación militar de Israel en Rafah ha traido al pueblo de Gaza». «Como se temía, ha sido una tragedia más allá de las palabras», ha dicho.

Asimismo, ha recordado que la incursión terrestre de la ciudad ha desplazado forzosamente a más de 800.000 personas «que huyeron una vez más temiendo por sus vidas y llegaron a zonas sin un refugio adecuado, letrinas ni agua potable».

«Ha cortado el flujo de ayuda hacia el sur de Gaza y paralizado una operación humanitaria que ya había llegado más allá de su límite. Ha detenido las distribuciones de alimentos en el sur; además, ha reducido al mínimo el suministro de combustible para las necesidades vitales de Gaza en panaderías, hospitales y pozos de agua», ha subrayado.

El secretario de general de Naciones Unidas, António Guterres, ha recordado este viernes que la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que exige a Israel detener inmediatamente su ofensiva sobre Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, es «vinculante».

«El secretario general recuerda que, de conformidad con la carta y el estatuto de la corte, las decisiones de la corte son vinculantes y confía en que las partes cumplirán debidamente la orden», ha señalado en un comunicado en el que dice «tomar nota» del dictamen.

Guterres ha subrayado además que, de conformidad con el estatuto de la CIJ, «transmitirá lo más pronto posible al Consejo de Seguridad de la ONU la notificación de las medidas provisionales ordenadas por la corte».

La CIJ se ha pronunciado este viernes sobre las medidas adicionales solicitadas por Sudáfrica, que ha acusado a Israel de desentenderse de medidas previas dictadas por el tribunal de la ONU para evitar un genocidio en Gaza. Lo acusa demás, de empeorar todavía más la situación humanitaria en el enclave al lanzar una nueva ofensiva sobre Rafá; que ha provocado un nuevo desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas.

En su nuevo dictamen, el tribunal no solo reafirma las medidas cautelares que emitió en enero y en marzo para impedir un exterminio en Gaza, sino que llama también a Israel a que «suspenda inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafá que pueda infligir a la población palestina condiciones de vida que puedan provocar su destrucción física, ya sea total o parcial».

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CIJ

El tribunal también exige a Israel que «mantenga abierto el paso de Rafá» cuyo control por el lado palestino asumió a principios de mes «para un suministro a gran escala y sin restricciones de asistencia humanitaria».

Además, la corte insta a Israel a que tome «medidas efectivas» para garantizar «el acceso sin obstáculos a la Franja de Gaza» a «cualquier comisión de investigación, misión de investigación u organismo de investigación encargado por los órganos competentes de la ONU para investigar acusaciones de genocidio».

Por último, la CIJ da a Israel el plazo de un mes a partir de hoy para que entregue un informe que comprenda todas las medidas que debe adoptar para cumplir este nuevo dictamen. Documento que será posteriormente evaluado por el tribunal.

En respuesta, Israel ha asegurado que no ha llevado ni llevará a cabo operaciones militares que «puedan conducir a la destrucción de la población civil palestina», total o parcialmente». Ha insistido en que está impulsando una «guerra justa».

«Israel hace esto de acuerdo con su derecho a defender su territorio y a sus ciudadanos; manteniendo al mismo tiempo sus valores morales y el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario», han dicho las autoridades israelíes en un comunicado conjunto.

Al mismo tiempo, Israel ha señalado que continuarán con sus «esfuerzos» para permitir la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Añadió también, que actuarán de conformidad con la ley para reducir en la medida de lo posible los daños a la población civil.

La Tercera Sala de lo Constitucional de Lima ha ordenado este viernes la reincorporación inmediata de Zoraida Ávalos como fiscal suprema de la nación, cargo para el que fue inhabilitada por el Congreso de la República en junio de 2023.

El fiscal general interino, Juan Carlos Villena, ha firmado una resolución en la que acata lo dispuesto por el Constitucional. Y designa a Ávalos como fiscal suprema y le devuelve su despacho en la Segunda Fiscalía Suprema Penal.

Esta decisión se produce apenas un día después de que la Junta Nacional de Justicia ordenara la destitución de Patricia Benavides no solo como fiscal suprema. Sino también como fiscal general, un cargo del que ya había sido suspendida temporalmente meses atrás.

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Fiscal de Perú

Con la reincorporación de Ávalos y la destitución de Benavides, la Junta de Fiscales Supremos deberá elegir a un nuevo fiscal general de la nación. Debido a que Villena ocupa el cargo de forma interina, según destaca la prensa peruana.

Ávalos había ejercido durante casi diez años como fiscal suprema de Perú, incluida una andadura de tres años como fiscal general. Un cargo al que llegó de forma interina pero para el que finalmente fue ratificada hasta marzo de 2022.

Benavides, por su parte, antes de ser destituida había sido ya suspendida temporalmente por, entre otros asuntos, liderar una trama para lograr apoyo político a través del intercambio de votos. Así como favorecer la destitución de funcionarios. La propia Ávalos se vio damnificada por esta trama.

(24/05/2024)

El Senado de Luisiana (Estados Unidos) ha seguido este jueves los pasos dados unos días antes por la Cámara de Representantes al aprobar un proyecto de ley que criminaliza el uso de pastillas abortivas, lo que le convertiría en el primer estado que declara estos medicamentos como sustancias controladas.

La Cámara ha emitido 29 votos a favor y siete en contra, y ahora estará en manos del gobernador estatal, el republicano Jeff Landry, de firmar el texto para convertirlo en ley, algo que se espera que haga, según ha publicado la cadena de televisión estadounidense CNN.

Esta norma, a la que se han opuesto grupos antiabortistas y profesionales defensores de los derechos reproductivos, agregaría los medicamentos mifepristona y misoprostol a la lista de sustancias peligrosas controladas por el estado.

El listado regula los medicamentos que pueden ser altamente adictivos como opioides o antidepresivos. Para recetar sustancias controladas, los médicos necesitan una licencia especial. Además, las autoridades realizan un seguimiento del paciente, el médico y la farmacia involucrados en cada receta.

Pastillas abortivas

El aborto es ilegal en Luisiana, por que lo que no está permitido recetar alimentos para interrumpir un embarazo; excepto en circunstancias muy limitadas y sin que se hagan excepciones en casos como el incesto o la violación. La medida castigaría la posesión de estas pastillas sin receta válida u orden de un profesional con hasta cinco años de prisión.

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Cuando la Cámara de Representantes aprobó el texto, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó que se trataba de algo «absolutamente inconcebible». Añadió que el culpable de ello es el expresidente Donald Trump.

Numerosos estados controlados por el Partido Republicano han realizado una ofensiva contra el derecho al aborto, en algunos casos imponiendo grandes restricciones, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, dominado por republicanos, anulara en mayo de 2022 el caso ‘Roe vs Wade’, dando vía libre a los estados a restringir e incluso prohibir el aborto.

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha anunciado este jueves que el hospital gazatí Al Awda, ubicado en Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, se ha visto obligado a cerrar después de que haya estado varios días sitiado por el Ejército de Israel.

«Esto se produce tras un aterrador asedio de cuatro días, el último de una serie de ataques sistemáticos contra los servicios sanitarios por parte de las fuerzas israelíes», ha señalado la ONG en un mensaje publicado en la red social X.

MSF ha detallado que el pasado 19 de mayo el hospital fue rodeado por tanques israelíes. Tanto el personal como los pacientes se tuvieron que refugiar debajo de las mesas y camas «mientras las balas y los bombardeos rompían las ventanas».

«Al Awda es un salvavidas para la gente del norte de Gaza. El hospital debe poder continuar brindando atención a los pacientes: seguimos pidiendo su protección y la de todos los centros de salud, pacientes y personal médico», ha zanjado la ONG, que trabaja en colaboración con el hospital Al Awda desde 2018.

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Norte de Gaza

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció en la víspera la «invasión» por parte del Ejército israelí del hospital, donde había un total de 140 personas entre personal médico, pacientes y acompañantes.

Según órdenes militares, doce miembros, incluido el director, 14 pacientes y ocho acompañantes se quedaron. Mientras que a la mayoría de los pacientes los remitieron al Hospital Al Ahli; este ya ha pedido el traslado de pacientes estables a otro centro médico.

El balance de víctimas a causa de la ofensiva militar desatada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que se saldaron con 1.200 muertos y 240 rehenes, y otras milicias palestinas ha aumentado a 35.800 muertos, según las autoridades del enclave, controladas por el grupo islamista.