Forenses identificaron los restos de un tercer estudiante, del grupo de 43 que desapareció en septiembre de 2014 en el sur de México, informaron este martes la Fiscalía y representantes de las familias.

«Al día de hoy podemos reportar (…) que la identificación es cierta y plena de Jhosivani Guerrero de la Cruz», dijo Omar Gómez, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA).

El procedimiento fue llevado a cabo por el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck (Austria), mediante análisis de ADN nuclear a una vértebra encontrada en la localidad de Cocula, estado de Guerrero (sur).

Los resultados fueron dados a conocer el pasado 8 de junio.

Jhosivani Guerrero se suma a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexander Mora Venancio, previamente identificados por expertos de la misma universidad.

Para ello, la Fiscalía General de México ha enviado a esa institución fragmentos óseos encontrados en un sitio conocido como Barranca de la Carnicería, en Cocula.

De ese lugar, la UEILCA ha recuperado 180 piezas óseas desde noviembre de 2019, señaló Gómez en un mensaje por video, y anunció que próximamente viajará a Austria para entregar nuevos restos.

La familia de Jhosivani Guerrero fue notificada el pasado sábado y este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los familiares de los normalistas desaparecidos.

Este hallazgo «recuerda que sigue pendiente avanzar en las investigaciones hasta llegar a la verdad y sancionar tanto a los responsables de la desaparición como a los de la manipulación», señaló el Centro Prodh, organización de derechos humanos que representa a las víctimas.

Sin indicios de incineración

Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), la extinta Procuraduría General dijo que tenía indicios para la identificación de Jhosivani Guerrero, pero Gómez aseguró que los análisis de entonces apenas reflejaban un 17% de coincidencia y por tanto eran «dudosos».

El caso Ayotzinapa, que produjo una amplia condena internacional, tomó un nuevo giro luego de que el gobierno izquierdista de López Obrador y la Fiscalía desecharan la llamada «verdad histórica», con la que se pretendió cerrarlo.

Según la tesis del anterior gobierno, los estudiantes fueron detenidos y entregados por policías locales a narcotraficantes del cartel Guerreros Unidos, al ser confundidos con integrantes de una banda enemiga.

De acuerdo con la misma versión, los restos de los estudiantes fueron arrojados a la Barranca de la Carnicería, a 800 metros del río Cocula, tras ser calcinados en un basurero.

Pero Gómez aseveró este martes que la vértebra de Jhosivani Guerrero «no presenta una exposición alta a fuego».

«Se ha demostrado que La ‘verdad histórica’ (…) no tiene base científica y es contraria a los estándares internacionales», comentó este martes Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Añadió que este avance representa una «esperanza» para las familias de unos 80.000 desaparecidos en México.

Irregularidades

A finales de abril pasado, la Fiscalía emitió una nueva orden de arresto contra Tomás Zerón, quien fuera uno de los investigadores del caso.

La medida se relaciona con la «violencia» que las autoridades al mando de Zerón habrían ejercido contra Felipe Rodríguez (alias «El Cepillo»), miembro del grupo criminal involucrado en el caso, para que validara la «verdad histórica».

Los alumnos desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Esa noche, decenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se dirigieron a Iguala para hacerse con autobuses que querían usar en unas manifestaciones.

Pero fueron baleados por pistoleros y policías corruptos.

En las pesquisas también participan expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

La justicia mexicana ha sido señalada por irregularidades en el caso.

En julio de 2020 fue detenido un hombre vinculado con los hechos identificado como Ángel Casarrubias, alias «El Mochomo», buscado desde 2014 por una acusación de crimen organizado.

«El Mochomo» es hermano de Sidronio, Mario y Adán, presuntos líderes del cartel Guerreros Unidos, capturados meses después de la desaparición de los normalistas.