El Congreso de Perú debatirá un proyecto de ley del presidente Pedro Castillo que castiga con hasta tres años de cárcel a quienes difundan «información reservada» sobre procesos penales, lo que encendió las alarmas de los gremios de la prensa.

El proyecto es tildado de «ley mordaza» por las agrupaciones de periodistas y de dueños de medios, que afirman que el propósito del mandatario izquierdista es impedir que se publiquen los avances de las indagaciones por supuesta corrupción que la fiscalía lleva adelante contra él y su entorno político y familiar.

En las próximas semanas, la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por la opositora fujimorista Patricia Juárez, deberá decidir si archiva el controvertido proyecto o le da el visto bueno para que pase al plenario, que en este caso daría la última palabra.

El Congreso peruano, dominado por la oposición derechista, mantiene durmiendo todos los otros proyectos (una treintena) enviados por Castillo en sus 11 meses de gobierno.

Sin embargo, las alarmas de los gremios de prensa parecen ser señal de que las bancadas de derecha están dispuestas a aportar los votos para aprobar la «ley mordaza», con el fin de silenciar también las investigaciones por supuesta corrupción contra figuras de la oposición, entre ellas Keiko Fujimori.

Tres años de cárcel

El jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, ha negado que se trate de una «ley mordaza» y sostiene que este proyecto busca proteger los «derechos fundamentales» de toda persona investigada por la justicia.

«No está bien que una persona por el simple hecho de haber sido denunciada, ya la fiscalía saca la información, la prensa (…). ¿Quién nos subsana después de esto?», dijo Torres, quien firmó con Castillo este controvertido proyecto enviado esta semana al Congreso.

El artículo 1 del proyecto tipifica «el delito de difusión de información reservada en la investigación penal», lo que implica reformar el artículo 409 del Código Penal peruano.

El propósito, según el texto, es «salvaguardar la información reservada a la que se tiene acceso por el cargo o función que desempeñan los operadores de justicia y las partes procesales».

Quien filtre información reservada será sancionado con uno o dos años de cárcel. Pero la pena se eleva hasta tres años si lo hace «un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente administrativo, asistente en función fiscal o miembro de la Policía».

No es el primero

El Consejo de la Prensa Peruana, que aglutina a las empresas propietarias de medios, expresó su rechazo tajante a este proyecto «oscurantista», pero recordó que no es el primero en el país.

«Este proyecto de ley blinda a quienes hoy están involucrados en casos de corrupción, hechos que merecen ser de conocimiento de todos los peruanos», dijo el Consejo en un comunicado.

«Implica, además, retomar una práctica fujimorista del Congreso disuelto [en 2019], donde se promovió un proyecto de ley similar, y otro intento en el actual Congreso en marzo de este año», agregó.

El abogado Roberto Pereira, asesor jurídico de la ONG Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), aseguró que «el proyecto es claramente inconstitucional».

Pereira advirtió que si bien se busca silenciar primeramente a jueces, fiscales y policías, «el periodista sí puede ser incorporado en un proceso penal como cómplice o instigador».

Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas afirmó que «de ser ley, afectaría gravemente el derecho a la información y la lucha contra la corrupción».

En una visita a Lima en mayo, el relator especial sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, indicó que la prensa peruana había denunciado restricciones para informar.

«Vemos información muy sensible, valiosa, sobre obstrucciones y restricciones para el cubrimiento de la gestión estatal en general», dijo a periodistas. «No es un buen síntoma que los Estados sean herméticos».

«Hemos recibido quejas sobre el Poder Ejecutivo y Legislativo», agregó, señalando que iba a «animar» a las autoridades peruanas para «que se cumplan los estándares internacionales».

El presidente de Perú, Pedro Castillo, acudió este viernes caminando por las calles del centro de Lima a la sede de la fiscalía para declarar en un caso de presunta corrupción de su entorno político y familiar, por el cual es investigado.

El mandatario izquierdista salió a pie del palacio de gobierno en la mañana y caminó unas ocho cuadras alzando una mano para saludar a peatones, acompañado por asesores y una treintena de escoltas de civil y policías uniformados, observaron periodistas de la AFP.

«A fin de aclarar las denuncias y especulaciones en mi contra, hoy [viernes] acudiré a la Fiscalía de la Nación en un acto de transparencia con el pueblo y colaboración con la justicia», tuiteó Castillo minutos antes.

El mandatario ingresó al edificio de la fiscalía un cuarto de hora después sin hacer declaraciones a la prensa. Afuera lo esperaban una docena de manifestantes opositores que gritaban consignas en su contra.

Castillo continuaba una hora y media después declarando ante la fiscalía, que lo investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por una causa que involucra a su entorno político y familiar.

Se trata de la investigación sobre el consorcio «Puente Tarata III», que busca determinar si un exministro de Transportes, seis legisladores, un exsecretario general de la Presidencia y dos sobrinos de Castillo integraban una supuesta red criminal encabezada por el presidente para conceder un contrato de obras públicas.

El fiscal Samuel Rojas citó a Castillo mientras cuatro investigados de su entorno están prófugos tras dictarse una orden de prisión preventiva contra ellos. La policía ofrece recompensas de entre 4.000 y 13.300 dólares por su detención.

Otra citación

La legislación peruana impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder, pero no avanzar en las indagaciones en su contra, sostiene la fiscalía. Castillo finaliza su mandato el 28 de julio de 2026.

Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, dominada por la oposición, acordó el jueves citar a Castillo para que comparezca el 21 de junio por el mismo caso que indaga la fiscalía.

«La política peruana se ha transformado en un ejercicio policial y judicial, no se debaten los temas políticos de fondo ni los urgentes problemas» del país, dijo a la AFP el analista político Hugo Otero.

«Eso es desentenderse de los problemas que está viviendo la gente de Perú, como el desempleo, la pobreza o la inflación», la más alta en tres décadas, añadió Otero, exasesor del difunto presidente Alan García.

Castillo, un maestro rural de 52 años, había adelantado el domingo que acudiría a la citación del fiscal Rojas y lo reiteró cuatro días después.
«Asistiré a todas las citaciones», prometió tras una ceremonia con dirigentes indígenas.

«En 11 meses no han podido encontrar una pista de que nosotros hemos metido la mano para robar», agregó el mandatario al negar irregularidades en su gestión, inciada el 28 de julio de 2021.

La nueva citación establece que el presidente podrá elegir el lugar donde declarará a la comisión legislativa.

«Existen grandes indicios y sospechas reveladoras de presuntos actos de corrupción», dijo el congresista fujimorista (derecha populista) Héctor Ventura, quien dirige la comisión.

«Vacancia»

En sus 11 meses en el poder, Castillo ha estado bajo permanente asedio del sector radical de la oposición, que lo acusa de supuesta ineptitud y de estar salpicado por hechos de corrupción.

El 8 de abril, el Congreso de Perú, también controlado por la oposición, aprobó una moción meramente simbólica que exhortaba a Castillo a renunciar, 10 días después de fracasara el segundo intento de destituirlo en un juicio político relámpago, al cosechar solo 55 de los 87 votos necesarios.

Las mociones de «vacancia presidencial» se han vuelto costumbre en Perú y causaron la caída de los mandatarios Pedro Pablo Kuczynski (derecha) en 2018 y Martín Vízcarra (centro) en 2020. Desde diciembre de 2017, el Congreso ha debatido seis iniciativas de este tipo.

Varios legisladores opositores radicales llaman cotidianamente a destituir a Castillo, pero hasta ahora no cuentan con los votos necesarios.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes un cuarto retiro anticipado del 10% de los fondos de pensiones para paliar las dificultades económicas causadas por la pandemia, una medida muy popular que atiza la inflación y resistida por el gobierno conservador de Sebastián Piñera.

«APROBADO, Cámara aprueba proyecto para permitir a los afiliados del sistema previsional, el retiro anticipado y voluntario de parte de los fondos», anunció la Cámara Baja en Twitter luego que la iniciativa consiguiera 94 votos a favor (uno más del necesario), 39 en contra y nueve abstenciones. Para convertirse en ley, el proyecto ahora debe ser aprobado por el Senado.

El proyecto presentado por legisladores de centroizquierda recibió los votos de 17 diputados oficialistas, que desoyeron las advertencias del gobierno pues resultaba muy impopular rechazarlo en medio de la campaña de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 21 de noviembre.

«Nos parece una muy mala noticia para las pensiones de los chilenos», dijo tras la votación el ministro de la Presidencia, Juan José Ossa, quien criticó el «oportunismo electoral» de los diputados oficialistas que apoyaron el retiro.

Desde septiembre de 2020 y en plena pandemia, el Congreso aprobó tres retiros de 10% cada vez de los fondos acumulados en cuentas individuales en las administradoras privadas de fondos de pensiones, compañías criticadas por los chilenos por pagar jubilaciones bajas.

El gobierno afirmó que este nuevo retiro no se justifica, porque lo peor de la crisis económica ya pasó y la medida puede atizar la inflación al entrar en circulación entre 12.000 y 16.000 millones de dólares.

Además, el gobierno destacó que los empleos se recuperaron y las ayudas estatales directas a las familias fueron ampliadas.

Los retiros anteriores también fueron aprobados gracias a legisladores oficialistas que se sumaron a los opositores.

«Ya no tenemos cuarentenas, ya ha comenzado la recuperación [económica] y estamos frente a un alza sin precedentes del consumo», dijo durante el debate el diputado José Auth, uno de los pocos opositores que votó contra la iniciativa.

«Los retiros han hecho retroceder seis años la meta de tener pensiones dignas», afirmó Auth tras la votación, mientras sus colegas opositores festejaban.

Pero la diputada comunista Karol Cariola justificó la aprobación del nuevo retiro, afirmando que «hay una restricción económica [entre la población] que es real, endeudamiento de personas que durante muchos meses no recibieron ayudas del Gobierno».

Sistema cuestionado

En los tres primeros retiros los trabajadores chilenos sacaron en total 50.000 millones de dólares, según la Superintendencia de Pensiones.

Con estos retiros, ya suman cinco millones de personas, de 11 millones de afiliados, que se quedaron sin fondos de jubilación en estas administradoras instauradas hace 40 años bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Buena parte de la actual expansión económica se debe al fuerte aumento del consumo por los retiros y las ayudas del gobierno a las familias, que en el segundo semestre han llegado a 16 de los 19 millones de habitantes.

La indignación por las bajas jubilaciones fue una de las causas del violento estallido social de 2019, movilización que ha sido canalizada en un proceso constituyente.

En Chile existe un clamor por cambiar el sistema de pensiones, pero por ahora no hay un modelo que lo sustituya.

Riesgo de sobrecalentamiento

La Cámara Baja dio luz verde al nuevo retiro semanas después de que el Banco Central elevara la tasa de interés para contener la inflación, que amenaza con superar la meta anual de 4%. Hasta agosto la cifra acumulada era de 3,2%.

La aprobación se dio en medio de advertencias de que la economía corre riesgo de «sobrecalentamiento» por exceso de liquidez, por los retiros y las ayudas por la pandemia.

«Hay un esbozo de sobrecalentamiento que se ve en las cifras de inflación, que vienen al alza, pero sobre todo hay un potencial de sobrecalentamiento», explicó recientemente a la AFP el economista Guillermo Larraín, exsuperintendente de Pensiones y exsuperintendente de Valores y Seguros.

En tanto, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, advirtió que «es distinto entregar recursos para alimentar el consumo cuando una economía está en una recesión, a cuando la economía está en un escenario de riesgo de sobrecalentamiento».

El maestro de escuela izquierdista Pedro Castillo fue proclamado este lunes presidente electo de Perú, tras seis semanas en vilo luego del reñido balotaje del 6 de junio y denuncias de fraude de su rival derechista, Keiko Fujimori.

«Proclamo presidente de la república a don José Pedro Castillo Terrones», dijo en una breve ceremonia virtual el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas, luego de que este órgano terminara de resolver numerosas impugnaciones y apelaciones de Fujimori.

«En nombre de mi familia quiero saludar a las autoridades electorales […], saludar también a los partidos políticos que hemos participado en esta fiesta democrática», dijo Castillo, de 51 años, tras la proclamación ante cientos de partidarios congregados en la sede de su partido Perú Libre en Lima.

Cuatro años después de salir del anonimato al liderar una huelga del magisterio, Castillo debe tomar en nueve días las riendas del país, aunque, con su partido como primera minoría en un Congreso fraccionado, deberá buscar acuerdos para acabar con la inestabilidad de los últimos cinco años.

«Traigo el corazón abierto para cada uno de ustedes, acá en este pecho no hay rencor», dijo, en alusión a los duros ataques de sus adversarios.

Además, tendió la mano hacia su rival. «Invoco a la señora Keiko Fujimori […] para sacar adelante el país», apuntó.

Saludo de embajada de EEUU

La embajada de Estados Unidos en Lima dijo que esperaba fortalecer los lazos con el gobierno de Castillo y felicitó a los peruanos por el cierre del proceso electoral.

«Valoramos nuestros lazos profundos y esperamos fortalecerlos con el presidente electo Pedro Castillo luego de su toma de posesión», indicó la legación norteamericana en un tuit.

De su lado, el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, celebró la «inobjetable» elección de Castillo y se mostró deseoso de «desarrollar una relación bilateral de cooperación integral», según una nota de la cancillería.

El escrutinio actualizado del 100% de las actas hecho por el órgano electoral (ONPE) dio el triunfo a Castillo con el 50,12% de los votos frente al 49,87% de Fujimori, quien venía denunciado un supuesto «fraude», sin aportar pruebas concluyentes, a pesar de que los observadores de la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea afirmaron que la votación fue limpia.

Castillo obtuvo 44.263 votos más que su adversaria, según las cifras finales.

El anuncio del JNE desató de inmediato un carnaval entre los cientos de campesinos que acampaban desde hace semanas en apoyo a Castillo frente a la sede de ese cuerpo electoral en el centro de Lima.

«Por fin tenemos presidente», dijo a la AFP Rosa Huamán, una ama de casa de 27 años del distrito limeño de Ate, mientras la multitud coreaba «sí se pudo».

Tras un quinquenio de convulsiones políticas que llevaron a Perú a tener tres presidentes en cinco días en noviembre de 2020, el país vivía bajo tensión desde el balotaje debido a la demora en conocerse oficialmente al vencedor.

Centenares de militares retirados realizaron mitines, algunos exhibiendo sables, para rechazar el supuesto «fraude» y pedir que las Fuerzas Armadas impidieran que Castillo llegara al poder.

• 

• 

«Nada que ver» con Venezuela – Fujimori, quien deberá ir a juicio por supuesto lavado de dinero al no ganar la presidencia, había presentado numerosas impugnaciones de votos y apelaciones para dilatar la proclamación del vencedor, mientras sus partidarios exigían en las calles anular el balotaje y convocar a nuevas elecciones.

Sin embargo, pocas horas antes de la proclamación, la dirigente anunció que reconocería los resultados, y de esta manera su tercera derrota en un balotaje presidencial.

«Voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la constitución que he jurado defender», dijo en rueda de prensa.

«Hago un llamado a los peruanos a no rendirnos y poner en práctica una defensa democrática» ante el gobierno de Castillo, expresó Fujimori, quien acusa al nuevo presidente de ser «comunista», lo que él ha negado.

Además, el principal asesor económico de Castillo, Pedro Francke, aseguró a la AFP que su programa no tiene «nada que ver con la propuesta de Venezuela».

El nuevo mandatario debe asumir el 28 de julio, día en que expira el mandato del presidente interino Francisco Sagasti y en el que Perú conmemora el bicentenario de su independencia.

La tardanza en la proclamación -que usualmente se hacía unas cuatro semanas antes de la juramentación- obligará a hacer un acelerado proceso de traspaso del mando en los ministerios y otras reparticiones públicas.

Castillo recibirá un país duramente golpeado por el covid-19: Perú acumula casi dos millones de contagios y casi 200.000 muertos. Tras ajustar las cifras, el 31 de mayo, pasó a ser el país con mayor tasa de mortalidad del mundo por la pandemia: 592 decesos por cada 100.000 habitantes.

Veinte años después de caer preso, el exjefe de inteligencia Vladimiro Montesinos saltó al primer plano en Perú con la difusión de unos audios en que propone comprar al jurado electoral, que debe proclamar al nuevo presidente.

Los audios fueron divulgados el jueves por Fernando Olivera, el mismo que difundió el 14 de septiembre de 2000, en un canal de cable, un video que mostraba a Montesinos, entonces mano derecha del presidente Alberto Fujimori, sobornando a un parlamentario opositor para que se uniera al oficialismo.

Olivera presentó varias grabaciones de llamadas telefónicas con las que intenta demostrar que Montesinos buscó ayudar a consumar un fraude electoral a favor de la candidata derechista Keiko Fujimori, la hija de su antiguo jefe.

Montesinos, quien cumple una condena de 25 años, pide a un interlocutor que contacte a un abogado conectado con tres de los cuatro miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para sobornarlos e impedir que eventualmente proclamen al izquierdista Pedro Castillo como ganador del balotaje presidencial del 6 de junio.

«Veo esto como un intento más para echar abajo las elecciones. Y llama la atención que Montesinos pueda hacer todo esto desde la prisión de la Marina», dice a la AFP el analista Hugo Otero, exasesor del difunto presidente Alan García.

La Marina dijo que investigará el hecho y admitió que Montesinos tenía permiso para llamar a su pareja. «Mientras tanto, el interno no podrá realizar ninguna llamada telefónica», indicó en un comunicado.

«Conexiones con el JNE»

En un audio, Montesinos dice a su interlocutor: «Escúchame, ¿te acuerdas de Guillermo? Ya, el pata tiene conexiones con el JNE. Allá hay cuatro que son colegiados de cuatro, ¿no es cierto? Él tiene llegada a tres directo».

«Claro, pues, con tres es suficiente. Entonces sería bueno que lo localizaras a él para que pueda apoyar, tienes que echar un poco de gasolina [dinero]. Tú me entiendes, ¿no?», agrega Montesinos, de 76 años, quien tiene prohibido hacer llamadas telefónicas desde la cárcel de alta seguridad de la Base Naval del Callao, donde cumple su sentencia.

Olivera, quien dirige un minoritario partido llamado Frente de la Esperanza, indicó que el interlocutor de Montesinos era el militar retirado Pedro Rejas. Y el aludido que podía supuestamente contactar a los magistrados es el abogado Guillermo Sendón.

«No hubo nunca la intención de hacer ninguna compra de nada porque es absurdo pensar en eso», aseguró Sendón a la radio RPP este viernes.

«No hubo ninguna conversación más con el señor Rejas y no sé lo que habrán hablado después ellos, pero para mí jamás hubo la seguridad de que se quería hacer ese fraude», afirmó.

La difusión de los audios echó más leña a la hoguera en un país en vilo que espera desde hace casi tres semanas que el JNE acabe de revisar impugnaciones de votos presentadas por el fujimorismo y proclame al nuevo presidente de Perú.

Castillo superó por 44.000 votos a su rival según el escrutinio final, pero el JNE demora en dar su veredicto por la enorme cantidad de impugnaciones y por la deserción de uno de los magistrados.

«Vladivideos»

Luego de su llegada al poder en 1990, Alberto Fujimori puso a Montesinos al frente de los servicios de inteligencia, desde donde se tornó la eminencia gris de un gobierno entonces en combate abierto con las guerrillas de Sendero Luminoso y Tupac Amaru.

Una década más tarde, en septiembre de 2000, y con el gobierno contra las cuerdas, Montesinos cayó en desgracia con la divulgación de videos que lo mostraban sobornando a legisladores para que apoyaran a Fujimori, quien había sido reelegido recientemente a un tercer periodo.

Dos días después de la difusión, el presidente de ancestros japoneses anunció que convocaría a nuevos comicios, en los que no se presentaría, y disolvió los servicios de inteligencia. En las semanas siguientes se divulgaron más «vladivideos».

Arresto en Venezuela

Montesinos partió el 24 de septiembre a Panamá para pedir asilo, pero regresó a Perú un mes después. Entonces Fujimori encabezó personalmente su búsqueda, pero su exmano derecha huyó transitando por varios países del Caribe hasta recalar en Venezuela.

Fue hallado oculto en una casa de un barrio pobre de Caracas el 24 de junio de 2001, siete meses después de que Fujimori se marchara de Perú y renunciara a presidencia por fax desde Japón. Fue devuelto por el presidente Hugo Chávez a Lima, donde fue juzgado y condenado.

Desde prisión Montesinos suele querellar a la prensa alegando que se le acusa sin pruebas.

Olivera divulgó los audios para solicitar que se anulen las elecciones presidenciales -tanto la primera como la segunda vuelta-, en las que él no pudo competir porque el JNE dictaminó que no cumplía los requisitos.