La justicia escocesa abandonó este jueves el proceso de extradición iniciado en 2018 contra la independentista catalana Clara Ponsatí, requerida por España por su participación en el fallido intento de independencia, alegando que vive en Bélgica desde que se convirtió en eurodiputada.
«Ahora la corte ya no tiene jurisdicción en este asunto», afirmó el juez Nigel Ross, durante una vista en el tribunal de Edimburgo, considerando que extraditar a España a una persona que no reside en el Reino Unido sería «irrealizable».
«El tribunal ya había anticipado que Clara Ponsati ya no estaba bajo la jurisdicción de Escocia y se acordó que debe ser dada de baja como persona reclamada y este procedimiento judicial para su extradición ha llegado a su fin», declaró a los periodistas su abogado, Aamer Anwar.
Exconsejera de Educación del gobierno catalán de Carles Puigdemont, Ponsatí, de 64 años, está requerida por la justicia española por su participación el 1 de octubre de 2017 en la organización de un referéndum de autodeterminación prohibido y marcado por impactantes escenas de violencia policial.
El 27 de ese mes, el Parlamento catalán declaró unilateralmente la independencia, aunque dejó dicha declaración en suspenso esperando negociar con el gobierno español de la época, dirigido por el conservador Mariano Rajoy. Pero este respondió destituyendo al ejecutivo catalán y poniendo bajo tutela a la región.
Datos
Como otros líderes independentistas, incluido Puigdemont, Ponsatí se marchó entonces de España para eludir a la justicia. Y regresó a Escocia donde ya previamente trabajaba como profesora de Economía en la universidad de St Andrews.
Pero el 1 de febrero de 2020, Ponsatí, que había concurrido a las elecciones europeas del año anterior sin obtener escaño, se convirtió en eurodiputada.
Esto fue posible dado que, tras el Brexit, algunos de los escaños que ocupaba el Reino Unido en el Parlamento Europeo se redistribuyesen a otros países, entre ellos cinco a España.
Ponsatí se sumó así a otros dos miembros de la Eurocámara que están requeridos en Bélgica por la justicia española: el propio Puigdemont y su exministro Toni Comín.
Aunque cambió su dirección de Escocia a Bélgica a principios de 2020, la justicia escocesa no fue notificada hasta mayo de 2021.
En la vista del jueves, la fiscalía argumentó que violó así la confianza del tribunal, pese a encontrarse en libertad bajo fianza. Sin embargo, esto parece no tener mayores consecuencias legales en Escocia.
Otros independentistas, indultados en España
Desde su primera comparecencia en 2018 ante la justicia escocesa, Ponsatí siempre ha afirmado que la causa tiene «motivaciones políticas» y recaudó dinero mediante microfinanciaciones para oponerse a su extradición a España.
También intentó después eludirla utilizando la inmunidad parlamentaria que le ofrecía su condición de eurodiputada.
Sin embargo, a petición de España, el Parlamento Europeo retiró el pasado marzo esta protección a Ponsatí, Puigdemento y Comín, por 400 votos a favor y 248 en contra y 45 abstenciones.
Y pese a que recurrieron a la justicia europea, esta desestimó su apelación el pasado 30 de julio considerando que no demostraron con «grado de probabilidad suficiente» sus temores de persecución judicial o arresto.
Otros nueve líderes independentistas catalanes, entre ellos el exvicepresidente catalán y líder de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, que no abandonaron el país en 2017, fueron detenidos y condenados en octubre de 2019 a penas de entre 9 y 13 años de cárcel.
Apunte
Buscando calmar la tensión política en el país y allanar el terreno para el diálogo, el actual gobierno español del socialista Pedro Sánchez los indultó a todos el pasado junio.
Sin embargo, el Tribunal Supremo español sigue reclamando a Puigdemont, Comín y Ponsatí, recurriendo a la Corte Europea de Justicia después de que la justicia belga se mostrase contraria a entregarlos.
Tras los recientes indultos en España, los tres consideraron que estos deben ser entendidos «como una respuesta (…) a llamados de la comunidad internacional».
La justicia española acusa a Puigdemont y Comín de sedición y malversación de fondos, y a Ponsatí sólo de sedición.
(26/08/2021)