Cientos de miles de personas se manifestaron en Estambul este viernes para denunciar la detención del alcalde opositor de la ciudad, Ekrem Imamoglu, principal rival del presidente turco que desencadenó la mayor movilización en Turquía en más de una década.

«Estamos aquí con 300.000 personas», clamó delante del ayuntamiento de la ciudad de Estambul Özgür Özel, presidente del Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata), principal formación de la oposición a la que pertenece Imamoglu.

Cientos de miles de personas se movilizaron en la tercera jornada de protestas pese a que el presidente Recep Tayyip Erdogan advirtió que Turquía no toleraría el «terrorismo callejero».

Principal rival

«Esta no es un mitin del CHP, la gente aquí presente es de todos los partidos y vino a mostrar su solidaridad con el alcalde Imamoglu. Y a defender la democracia», declaró Özel entre los vítores y aplausos de la multitud.

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Mientras hablaba, estallaron enfrentamientos al margen de la protesta. Los antidisturbios lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma, según dos corresponsales de la AFP que recibieron impactos en las piernas.

También hubo enfrentamientos en la capital, Ankara, y en la ciudad costera de Izmir. Donde la policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos contra los manifestantes, según un corresponsal de la AFP y la cadena opositora Halk TV.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, indicó en X que 97 manifestantes fueron detenidos durante las manifestaciones del viernes.

«No salimos a la calle por la fuerza. Estamos aquí por culpa de Erdogan», declaró a la AFP Necla, un mujer de 56 años.

«No creo en las acusaciones sobre Imamoglu. No hay hombre tan honesto como él», aseguró.

‘Terror callejero’

El popular y carismático alcalde de Estambul fue detenido el miércoles en el marco de una operación en la que también fueron arrestados un centenar de sus colaboradores, diputados y miembros del partido.

Imamoglu está acusado de «corrupción» y de «apoyo a una organización terrorista». Por supuestos vínculos con el ilegalizado Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), según el ministro de Justicia, Yilmaz Tunç.

El alcalde, que el domingo iba a ser proclamado candidato de su partido para las próximas presidenciales. Previstas en 2028, fue trasladado a un centro policial, indicó su entorno.

Mientras Özgür Özel instaba a todo el país a protestar, Erdogan advirtió de que «Turquía no se doblegará ante el terror callejero».

Kiev y Moscú se acusaron mutuamente este viernes de un ataque contra la estación de medición de gas de Sudzha, en la región rusa de Kursk, ocupada por las fuerzas ucranianas desde agosto de 2024.

Esta importante estación, situada en la región Kursk, fronteriza con Ucrania, permitía otrora el transporte de gas ruso hacia Europa, pasando por Ucrania (AFP).

Varios medios rusos publicaron imágenes de la estación en llamas y culparon al ejército ucraniano.

Las autoridades rusas no han hecho ningún anuncio oficial.

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Estación de gas

El ejército ucraniano rechazó unas «acusaciones sin fundamento». 

«La estación fue bombardeada por los propios rusos», afirmó el Estado Mayor ucraniano en Facebook, que afirmó que las fuerzas rusas «dispararon proyectiles de artillería contra la instalación» durante la noche. 

La estación de medición de gas de Sudzha está bajo control de las fuerzas ucranianas desde agosto de 2024. 

Paralelamente, prosiguen los combates en la región de Kursk, donde las fuerzas rusas han avanzado a un ritmo sin precedentes en las últimas semanas. Todo en un intento de expulsar a las tropas ucranianas de su territorio. 

Rusia ha arrasado la red energética de Ucrania en tres años de invasión. Mientras que Ucrania, en represalia por estos ataques, ha destruido numerosas terminales petrolíferas rusas utilizando drones explosivos de largo alcance.

Entretanto,  espera alcanzar una tregua parcial en las negociaciones del lunes en Arabia Saudita, en las que mandos estadounidenses se reunirán por separado con representantes ucranianos y rusos, afirmó el viernes un alto cargo de Kiev a AFP.

La cifra de muertos por el colapso hace dos días de un transitado puente colgante de 200 metros de longitud en el suroeste de Ecuador aumentó de uno a tres, informó este viernes la secretaría de Gestión de Riesgos.

Las labores de búsqueda de desaparecidos continuaba en las aguas del río Magro, en el poblado agrícola y costero de Daule, tras la caída del viaducto registrada el miércoles cuando cruzaban cuatro tráilers, una camioneta y dos motocicletas.

«Al momento se tienen los siguientes datos: 3 personas fallecidas, 2 personas desaparecidas, 5 personas heridas en estado estable», señaló la cartera en un comunicado.

Un balance previo daba cuenta de un muerto, cinco heridos y dos desaparecidos.

Luego del siniestro, un tráiler cargado con maíz quedó atrapado en uno de los extremos cuando estaba a punto de terminar de cruzar, mientras otro quedó atrás semisumergido.

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Colapso de puente

El importante puente de la red que conecta a la provincia de Guayas con otras del norte «no tenía reportes de estar en mal estado», de acuerdo con la prefecta (gobernadora) Marcela Aguiñaga.

Las autoridades investigan las causas del percance, que también dejó sin agua a unas personas 10.000 personas debido a que la tubería iba en paralelo con la infraestructura. El abastecimiento se está haciendo mediante camiones.

Según Aguiñaga las primeras hipótesis apuntan a un desplome por «sobrecarga en el puente» debido al paso de varios tráileres al tiempo.

El viaducto estaba habilitado para vehículos de hasta 48 toneladas de peso y contaba con un paso lateral para tráfico mayor. Eso según la prefecta de Guayas.

El puente sucumbió en medio de la fuerte temporada de lluvias de este año en Ecuador.

Las torrenciales y prolongadas precipitaciones dejan desde enero 20 personas muertas. Así como casi un centenar de heridos, unos 128.000 afectados y 55 puentes entre dañados. También destruidos a causa de crecidas de ríos y derrumbes, según la secretaría de Riesgos.

Cuarenta y cuatro civiles murieron este viernes en un ataque yihadista en el suroeste de Níger, anunció el Ministerio del Interior de este país de África Occidental en un comunicado difundido por la televisión estatal Télé Sahel.

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Ataque yihadista en Níger

«El pueblo de Fonbita, en la comuna rural de Kokorou, fue blanco de un bárbaro ataque de los terroristas del EIS» (Estado Islámico del Sáhara), cuyo objetivo fue una mezquita, según la misma fuente.

El ministerio reportó «44 mártires, todos civiles, y 13 heridos, 4 de ellos de gravedad», y declaró un periodo de luto nacional de 72 horas a partir del sábado.

Cruz Roja

La junta militar que gobierna Níger pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que abandone el país inmediatamente, indicó este miércoles a AFP una fuente cercana al asunto.

Esta fuente dijo que Níger «terminó con los acuerdos» con el CICR y que algunos trabajadores expatriados ya se fueron del país.

La oficina de la delegación en Niamey está cerrada desde el martes, añadió.

El medio nigerino Air Info confirmó que el gobierno ordenó el cierre de las oficinas y la salida inmediata del personal expatriado.

El gobierno de Níger llegó al poder en julio de 2023 con un golpe militar y, desde entonces reivindica que la «soberanía nacional» es una de sus prioridades. 

Con este fin, expulsó a los soldados franceses y estadounidenses desplegados para la lucha contra los yihadistas y al embajador de la UE y acercó posiciones con Rusia y Turquía.

El CICR estaba presente en Níger desde 1990. En los últimos años, ayudaba a personas afectadas por la violencia yihadista en el suroeste y en el este del país.

El Congreso del Perú censuró el viernes al ministro del Interior Juan José Santiváñez, hombre fuerte del gobierno que deberá dejar el cargo presionado por la falta de resultados en la lucha contra el crimen organizado.

Con 79 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones, el parlamento aprobó la censura al ministro «por su responsabilidad política e incapacidad para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana que viene afrontando el país», según la moción votada en sesión pública. Se requerían 66 balotas para removerlo.

La destitución cierra una semana tensa tras el asesinato el domingo del popular cantante de cumbia Paul Flores a manos de sicarios. Un grupo de delincuentes le exigía pagos a su banda, Armonía 10, para no matarlos.

La votación se produjo horas antes de una marcha de protesta en Lima para exigir al gobierno medidas contra las extorsiones y el sicariato. También la renuncia del ministro del Interior.

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Ministro del Interior

A raíz del asesinato el gobierno declaró el estado de emergencia en Lima por un mes para que los militares apoyen a la policía en sus operaciones contra el crimen organizado.

En los primeros tres meses del año se han registrado 459 homicidios por cuenta de la violencia urbana en Perú, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones.

Para la prensa peruana, se trata de la cifra más alta en las últimas dos décadas.

La presidenta Dina Boluarte dispone de hasta 72 horas para nombrar a su sucesor. Santiváñez llevaba 10 meses en el cargo.

El saliente ministro, un abogado de 47 años, acumulaba cuestionamientos a su gestión por confrontar a la fiscalía y oenegés de derechos humanos y de prensa. 

Santiváñez es investigado por la fiscalía por presunto abuso de autoridad derivado del escándalo que rodea a la mandataria por unos relojes de lujo que no declaró dentro de sus bienes.

Perú, que celebrará elecciones generales en abril de 2026, vive un creciente clima de inseguridad. Que se gatilló a mediados de 2024 cuando extorsionadores asesinaron al menos a cinco chóferes.

Según las autoridades, el crimen organizado ha cambiado sustancialmente en los últimos años en Perú. Tras el tráfico de armas de fuego y la presencia de bandas como el «Tren de Aragua», de origen venezolano.