Cuando el conductor suicida hizo volar el camión, el peruano Vladimir Flórez también saltó por los aires. Junto a otros latinoamericanos había llegado a Afganistán para trabajar en seguridad privada, pero esa madrugada terminó combatiendo a los talibanes como «soldado».
Es 13 de septiembre de 2013 y Flórez, entonces de 32 años, está en una de las torres de vigilancia del consulado de Estados Unidos en la ciudad afgana de Herat (noroeste). En los otros puestos hay exmilitares y expolicías de Colombia y El Salvador. El vehículo, recuerda, avanzó raudo con las luces encendidas hacia la entrada de la sede diplomática, cuando íBoom!.
Me hace volar, me caigo al suelo. Reacciono como a los dos minutos. Cuando me levanto veo que todo ardía, la gente gritaba», recuerda Flórez, quien trabajó para uno de los cuerpos municipales de seguridad de Lima antes de enrolarse en una multinacional de vigilancia.
El ataque suicida, que mató a ocho afganos, quedó registrado en un video. Tras la explosión, Flórez se enfrentó a tiros por dos horas con los talibanes hasta la llegada de las tropas estadounidenses.
«Nunca me dieron un solo dólar (adicional) por haber salvado a los americanos», reclama en una videollamada con la AFP.
Sin sospecharlo, los latinoamericanos combatieron para Estados Unidos «sin protección alguna ni armamento adecuado», y «en desventaja total frente a un enemigo mucho mejor armado», sostiene el colombiano Francisco Landinez.
Soldado retirado, Landinez encabeza en Miami la Oppressed Veterans Foundation (Fundación de Veteranos Oprimidos). La organización busca que los contratistas que pelearon en Afganistán reciban el mismo trato que los excombatientes jubilados, incluida la residencia estadounidense.
Una pesquisa de la Universidad de Brown estima que entre 2011 y 2021 murieron 3.917 contratistas en territorio afgano, la «mayoría» «ciudadanos de otros países», aunque «muchas de esas muertes no han sido reportadas».
El Departamento de Estado declinó hablar sobre las aspiraciones de la fundación.
‘Primera línea’
Fredy* combatió primero a los rebeldes en Colombia antes de hacerlo contra los talibanes en Afganistán y Al Qaida en Irak.
«Jamás fui con la mentalidad de ir a pelear en primera línea, fui con el pensamiento de proteger como hombres de seguridad, proteger instalaciones», dice este hombre de 49 años que cubre su rostro por recelo a no ser contratado nuevamente.
Lleva una camiseta con la bandera de Estados Unidos en el pecho y una leyenda en inglés: «Nos preguntamos si de verdad te preocupamos o simplemente nos olvidaste».
Los contratistas se han parado frente a las embajadas estadounidenses en Bogotá, Lima, Miami y Washington con fotografías de sus operaciones y reconocimientos por escrito del Departamento de Estado. Fuimos «carne de cañón» de las fuerzas estadounidenses, dice Landinez.
Los exmilitares conservan copias de sus contratos con International Development Solutions, una empresa de seguridad que según la revista Foreign Policy es «subsidiaria» de las compañías herederas de Blackwater, una firma disuelta en 2009 tras escándalos por tráfico de armas.
Con pensiones de 350 dólares mensuales en Colombia, los exsoldados son fáciles de seducir. Al año se retiran unos 10.000, son una fuerza «incontrolable» abandonada a su suerte, explica el coronel Marulanda.
En 2018 la ONU ya abogaba por una regulación más eficaz de «las empresas militares y de seguridad privadas a través de un marco jurídico internacional».
Estados Unidos reconoció el sacrificio de los afganos en el ataque al consulado en 2013, pero obvió mencionar a los latinoamericanos que ese día combatieron como soldados.
*Nombres cambiados por petición de las fuentes.
(14/01/2022)