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lunes 27 jun 2022 | Actualizado a 14:38

Corte de Ucrania condena a un soldado ruso a cadena perpetua por crímenes de guerra

En una audiencia la semana pasada, el soldado de 21 años pidió "perdón" a la viuda de la víctima y justificó sus actos por las "órdenes" recibidas.

Vadim Shishimarin

/ 23 de mayo de 2022 / 20:05

Un tribunal de Kiev condenó este lunes a cadena perpetua a un soldado ruso hallado culpable por crímenes de guerra, en el primer veredicto de este tipo desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, cuyo presidente pidió en Davos cesar todo el comercio con Rusia.

Mientras los bombardeos rusos se centraban en el este de Ucrania, todas las miradas estaban puestas en Kiev, donde se cerró el primer juicio en Ucrania por crímenes de guerra contra un soldado ruso, Vadim Shishimarin, acusado de matar a un civil desarmado de 62 años.

«El tribunal halló que (Vadim) Shishimarin es culpable y lo sentenció a cadena perpetua», declaró el juez Sergiy Agafonov.

En una audiencia la semana pasada, el soldado de 21 años pidió «perdón» a la viuda de la víctima y justificó sus actos por las «órdenes» recibidas.

Pero los fiscales afirmaron que disparó entre tres y cuatro balas con la intención de matar al civil.

La corte lo declaró también culpable de asesinato premeditado. «El asesinato se cometió con intención directa», dijo el juez.
El abogado de Shishimarin, Viktor Ovsyannikov, declaró que apelará el veredicto.

Se espera que a esta sentencia histórica le sigan otras, ya que, según la fiscalía ucraniana, el país abrió más de 12.000 investigaciones por crímenes de guerra desde el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa.

Cesar el comercio con Rusia

Mientras se leía el veredicto, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski pidió en el primer día del Foro Económico Mundial de Davos el fin de cualquier tipo de comercio con Rusia y el «máximo» de sanciones posibles.

«Eso es lo que deberían ser las sanciones, deberían ser máximas (…) Y creo que todavía no hay esas sanciones contra Rusia», dijo Zelenski en una intervención por videoconferencia ante una sala llena que se levantó para aplaudirle.

Los países occidentales imponen sanciones económicas a Rusia. Pero mientras Estados Unidos y el Reino Unido renunciaron a importar petróleo, la Unión Europea no logró todavía un acuerdo sobre la cuestión por la dependencia de algunos de sus miembros del petróleo y el gas rusos.

«Debería haber un embargo del petróleo ruso, todos los bancos rusos deberían ser bloqueados, sin excepciones, habría que abandonar el sector ruso de la tecnología. No debería haber ningún tipo de comercio con Rusia», aseguró el presidente.

Muchas compañías ya han dejado de operar en Rusia, y este lunes, el gigante del café estadounidense Starbucks anunció que cerraría las 130 cafeterías que tiene en ese país, en una decisión similar a la tomada por la cadena de hamburgueserías McDonald’s la semana pasada.

Zelenski reclamó también más armas para su país. «Ucrania necesita todas las armas que hemos pedido, no solo las que se han proporcionado», dijo en su intervención, y aseguró que si las hubiera obtenido en febrero «el resultado habría sido decenas de miles de vidas salvadas».

Poco después, el Pentágono anunció que una veintena de países ofrecieron nuevos paquetes de asistencia en seguridad para Ucrania.

«Hoy tuvimos una reunión muy exitosa», dijo el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin. «Muchos países están donando munición de artillería, sistemas de defensa costera y tanques, y otros vehículos blindados».

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La justicia de EEUU ya no podrá obligar a los medios a revelar sus fuentes

Los fiscales, sin embargo, conservan el uso de su arsenal legal contra los sospechosos de ser la fuente de filtraciones de información confidencial.

/ 19 de julio de 2021 / 18:09

El gobierno de Joe Biden prohibió el lunes a los fiscales federales de Estados Unidos usar órdenes o citaciones judiciales para identificar las fuentes de los periodistas, después de que se revelaran esfuerzos de esa naturaleza bajo el expresidente Donald Trump.

«El Departamento de Justicia ya no utilizará el proceso legal obligatorio con el fin de obtener información o registros de miembros de los medios de comunicación relacionados con sus actividades de recopilación de noticias», escribió el fiscal general, Merrick Garland, en una directiva a los fiscales federales.

La nueva norma también aplica para la difusión de información clasificada, precisó, lo cual representa un gran cambio exigido durante años por las asociaciones que defienden la libertad de prensa.

Los fiscales, sin embargo, conservan el uso de su arsenal legal contra los sospechosos de ser la fuente de filtraciones de información confidencial.

La directiva prevé algunas excepciones: si se sospecha que el periodista ha cometido un acto ilegal, por ejemplo, tráfico de información privilegiada, o ha utilizado un método prohibido, como la intrusión en sistemas protegidos; o si es para evitar la comisión de un hecho grave, como secuestros o atentados.

Para asegurar que la medida perdure en el tiempo, Garland solicitó a sus servicios que revisen todas las normas relacionadas con los periodistas con el fin de promover la aprobación de una ley en el Congreso.

Este cambio se produce luego de la revelación de una batalla legal librada en secreto por la administración Trump para obtener los correos electrónicos de los reporteros del New York Times con el fin de identificar sus fuentes.

La cadena CNN también informó que el gobierno del expresidente republicano había buscado y obtenido en secreto los registros telefónicos y de correo electrónico de sus corresponsales.

Tres meses en prisión

En Estados Unidos, la filtración de información confidencial es ilegal según la Ley de Espionaje de 1917.

Hasta ahora, los fiscales federales podían emitir órdenes judiciales, especialmente con compañías telefónicas o gigantes tecnológicos, para rastrear el origen de las filtraciones, o incluso acusar o arrestar a periodistas para identificar a sus perpetradores.

Todos los gobiernos, republicanos y demócratas por igual, han recurrido a estas armas legales.

El caso más emblemático es el de la periodista Judith Miller quien, en 2005, pasó casi tres meses en prisión porque no quiso revelar sus fuentes, en un caso de divulgación de la identidad de un policía de la CIA.

Después de un escándalo en 2013, la administración demócrata de Barack Obama creó nuevas reglas e impuso la necesidad de obtener luz verde de altos funcionarios del Departamento de Justicia para cualquier mandato contra periodistas, pero sin renunciar a la práctica.

Nada más llegar a la Casa Blanca en 2017, Trump intensificó los esfuerzos para castigar a los responsables de las filtraciones, calificados de «traidores».

En 2018, la justicia confiscó la correspondencia electrónica entre una periodista del New York Times y un exjefe del Comité de Inteligencia del Senado con quien tenía una relación sentimental y que le había comunicado información confidencial.

«Período critico»

A principios de junio, la administración de Biden anunció su intención de renunciar a estas herramientas coercitivas.

«Convocar a periodistas en relación con investigaciones sobre filtraciones políticas no concuerda con la orientación política del presidente», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

El lunes, las asociaciones de periodistas saludaron el anuncio de Garland.

Se trata de «una medida necesaria e importante para proteger la libertad de prensa durante un período crítico», estimó en particular el grupo Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa.

«Esta nueva política histórica permitirá a los periodistas hacer su trabajo de informar al público sin tener que temer una intromisión del gobierno federal en su relación con sus fuentes», agregó la asociación.

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Cadena perpetua para una enfermera por matar a siete veteranos de guerra de EEUU

Reta Mays, de 46 años, se declaró culpable en julio pasado de las siete muertes y de un intento de homicidio de un octavo hombre, evitando así un juicio y una investigación profunda sobre una docena de otras muertes sospechosas.

/ 11 de mayo de 2021 / 17:26

Una enfermera estadounidense fue condenada el martes a cadena perpetua por el asesinato de siete veteranos de guerra ancianos y enfermos, a quienes inyectó deliberadamente dosis letales de insulina.

Reta Mays, de 46 años, se declaró culpable en julio pasado de las siete muertes y de un intento de homicidio de un octavo hombre, evitando así un juicio y una investigación profunda sobre una docena de otras muertes sospechosas.

Enfrentada el martes por primera vez a los familiares de sus víctimas durante una audiencia destinada a fijar su sentencia, no dio explicaciones de sus actos. «No hay palabras que pueda decir para dar consuelo a las familias. Lo único que puedo decir es que lamento mucho el dolor que provoqué», dijo simplemente, sollozando.

Su abogado sugirió que Mays había perdido la capacidad de «pensar claramente» debido a problemas de salud mental, incluido el estrés postraumático producto de haber servido en Irak, exacerbado por el estrés causado por su empleo como enfermera nocturna en un hospital para excombatientes de Virginia Occidental, el Clarksburg, donde ocurrieron los hechos.

Pero el juez Thomas Kleeh dijo que «no había ninguna explicación, y, por supuesto, ninguna justificación» para sus crímenes. «Eres el monstruo que nadie ve venir», dijo.

«El país tiene una pesada deuda con cada uno de ellos», agregó en referencia a las víctimas, citando los antecedentes de servicio de estos exsoldados, algunos de los cuales habían combatido en la Segunda Guerra Mundial.

«Cobarde»

Mays admitió haber administrado insulina entre julio de 2017 y junio de 2018 a estos hombres de entre 81 y 96 años, que no la necesitaban. Esta hormona, necesaria para el tratamiento de la diabetes, es peligrosa para las personas no afectadas por esta enfermedad porque reduce el nivel de glucosa en sangre y puede provocar un coma e incluso la muerte.

Las muertes parecían naturales al principio, pero un médico finalmente hizo sonar la alarma. A continuación se abrió una investigación y algunas víctimas fueron exhumadas para una autopsia.

La esposa de uno de ellos contó al tribunal la conmoción que sintió cuando vio «la palabra homicidio» escrita en el informe del médico forense. «No sé por qué hizo eso, probablemente nunca lo sabremos, pero me arrebató la vida», dijo Norma Shaw, esposa de George Shaw.

Otros familiares de víctimas llamaron a Reta Mays «asesina en serie» o «cobarde». «Te llevaste a algunos de los mejores hombres de su generación (…) cuando ellos eran más vulnerables», le reprochó Melanie Proctor, cuyo padre, Felix McDermott, sucumbió a estas inyecciones.

«Ella también nos hizo perder toda la confianza en el Departamento de Asuntos de los Veteranos, hacia el cual mi padre sentía una gran estima», agregó, mencionando la falta de vigilancia.

Este departamento, que gestiona el hospital, realizó una investigación para determinar su responsabilidad y selló diez acuerdos de compensación con familiares de las víctimas.

Su inspector general publicó las conclusiones el martes: «Graves errores médicos y administrativos, especialmente en los procedimientos de contratación y administración de drogas», impidieron la detección a tiempo de los actos delictivos de Mays, escribió en su informe.

Además, la mujer había sido sospechosa de violencia durante su desempeño como guardia de prisión de 2005 a 2012, pero el departamento de personal del hospital, que la contrató en 2015, no realizó los controles suficientes, revela. Por último, según el informe, la insulina era de fácil acceso y su uso estaba mal monitoreado.

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A 12 días del fin de su mandato, Trump tiene varias opciones

Una acusación por "incitación a la insurgencia" podría presentarse en el pleno de la Cámara de Representantes el lunes, según los medios.

/ 8 de enero de 2021 / 22:48

¿Ser destituido, renunciar, ser discreto o liberarse de todas las convenciones? Varios escenarios emergen para los últimos 12 días del mandato de Donald Trump después de la invasión de sus partidarios en el Capitolio.

«íEstás despedido!»

Demócratas, columnistas e incluso algunas voces republicanas quieren despedir de inmediato al presidente Donald Trump, quien, como presentador de un «reality», le gustaba lanzar a los concursantes: «íEstás despedido!».

Instan al vicepresidente Mike Pence a activar la 25ª enmienda de la Constitución, que permite que un presidente considerado «no apto» para cumplir sus funciones sea destituido.

Sin embargo, el leal vicepresidente Mike Pence no está a favor, según los medios estadounidenses.

Para actuar, también necesitaría el apoyo de la mayoría de los miembros del gabinete, lo que parece imposible, especialmente después de la salida de dos secretarias debido a la violencia del miércoles pasado.

Un segundo juicio político

Si Mike Pence no actúa, el Congreso iniciará nuevos procedimientos para un juicio político, tal como han anunciado líderes demócratas.

Una acusación por «incitación a la insurgencia» podría presentarse en el pleno de la Cámara de Representantes el lunes, según los medios.

Para destituir a Donald Trump, tendría que ser declarado culpable por dos tercios del Senado, lo que es muy cuesta arriba antes de que Joe Biden preste juramento el 20 de enero.

El hecho es que un segundo «juicio político», tras el fracaso del primero a principios de 2020, dejaría una marca indeleble en su historial: ningún presidente estadounidense ha sufrido este deshonor.

Renuncia

El Wall Street Journal, propiedad del magnate Rupert Murdoch, aliado de Donald Trump, le pidió que «asuma la responsabilidad personal y dimita».

«Es mejor para todos, incluido él mismo, si se va en silencio», escribieron sus columnistas.

«Quiero que renuncie. Quiero que se vaya. Ha causado bastante daño», dijo la senadora republicana Lisa Murkowski, una moderada, en una entrevista con Anchorage Daily News.

«Es lo correcto, pero no estoy segura de que sea capaz de hacer lo correcto», agregó.

A pesar de su cambio de tono el jueves, el presidente no hizo la conexión entre sus ardientes llamamientos a sus partidarios y la turba que luego asaltó el Congreso.

Poco inclinado a la autocrítica, sería sorprendente que siguiera el consejo de Murkowski.

Vacaciones en Florida

Aquellos a quienes todavía escucha «deberían decirle al presidente Trump que se vaya de la ciudad: tome el Air Force One, vaya a Mar-a-Lago y quédese allí», dijo el exsecretario de Seguridad Nacional de Barack Obama, Jeh Johnson, a la cadena NPR, citando la residencia del mandatario en Florida.

«Cuanto menos haga el presidente durante los próximos doce días, mejor será», dijo también el senador republicano Ben Sasse en la misma radio.

Entusiasta del golf, Donald Trump posee muchas propiedades en Florida, Virginia, pero también en Escocia, donde ya ha pasado mucho tiempo durante su presidencia. Podría ir allí de nuevo.

El presidente saliente también se ha visto privado de su segunda ocupación favorita desde el viernes: tuitear. La plataforma ha anunciado que suspendió su cuenta de manera permanente.

Huida hacia adelante

Donald Trump, quien antes de estos eventos había mencionado la posibilidad de una nueva candidatura presidencial en 2024, puede que no se haya rendido.

Entonces podría verse tentado a utilizar los últimos días de su mandato para solidificar su base electoral.

A pesar de sus promesas de garantizar una transición «sin problemas», anunció que no asistirá a la ceremonia de investidura de su sucesor, algo inaudito desde 1869.

Según informes de los medios de prensa, prepara una visita a la frontera sur la próxima semana para elogiar su firmeza en la política migratoria.

También consideraría dar una entrevista de fin de período que, sin un guión, podría reflejar sus diatribas y teorías conspirativas habituales.

Según varios medios, también ha preguntado en las últimas semanas a sus asesores sobre la posibilidad de concederse un indulto presidencial.

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Corte Suprema de EEUU comienza audiencia histórica sobre derechos de gays y transgénero

El gobierno de Donald Trump -que llegó al poder con el apoyo de la derecha religiosa- apoya a los empleadores, amparándose en una interpretación estricta de una ley federal de 1964 que prohíbe, entre otras, la discriminación "en base al sexo".

/ 8 de octubre de 2019 / 18:08

Los nueve jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos comenzaron a analizar este martes un caso sobre el derecho a despedir a un empleado homosexual o transgénero, una audiencia histórica sobre una cuestión que genera profundas divisiones en la sociedad.

El gobierno de Donald Trump -que llegó al poder con el apoyo de la derecha religiosa- apoya a los empleadores, amparándose en una interpretación estricta de una ley federal de 1964 que prohíbe, entre otras, la discriminación "en base al sexo".

"El 'sexo' se refiere aquí a si naciste mujer u hombre, no a tu orientación sexual o identidad de género", argumentó el representante legal del gobierno ante la Corte Suprema, Noel Francisco, quien considera que es competencia del Congreso y no de la justicia actualizar la ley.

Sin embargo, los derechos de las minorías han registrado avances gracias a los tribunales. Un ejemplo es la legalización del matrimonio gay en Estados Unidos tras un pronunciamiento de la Corte Suprema en 2015.

"Este es un tema muy importante, estamos hablando de un millones y millones de personas que van al trabajo todos los días con miedo de ser despedidos", dijo al final de la audiencia Gerald Bostock, uno de los afectados cuyo caso llegó al máximo tribunal.

Bostock era un trabajador social del estado de Georgia hasta que fue despedido tras incorporarse a un equipo deportivo gay.

La Corte Suprema también analizará el caso Donald Zarda, un instructor de paracaidismo de Nueva York que fue despedido luego de bromear con una clienta -que iba a saltar amarrada a él con un arnés- sobre que era homosexual.

Zarda murió en un accidente en 2014, pero su familia ha continuado la disputa legal.

El despido de Zarda fue anulado por la justicia, pero el de Bostock se ratificó en un tribunal. Esa diferencia de interpretación de la ley justifica la intervención de la Corte Suprema.

El martes por la mañana, un centenar de personas se reunieron delante de la Corte Suprema en Washington en apoyo a los derechos de las minorías, grupo al que se sumó la actriz transgénero Laverne Cox.

"Espero que sin importar lo que decidan los jueces, los estadounidenses sepan que no está bien discriminar a alguien simplemente por ser como es", dijo la actriz de la serie "Orange is the New Black".

"Ya fue suficiente"

Los nueve magistrados examinarán por primera vez el caso de una persona transgénero.

Aimee Stephens, registrada como hombre al nacer, trabajó durante seis años en una casa funeraria de Detroit, estado de Michigan. Dos semanas después de anunciar a su jefe su decisión de asumir su identidad femenina, éste le contestó: "Esto no va a funcionar".

El propietario de la funeraria, Thomas Rost, quien se describe como un "ferviente cristiano", alega que su decisión se basa en la defensa de sus valores y en la necesidad de "evitar todo lo que pueda molestar" al luto de sus clientes.

"Es tiempo de que alguien se levante y diga que ya fue suficiente", dijo la mujer que se mueve en silla de ruedas por una avanzada insuficiencia renal.

"Estamos luchando por toda la gente que vemos aquí", dijo a la AFP.

Más de 200 empresas

Los cuatro magistrados progresistas parecían inclinados a interpretar de una manera extensiva la ley de 1964 sobre la discriminación, pero los jueces conservadores se expresaron más cerca de la posición del gobierno y a favor de los empleadores.

Desde la histórica decisión sobre el matrimonio homosexual, la Corte se ha inclinado hacia el conservadurismo, con la llegada de los jueces nominados por Trump.

En junio de 2018, el tribunal respaldó a un pastelero cristiano que se negó a preparar una torta de casamiento para una pareja homosexual alegando que iba en contra de su fe.

Bernie Sanders, que lucha en las primarias demócratas para las elecciones de 2020, dijo que si la "Corte Suprema quiere estar en el lado correcto de la historia", entonces "debe reconocer que las personas trasngénero tienen los mismos derechos civiles y humanos que todo el resto".

Unas 200 grandes empresas, incluyendo a Apple, General Motors o Walt Disney también se expresaron a favor de los empleados. (08/10/2019)

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