México solicitó hoy martes a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) medidas provisionales que ordenen a Ecuador salvaguardar la integridad de la Embajada mexicana en Quito y las residencias del personal diplomático, explicó el consultor jurídico de la cancillería mexicana, Alejandro Celorio.

Celorio ofreció una videoconferencia desde la Embajada de México en La Haya, Países Bajos, tras la celebración de la primera audiencia de la CIJ sobre la irrupción de la policía de Ecuador en la Embajada de México y el atentado contra la integridad física y la dignidad del personal diplomático mexicano.

Fuerzas policiales de Ecuador irrumpieron la noche del viernes 5 de abril en la sede diplomática mexicana en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas. Él esta condenado por corrupción y quien ese mismo día había recibido asilo político por parte de México.

A raíz de lo sucedido, el Gobierno mexicano rompió las relaciones diplomáticas con Ecuador. Retiró a todo su personal diplomático del país sudamericano e interpuso una denuncia contra el Gobierno ecuatoriano ante la CIJ.

El funcionario destacó la importancia de la audiencia y las medidas solicitadas por México. Las consideró cruciales debido a «la pérdida de confianza con Ecuador» y la necesidad de asegurar la protección de los bienes y archivos diplomáticos dentro de la Embajada.

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CIJ

Respecto a los siguientes pasos en el proceso judicial en la CIJ, Celorio mencionó que Ecuador tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos mañana miércoles; antes de que la Corte tome una decisión sobre las medidas provisionales solicitadas por México.

Además, señaló que la demanda presentada el lunes por Ecuador contra México por presuntamente violar el derecho internacional al otorgar asilo al exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, podría influir en el curso de la demanda mexicana, en caso de que la CIJ decida fusionar ambos litigios o llevarlos en paralelo.

Celorio anunció que, si las solicitudes de México no las acepta la Corte, el Gobierno mexicano deberá tomar medidas urgentes; como confiar a un tercer país la protección de los bienes y archivos diplomáticos en la Embajada en Quito, propiedad de México pese al rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador.

Fue aquí, a 9.000 km de la Franja de Gaza, en Manhattan, donde comenzaron las protestas que sacuden las Universidades de Estados Unidos: en la prestigiosa Columbia, de Nueva York, donde los estudiantes ocupan el campus y libran una tensa pulseada con las autoridades.

Una bandera que reza «Palestina Libre» cuelga de una de las ventanas de la institución, que ha restringido fuertemente el acceso al campus.

Universidad de Columbia

Este martes, al personal y estudiantes que viven en las residencias universitarias solo se les permitía la entrada por una puerta. Y una pequeña presencia policial se instaló en el campus, según comprobó la AFP.

La estudiante de economía Tina Deng dice no tener una opinión formada sobre la protesta, pero culpa a las autoridades de la universidad por hacer que la policía interviniera y arrestara a los manifestantes el pasado 18 de abril, lo que según ella elevó las tensiones. 

«Podría ocurrir lo mismo con quien exprese sus opiniones en el futuro», afirma esta estudiante extranjera de 25 años, que además lamenta los «trastornos» para los alumnos al no poder acceder al restaurante universitario o a la biblioteca. 

Epicentro de las manifestaciones propalestinos que se diseminaron por decenas de universidades estadounidenses y de otros países, los jardines de Columbia suelen estar colmados de estudiantes. Pero este martes los pocos rostros que había lucían tensos. 

Al amanecer, un pequeño grupo ocupó el edificio administrativo Hamilton Hall, después de que las autoridades dijeran que habían comenzado a suspender a los estudiantes por no cumplir con una orden de desalojo del campamento que habían levantado en los jardines. 

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«Tratados con desprecio»

Los manifestantes claman por el fin de la guerra en Gaza y de la ocupación israelí en los territorios palestinos. 

También exigen que la universidad rompa sus vínculos con Israel y quieren el regreso del centenar de estudiantes suspendidos tras la fuerte intervención policial de abril, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo. 

«Te despiertas por la mañana y todo lo que oyes son helicópteros y sirenas policiales. Y te enteras de que tus compañeros de clase han sido golpeados o detenidos», sostiene el estudiante de Derecho Mohamed Ali. 

«Estaban aquí pacíficamente y fueron tratados con desprecio. A todos nos tratan con desprecio», se indigna este joven de 24 años; cree que los estudiantes son «castigados colectivamente» para que se vuelvan contra los manifestantes. 

Felipe Poelling, de 19, aprueba el movimiento. «Son mis compañeros de estudio, creo que saben por qué están luchando, admiro eso», afirmó. 

«Demasiado lejos»

Las autoridades de Columbia, al igual que una parte de la clase política, especialmente republicanos, acusan a los manifestantes de «antisemitismo» debido a sus consignas hostiles a Israel, gran aliado de Estados Unidos en Oriente Medio. 

La universidad amenazó con expulsarlos, pero los estudiantes replicaron en un mensaje de Telegram: «No nos iremos». Y llamaron a todos sus simpatizantes a manifestarse en el campus o frente a la institución. 

«Tomar nuestro campus es la única y la última respuesta a una institución que no obedece sus propias normas ni reglas éticas», dijeron el lunes los líderes de la protesta en una conferencia de prensa. 

Muy cerca del campus, el estudiante de ciencias políticas David se dice contrariado. 

Quiere que cese «el derramamiento de sangre en ambos lados» del conflicto que libran Israel y el movimiento islamista palestino Hamás. 

«En Estados Unidos tenemos el derecho a reunirnos pacíficamente. Es un derecho que valoramos mucho y que está grabado en la primera enmienda» constitucional, recuerda el estudiante de 19 años que no quiso identificarse por su apellido. 

Sin embargo, «no tienes derecho a tomar por asalto (un lugar), organizar motines y agresiones. Eso es ir demasiado lejos», sostiene.

Estados Unidos y México acordaron medidas más estrictas contra la migración irregular, como restringir el uso de los medios de transporte y aumentar las expulsiones de migrantes, informó este martes la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de México, Andrés Manuel López Obrador, mantuvieron una conversación telefónica el pasado fin de semana en la que decidieron tomar «medidas concretas» para reducir «los cruces fronterizos irregulares», informó el lunes la Casa Blanca sin especificar cuáles.

Este martes el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dio algunas pistas.

Se trata de medidas «más estrictas para evitar que los ferrocarriles, autobuses y aeropuertos se utilicen para la migración irregular», afirmó. 

«Y, por supuesto, el aumento de los vuelos de repatriación. Tanto desde Estados Unidos como desde México, a los países de origen de los migrantes», añadió el portavoz.

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Migrantes

Según él, el gobierno mexicano ha trabajado «arduamente para disminuir el nivel y el volumen de las oleadas de personas hacia la frontera» con Estados Unidos.

Porque uno de los objetivos es responder «rápido para interrumpir las oleadas», añadió Kirby.

La patrulla fronteriza estadounidense interceptó en marzo 189.372 veces a migrantes y solicitantes de asilo, en su mayoría latinoamericanos, que cruzaron ilegalmente la frontera con México, según datos oficiales. 

Es algo menos que en febrero y bastante menos que los casi 302.000 de diciembre pasado.

La afluencia de migrantes aumentará probablemente con la llegada del calor en «mayo, junio, julio» como suele suceder, reconoció Kirby.

Desde octubre, cuando empezó el año fiscal en Estados Unidos, la cifra supera 1.300.000 interceptaciones, según datos oficiales.

La crisis migratoria en la frontera es un tema central de la campaña para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Las disputarán el demócrata Joe Biden, candidato a su reelección, y su predecesor republicano Donald Trump.

La Cámara Baja de Argentina ha aprobado la privatización de algunas empresas públicas junto a otros capítulos clave del proyecto de ley ómnibus del presidente Javier Milei, tras haber fracasado esta norma en el Congreso en su primer intento de aprobarse hace casi tres meses.

Ley ómnibus

Los representantes de la Cámara acordaron el martes que Milei ampliara los poderes ejecutivos en materia administrativa, financiera, económica y energética, así como la capacidad de disolver docenas de fondos federales de propósito especial, dos puntos clave de su proyecto original que había sido rechazado en febrero.

También han permitido la privatización de casi una docena de empresas, entre ellas la aerolínea Aerolíneas Argentinas, empresas de servicios públicos, trenes y servicios postales.

Si los planes los respalda el Senado, Milei tendrá más poder para despedir a trabajadores estatales, recortar subsidios caros y eliminar organismos gubernamentales costosos para equilibrar el presupuesto del país.

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Reforma laboral

Milei también consiguió la aprobación de una reforma laboral que considera esencial para animar a las empresas a contratar. La propuesta ampliaría el periodo de prueba antes de contratar a un trabajador con un contrato a tiempo completo y eliminaría las penalizaciones a las empresas que intenten registrar a empleadores informales, que constituyen aproximadamente la mitad de la población activa.

En su forma original, Milei pretendía privatizar 41 empresas, incluida la petrolera YPF. El proyecto de ley tiene ahora poco más de 200 artículos; esto supone un importante retroceso respecto a los más de 600 de su primera versión.

Milei presentó el proyecto de ley general en diciembre. A medida que se iniciaban las negociaciones, fue eliminando los aumentos de impuestos y las privatizaciones más controvertidos. Aun así, los legisladores rechazaron artículos clave de la propuesta cuando se sometió a votación por primera vez; lo que llevó al presidente a ordenar a su partido que la retirara del pleno de la Cámara Baja.

Donald Trump esboza cómo sería un eventual segundo mandato como presidente en un artículo publicado este martes por la revista Time: vía libre a los estados que prohíben el aborto, desplegar el ejército para deportar a los migrantes y condicionar la ayuda militar a los aliados de Estados Unidos.

El magnate republicano, que se enfrenta al presidente Joe Biden en las elecciones de noviembre, respondió a preguntas en dos entrevistas, una en persona y otra por teléfono, sobre lo que haría si ganara.

Uno de los interrogantes se refería a la interrupción voluntaria del embarazo, uno de los grandes temas de la campaña. Trump, de 77 años, actualmente procesado en Nueva York en una de las muchas investigaciones abiertas en su contra, eludió la pregunta de si vetaría una ley federal que restringe duramente ese derecho.

Trump

«No tengo que vetarla porque ahora todo vuelve a los estados», dijo, en referencia a una sentencia de la Corte Suprema de 2022 que puso fin a la protección federal del derecho al aborto y devolvió esa competencia a los gobiernos estatales.

También dijo que dejaría que los estados decidieran si procesan a las mujeres que abortan fuera de plazo. «Creo que podrían hacerlo», contestó.

En cuanto a la migración, otro de los temas centrales de los comicios, el republicano repitió que llevaría a cabo deportaciones masivas. 

«La Guardia Nacional debería poder hacerlo. Si no, utilizaría el ejército», es decir, las tropas federales, declaró a Time.

«Estos no son civiles. Son personas que no están legalmente en nuestro país. Esto es una invasión», dijo Trump a la revista cuando el entrevistador puntualizó que las leyes locales impiden usar el ejército contra la población civil en suelo estadounidense. 

Trump aseguró que «no descartaría nada» sobre la creación de campos de detención de migrantes. Pero creía que no serían necesarios porque su programa de deportación tendría éxito.

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Ucrania

En cuanto a la economía, el exmandatario dijo que preveía derechos de aduana de «más del 10%» sobre todas las importaciones. 

Y sobre la ayuda a Ucrania, Trump afirmó: «No daré (más ayuda) si Europa no empieza a hacer tanto» como Estados Unidos. 

El republicano también cree que si Corea del Sur quiere que los miles de soldados estadounidenses apostados en su territorio se queden, tendrá que pagar más. «¿Por qué deberíamos defender a alguien? Y estamos hablando de un país muy rico».

«Creo que el enemigo interior es, en muchos casos, mucho más peligroso para nuestro país que los enemigos exteriores como China, Rusia y otros», afirmó Trump; en varias ocasiones ha alabado a líderes autoritarios.

Añadió que está «absolutamente» dispuesto a indultar a todos los condenados por invadir el Capitolio el 6 de enero de 2021 en un intento por impedir que el Congreso certificara la victoria de su rival Joe Biden.

Preguntado por la posibilidad de violencia política tras las elecciones del 5 de noviembre, Trump, también procesado por su papel en el asalto del 6 de enero y por fraude electoral en el estado de Georgia, entre otros cargos, respondió: «Si no ganamos, ya sabes, depende».

El republicano, que nunca ha reconocido la victoria de su oponente demócrata en 2020, también cree que si la Corte Suprema no le concede la inmunidad presidencial, como él solicita, Biden «será procesado por todos sus crímenes».