El presidente de Perú, Pedro Castillo, y su familia empezaron este viernes una maratón de audiencias judiciales, acusados por la fiscalía de dirigir una supuesta red de corrupción que operaba desde el palacio de gobierno.
La primera en comparecer ante un juez este viernes, en forma virtual, fue la cuñada del mandatario izquierdista, Yenifer Paredes, para quien la fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva.
Apenas iniciada la audiencia con dos horas de retraso, el juez Johnny Gómez Balboa la suspendió y la reprogramó para el domingo a las 16.00 locales (21.00 GMT), argumentando que «éste es un caso complejo».
El abogado defensor, José Dionicio Quesnay, se declaró «conforme» con la decisión, pero el fiscal se molestó: «ya deberíamos tener una resolución» sobre el pedido de prisión preventiva, dijo.
La cuñada de Castillo, de 26 años, arriesga una condena de 23 años de prisión, según la fiscalía.
Afuera del tribunal se congregaron horas antes decenas de partidarios del gobierno y de la oposición, separados por un cordón policial.
«Yenifer libertad», decía la pancarta de un oficialista; «Yenifer a la cárcel», señalaba el letrero de un opositor.
Ella está en prisión preliminar en un cuartel policial en Lima desde el 10 de agosto, un día después de que el palacio de gobierno fuera allanado por fiscales y policías, algo inédito en el país, con el fin de arrestarla.
Castillo afirmó que ese allanamiento fue «ilegal» y ahora busca destituir al coronel Harvey Colchado, quien lo dirigió, por considerar que «vulneró» la inmunidad presidencial.
La cuñada formaba parte de una «organización criminal liderada por el señor presidente de la república», sostuvo el fiscal Jorge García Juárez al fundamentar el martes el pedido de prisión para ella.
Yenifer, quien considera a la pareja presidencial como sus «padres», «es parte de esta red criminal como lobista o coordinadora», agregó.
En la audiencia de este viernes también compareció José Nenil Medina, alcalde de Anguía, un pueblo de la norteña de Cajamarca, región de la que es oriunda la familia de Castillo.
La cuñada y el alcalde supuestamente estaban coludidos para ofrecer y adjudicar irregularmente obras de saneamiento, según la fiscalía, que pidió para cada uno de ellos 36 meses de prisión preventiva.
«No han robado»
En tanto, el lunes 5 de septiembre Castillo debe comparecer ante la fiscalía y su esposa, Lilia Paredes, ante un juez. Ambos son maestros rurales.
Castillo niega cualquier delito de su familia y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
El martes afirmó que su esposa y su cuñada «van a demostrar que no han robado un centavo al Perú».
Castillo, de 52 años, ha declarado dos veces en la fiscalía: el 17 de junio por supuestos sobornos en contratos de obras públicas y el 4 de agosto por presuntos ascensos irregulares en las fuerzas armadas.
La primera dama, de 49 años, fue interrogada por la fiscalía el 8 de julio. Cinco días después acudió a una citación del Congreso, pero se negó a responder las preguntas por recomendación de su abogado, Benji Espinoza.
«¿Es honesto?»
El jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, dijo este viernes que «el Ejecutivo está de acuerdo en que se hagan investigaciones fiscales, judiciales, administrativas y políticas, pero que se haga con objetividad, no con ánimo de persecución».
Castillo está citado a la fiscalía para responder por la abrupta salida, el 20 de julio, del ministro del Interior, Mariano González, quien se mantuvo apenas dos semanas en su cargo.
También será interrogado sobre un supuesto tráfico de influencias en la compañía estatal PetroPerú.
«¿Tenemos, realmente, un presidente honesto? Qué bueno, que siga trabajando, y bien. De lo contrario, si tenemos uno que está coludido y gestando una organización criminal, que se vaya», declaró el jueves la jefa del Congreso, la opositora Lady Camones.
Seis investigaciones
La primera dama debe comparecer ante el juez Raúl Justiniano Romero en una audiencia en que los fiscales fundamentarán un pedido para prohibirle que salga del país durante tres años.
Esta solicitud incluye a dos de sus hermanos: Walter y David Paredes.
En sus 13 meses en el poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el pertinaz asedio de un Congreso, dominado por la derecha, que exige su renuncia.
Ha sobrevivido a dos intentos de destitución por parte del Parlamento y la fiscalía no puede llevarlo a juicio hasta el fin de su mandato, el 28 de julio de 2026, pues tiene inmunidad.
Castillo enfrenta seis investigaciones de la fiscalía, algo también inédito para un presidente en ejercicio en Perú.