La Cámara de Diputados de México aprobó este miércoles una reforma que extiende hasta 2028 la participación del Ejército y la Marina en operativos de seguridad ciudadana, en medio de denuncias sobre una creciente militarización del país.
El plazo finaliza en 2024, pero el oficialismo de izquierda, sus aliados y el opositor PRI impulsaron la enmienda que ahora debe ser votada por el Senado.
La reforma fue aprobada con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención.
Durante la discusión en el recinto legislativo, Pablo Sandoval, del oficialista Morena, defendió la iniciativa al sostener que el país necesita que las fuerzas armadas «actúen de manera complementaria» en las labores de seguridad pública.
«Esta ampliación (…) es una herramienta indispensable para que sea eficaz combate al crimen organizado», añadió Sandoval.
Por su parte, María del Refugio Camarena, del Partido Revolucionario Institucional (PRI, exhegemónico), aseguró que las policías regionales están «rebasadas» por el crimen organizado.
«La delincuencia le ha ganado la partida a las policías municipales y estatales de México que han quedado rebasadas técnica, táctica y operativamente (…) por ello se necesita (más) acompañamiento de las fuerzas armadas» en las labores de seguridad ciudadana.
Uno de los pronunciamientos en contra fue el del diputado Ignacio Loyola, del Partido Acción Nacional (PAN, conservador). «El ejército no está preparado para fungir las funciones de prevención y de seguridad pública», sostuvo.
El pasado 9 de septiembre Morena y sus aliados aprobaron una reforma que transfiere el control de la Guardia Nacional, actualmente bajo mando civil, a la secretaría de la Defensa.
Esa modificación legal fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de su estrategia para combatir al crimen organizado y la ola de violencia que golpea al país desde hace más de 15 años.
Sin embargo, defensores de derechos humanos han criticado esta iniciativa que, según ellos, provocaría más violencia.
La Guardia Nacional fue creada en 2019, está conformada por 115.000 elementos son de formación militar.
Al ser conformada se estableció una cláusula que indicaba que «durante los cinco años siguientes el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria».
México está envuelto en una espiral de violencia ligada al crimen organizado que ha dejado unos 340.000 muertos desde 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas.