Expertos independientes de Derechos Humanos de Naciones Unidas han exigido este martes justicia para las víctimas de la represión del golpe de Estado de octubre de 2021 en Sudán.
Los expertos han pedido una rendición de cuentas efectiva con el objetivo de «romper el ciclo de violencia» en el país africano. Para ello, han pedido un mecanismo independiente de Justicia con el objetivo de abordar las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante las protestas y proporcionar reparaciones adecuadas.
«Enjuiciar a los perpetradores, incluidos los comandantes de alto nivel responsables de estas violaciones, es fundamental para garantizar la transición sostenible de Sudán hacia un gobierno civil democrático creíble», han afirmado en un comunicado.
El equipo de la ONU ha recibido pruebas durante el último año con numerosos testimonios sobre manifestantes asesinados, desaparecidos por la fuerza, heridos, torturados y sometidos a violencia sexual y de género.
Le puede interesar: Tercer primer ministro británico este año, Sunak promete ‘corregir’ los errores.
Según los informes, las fuerzas de seguridad conjuntas utilizaban regularmente la fuerza letal, ya sea directamente o disparando indiscriminadamente contra los manifestantes. Las tácticas ilegales habían dejado al menos 117 manifestantes muertos y aproximadamente 7.700 manifestantes, incluidos miles de niños, gravemente heridos, según casos documentados por profesionales de la salud sudaneses. La mayoría de las lesiones fueron causadas por el uso de armas de fuego o bombas lacrimógenas.
Además, cientos de personas fueron detenidas sin el debido proceso por ejercer su derecho de reunión pacífica. Entre los arrestados, numerosos casos han sufrido tortura y malos tratos bajo custodia, mientras que otros fueron sometidos a desaparición forzosa.
Asimismo, hay informes de mujeres que han sido víctimas de violencia de género, incluidos abusos y violaciones en grupo.
Todas estas violaciones de Derechos Humanos se cometieron bajo medidas de emergencia en las que las autoridades otorgaron poderes ampliados e inmunidad procesal a las fuerzas de seguridad, reza la misiva del equipo de investigación.
«Si no se abordan estas atrocidades, si a las víctimas se les niega una vez más la justicia y las reparaciones, y si no se escuchan las voces de los manifestantes, el ciclo de agitación política y represión brutal de Sudán continuará, y la crisis humanitaria se profundizará», han agregado.
En este sentido, los expertos han pedido «un mecanismo de rendición de cuentas independiente, eficaz y con los recursos adecuados, que esté centrado en las víctimas». Mientras, han instado a que se tomen «medidas serias» para concluir las investigaciones supuestamente en curso por parte de la comisión nacional.
«Las autoridades sudanesas tienen la obligación de poner fin a la impunidad y brindar reparación a las víctimas y sus familias», han reiterado los expertos, quienes han instado que el cumplimiento de estas medidas sea «fundamental para las conversaciones políticas en curso y el proceso de transición del país».