Naciones Unidas denunció el nuevo ‘golpe’ dado por los talibán a los derechos de las mujeres en Afganistán a través de la prohibición impuesta por las autoridades instauradas tras su toma del control del país en agosto de 2021 a que estudien en institutos médicos, limitando aún más sus salidas profesionales y su participación en la vida pública en general.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado de que la decisión supondría «otro golpe devastador para los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán» y ha recalcado que esta medida podría causar muertos debido a sus consecuencias a largo plazo para la población.
La directora ejecutiva del organismo, Catherine Russell, se ha mostrado «profundamente alarmada» por las informaciones, cuya veracidad ‘intenta determinar’, antes de afirmar que la prohibición «interrumpiría de inmediato formación médica de miles de mujeres y pondría en peligro el acceso de las mujeres y las niñas a la atención sanitaria».
Así, ha manifestado que la medida sería parte de «una tendencia de exclusión y negación de oportunidades para la mitad de la población del país» y ha agregado que «no sólo limitaría aún más la capacidad de las mujeres para contribuir a la sociedad y obtener ingresos, sino que también tendría consecuencias de largo alcance para la salud de toda la población afgana».
«Se perderían vidas», ha recalcado Russell, quien ha explicado que «Afganistán se enfrenta ya a una desesperada escasez de personal sanitario formado, especialmente mujeres», según un comunicado publicado por UNICEF.
«Las profesionales sanitarias desempeñan un papel vital a la hora de garantizar que las mujeres reciban una atención materna adecuada, que los niños sean vacunados y que las comunidades tengan acceso a servicios sanitarios esenciales», ha argumentado.
Por ello, ha sostenido que la ausencia de mujeres en estos puestos haría «menos probable» que las mujeres reciban atención prenatal y que den a luz «en clínicas seguras». «En un país en el que las mujeres y los niños dependen de las profesionales sanitarias para recibir una atención que tenga en cuenta su realidad cultural, cortar la vía de los futuros profesionales sanitarios pondría vidas en riesgo», ha dicho.
Russell ha reclamado por ello a las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 que «sigan permitiendo a las mujeres cursar estudios de medicina». «El futuro del sistema sanitario de Afganistán depende de la plena participación de profesionales médicos de ambos sexos», indicó.
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‘MEDIDAS DISCRIMINATORIAS’
Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ha apuntado que la decisión «es otro golpe directo por parte de las autoridades ‘de facto’ contra las mujeres y niñas afganas» y «la última de una serie de medidas discriminatorias» en varios campos que «secuestran el futuro del país».
«La medida es profundamente discriminatoria, miope y pone la vida de mujeres y niñas en riesgo a través de múltiples formas. Elimina el único camino que quedaba para que mujeres y niñas accedieran a una educación superior y diezmará un suministro ya inadecuado de matronas, enfermeras y doctoras», ha argüido.
Shamdasani ha ahondado en que la decisión limitará aún más el ‘precario acceso’ de mujeres y niñas a la sanidad, ya que el personal médico masculino no puede atenderlas a menos que un hombre de la familia esté presente.
«Afganistán tiene ya una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo. La presencia de las mujeres en el sector sanitario es crucial», ha puntualizado, al tiempo que ha insistido en que «todas estas medidas, adoptadas por hombres, sin transparencia y sin participación alguna de las implicadas, está claramente dirigida a excluir a mujeres y niñas de la vida pública».
Por ello, ha recordado a los talibán que «son responsables del bienestar y seguridad de toda la población» y ha pedido a los fundamentalistas que revieran esta «directiva dañina». «Es momento de que se garanticen los derechos de mujeres y niñas, en línea con las obligaciones internacionales de Afganistán en materia de Derechos Humanos», aseguró.
LA UNAMA MUESTRA SU ‘EXTREMA PREOCUPACIÓN’
En esta línea, la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) ha mostrado su ‘extrema preocupación’ por las informaciones y ha dicho que «intenta verificarlas a través de canales oficiales», sin que los talibán hayan enviado por ahora una «confirmación oficial».
«De ser aplicada, la directiva implica mayores restricciones a los derechos de mujeres y niñas a la educación y el acceso a la sanidad», ha dicho en un comunicado, en el que ha advertido del ‘impacto negativo’ sobre el sistema sanitario y el desarrollo general del país centroasiático.
«La UNAMA pide a las autoridades ‘de facto’ que reconsideren la aplicación de esta directiva ante sus implicaciones negativas para la vida de las mujeres y niñas afganas y para toda la población en todo el país», ha apostillado la misión.
La decisión, aprobada por el líder supremo del grupo, el mulá Hebatulá Ajundzada, fue trasladada al Gobierno durante una reunión celebrada el lunes con altos cargos del Ministerio de Sanidad en Kabul, según ha recogido la cadena de televisión afgana Amu TV. Estas instituciones suponían una de las pocas que aún mantenían abiertas sus puertas a la educación femenina en el país.
La nueva prohibición impedirá que las estudiantes participen en cursos para ser matronas, dentistas o enfermeras, lo que impactará aún más en la escasez de personal en los hospitales y otros centros sanitarios. En el país hay más de 160 institutos médicos, incluidos diez centros públicos en Kabul y varias provincias, según la agencia afgana Jaama Press.
Los fundamentalistas ya cerraron en diciembre de 2022 las puertas de las universidades a las estudiantes, llevando a muchas a buscar educación en estos institutos de cara a seguir formándose e intentar aumentar las posibilidad de obtener un trabajo, hecho igualmente dificultado por las restricciones.
Los talibán promulgaron en agosto la llamada ‘Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio’, institucionalizando la discriminación de las mujeres y expandiendo las restricciones, incluida una «ley del silencio» que declara la voz de la mujer como algo que sólo puede ser escuchado «en casos de necesidad».
