El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha advertido este viernes de que el número de menores que murieron víctimas de ataques aéreos en el marco de la guerra de Ucrania ha aumentado casi un 40 por ciento en 2024 con respecto al año anterior y ha cifrado en 25 los niños muertos entre el 1 de enero y el 31 de marzo.

Según datos de Naciones Unidas, entre estos 25 niños el más pequeño era de apenas dos meses de edad. Asimismo, otros nueve menores han muerto durante las primeras tres semanas del mes de abril por culpa de ataques aéreos.

En total, 600 niños y niñas han muerto desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró la guerra a Ucrania el 24 de febrero de 2022; mientras que más de 1.300 han resultado heridos, si bien las cifras podrían ser mayores, ha alertado Unicef.

«Me preocupa ver que sigue habiendo ataques en todo el país que destruyen escuelas, instalaciones sanitarias y edificios residenciales», ha señalado la directora regional de Unicef para Europa y Asia Central, Regina De Dominicis, al concluir una visita a Ucrania esta semana.

En concreto, hasta 26 instalaciones sanitarias y 140 centros educativos han resultado dañados o destruidos en los primeros tres meses del año. Unicef ha señalado que los ataques que afectan al suministro energético y a las fuentes de agua dificultan el acceso a servicios esenciales y ponen en riesgo la vida de los menores.

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En Ucrania

«Cada ataque retrasa los esfuerzos de recuperación y reconstrucción, prolongando el deterioro en la calidad de vida de los niños y las niñas», ha apuntado De Dominicis. Ha recordado además que «ningún lugar es seguro para los niños» en Ucrania.

Unicef ha informado, por otro lado, de que casi la mitad de los niños inscritos en las escuelas ucranianas no reciben educación presencial. Además, casi un millón no pueden acceder a ningún tipo de aprendizaje presencial debido a la inseguridad en el país.

La agencia de la ONU ha podido atender en 2023 a 1,3 millones de menores dentro del sector de la educación formal e informal ofreciendo ‘kits’ educativos para su uso online. Asimismo, ha brindado apoyo psicosocial y de salud mental a 2,5 millones de niños, niñas y cuidadores el año pasado.

No obstante, para garantizar la asistencia a los menores y las familias en Ucrania, incluyendo las zonas en la primera línea del frente, la agencia necesita 250 millones de dólares adicionales.

El Ejército de Colombia ha anunciado este jueves que ha abatido a 15 integrantes del Frente Carlos Patiño de las extintas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante una operación militar en el municipio de Argelia, ubicado en el departamento de Cauca.

El Ministerio de Defensa ha indicado en la red social X que en la operación se han empleado armas de precisión disparadas desde tierra «con un alcance efectivo entre 200 metros y 5 kilómetros» a fin de evitar «daños colaterales en las comunidades».

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Las fuerzas colombianas han llevado a cabo la operación contra los sospechosos, implicados en «controles ilegales de narcotráfico», en el corregimiento de El Plateado, en el Cañón del Micay. El Ejército ha indicado además que hay otros 12 sujetos heridos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado en la citada red social que «no hay que jugar con la paz». «Detener la guerra implica ser serio con la paz», ha dicho, agregando que «esta es la mayor acción en su contra».

El Gobierno liderado por Petro anunció en marzo la suspensión del alto el fuego pactado con el Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, liderado por ‘Iván Mordisco’. Indicó que reanudaría sus operaciones militares contra la guerrilla en los departamentos en Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado a más de 390 la cifra de cadáveres localizados en fosas comunes en las inmediaciones del Hospital Nasser, ubicado en la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave palestino.

De acuerdo con las últimas informaciones de la Defensa Civil de la Franja de Gaza, se trata de un total de 392 cadáveres repartidos en tres fosas comunes en el patio del Complejo Médico Nasser. Según las autoridades, parte de los cuerpos presentan signos de tortura y evidencias de que se enterrasen vivos.

La Defensa Civil gazatí señaló que algunos de los fallecidos son menores, y reconoció la imposibilidad de identificar a la mayoría de los cuerpos. Además, han denunciado que las tropas israelíes ocultaron deliberadamente las pruebas de estos supuestos crímenes.

En este contexto, las autoridades de la Franja de Gaza han hecho un llamamiento a una investigación internacional sobre estos hechos. También han indicado que presentarán todas las pruebas pertinentes a los organismos involucrados, según informaciones recogidas por el diario ‘Filastin’.

Los servicios de rescate palestinos entraron en el Hospital Nasser a finales de la semana pasada, casi diez días después de la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) del sur del enclave para determinar con exactitud el alcance de la operación de las tropas israelíes.

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Fosas comunes

Tras las denuncias por el descubrimiento de las fosas comunes, las FDI han asegurado que estas acusaciones son «completamente infundadas», y han defendido que durante su estancia en el Hospital Nasser llevaron a cabo exhumaciones «como parte de los esfuerzos para localizar a los rehenes» capturados por Hamás desde comienzos de octubre.

De acuerdo con el Ejército israelí, estas exhumaciones se llevaron a cabo siempre «de manera selectiva»; tan solo cuando se contaba con información concreta que apuntara a que alguno de los rehenes israelíes pudiera estar en la zona. Indicó además, que los cuerpos se enterraron de nuevo «de manera ordenada y adecuada».

Por otro lado, las FDI esgrimieron que sus operaciones en el Hospital Nasser tenían como objetivo neutralizar a milicianos palestinos escondidos en el complejo sanitario. Aunque empleados del centro han denunciado que en realidad se trató de un asalto indiscriminado contra los pacientes y el personal.

El Banco Central de la República de Argentina (BCRA) decidió este jueves aplicar un recorte de 10 puntos porcentuales en los tipos de interés, llevando la tasa al 60% desde el 70% en el que se encontraba desde hace apenas dos semanas, cuando optó por otra rebaja de 10 puntos porcentuales.

Desde que el presidente de Argentina, Javier Milei, asumió el cargo el pasado mes de diciembre, la entidad ha bajado los tipos de interés en cuatro ocasiones, con una rebaja total de 73 puntos porcentuales, desde el nivel del 133% en el que se encontraba al cierre del pasado año.

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Tipos de interés

Esta última decisión de la entidad se da en un contexto económico en Argentina marcado por la caída de la inflación en los últimos meses. En concreto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) descendió al 11% mensual en marzo, frente al 13,2% en el que se encontraba en febrero.

Esta cifra es muy inferior a las que se daban en diciembre o enero, del 25,5% y 20,6%, respectivamente. No obstante, la inflación interanual se encuentra en el 287,9%.

Pese a que todavía se espera una cifra alta para el mes de abril, el Gobierno confía en que el segundo trimestre del año sea notablemente mejor al primero, y que se empiece a notar cierta relajación en el nivel de precios en todo el país.

Universidades

El portavoz del Gobierno de Argentina, Manuel Adorni, ha asegurado este miércoles que en los planes del presidente Javier Milei no entra en ningún caso el cierre de universidades públicas, y ha aprovechado para erigir al Ejecutivo argentino como «los mayores defensores de la educación pública».

«Las universidades públicas no se van a cerrar. No está, ni va a estar nunca, en ninguna agenda nuestra. Somos de los mayores defensores de la educación pública, y eso tiene que quedar claro», ha manifestado el portavoz presidencial durante su habitual rueda de prensa desde la Casa Rosada.

(25/04/2024)

Estados Unidos ha tildado este miércoles de «preocupantes» e «inquietantes» las informaciones sobre el hallazgo de fosas comunes en los terrenos del Hospital Naser de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, donde las autoridades gazatíes han recuperado más de 320 cuerpos.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, ha indicado en rueda de prensa que Washington se toma «muy en serio» estas acusaciones y que siguen presionando a Israel para obtener más información al respecto.

El Ejército de Israel ha afirmado que las acusaciones son «completamente infundadas». Se argumentó que durante el periodo en el que sus tropas estuvieron, en el complejo sanitario en el marco de su incursión en el hospital, examinaron los restos mortales de cadáveres enterrados por palestinos «como parte de los esfuerzos para localizar a los rehenes».

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Fosas comunes

La directora sénior de investigación, promoción, políticas y campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, ha subrayado este miércoles que el descubrimiento de estas fosas comunes pone de manifiesto la necesidad de investigaciones independientes.

«El desgarrador descubrimiento de estas fosas comunes subraya la urgencia de garantizar el acceso inmediato de investigadores de Derechos Humanos, incluidos expertos forenses, a la Franja de Gaza ocupada para garantizar que se preserven las pruebas y llevar a cabo investigaciones independientes y transparentes con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas», ha indicado en un comunicado.

En este sentido, aseveró que existe un «un vacío total de rendición de cuentas», así como de «pruebas crecientes de crímenes de guerra en Gaza». Así, Israel «debe asegurarse de cumplir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) «otorgando acceso inmediato a investigadores independientes de Derechos Humanos; garantizando que se preserven todas las pruebas de violaciones».

Sobre los asesinatos

Por otro lado, Patel ha calificado en rueda de prensa de «peligrosos e imprudentes» los informes en los medios israelíes. Estos apuntan a que el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha iniciado un proceso para legalizar 68 puestos de avanzada en Cisjordania.

«Es contraproducente para la causa de la paz y el programa del Gobierno de Israel es incompatible con el Derecho Internacional», ha indicado Patel. Agregó que la Administración Biden seguirá instando a los funcionarios israelíes a que se abstengan de tomar este tipo de medidas que son «ilegales».