El Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación de Argentina ha ha escalado dos décimas en agosto respecto a julio, situándose en el 4,2% mensual frente al 4% del mes anterior, según ha divulgado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina.

La inflación en Argentina lleva meses en retroceso y en agosto se ha registrado el segundo mejor dato mensual hasta la fecha en lo que va de año. A comienzos de 2024, el índice mensual era todavía de dos dígitos.

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Inflación

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo recientemente que se esperaba un dato en torno al 4%, al igual que ocurrió en el mes anterior, lo que refleja cierta resistencia a la caída de los precios.

Mientras, la inflación interanual ha sido del 236,7%, frente al 263,4% de julio. Esto supone una notable caída respecto al mes anterior, y el mejor dato en lo que va de 2024.

La división con mayor alza mensual en agosto de 2024 fue vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (7,0%), escoltada por educación (6,6%).

FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha decidido apartar al director del Departamento del Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdes, de las negociaciones con Argentina, delegando estas funciones en el subdirector del mismo departamento, Luis Cubeddu, y la jefa de la misión para Argentina, Ashvin Ahuja.

Este desplazamiento se ha dado como consecuencia de la mala relación entre Valdés y el presidente de Argentina, Javier Milei. Este último ha vertido duras críticas hacia el responsable del Fondo, al que acusó de tener «mala intención para con Argentina».

«Estoy convencido de que esa persona no quiere el bien para Argentina», denunció Milei a finales de julio en una entrevista radiofónica, lo que ha despertado meses después el revuelo en el FMI, con la decisión de cambiar al responsable para el país austral.

Las autoridades neerlandesas anunciaron que se incautaron miles de «fat bikes» eléctricas ilegales importadas desde China, que son muy populares, pero generan problemas de tránsito. 

Unos 16.500 de estos vehículos ilegales, llamados ‘fat bikes’ así por sus neumáticos anchos y su robusta estructura que les da una apariencia de motocicleta baja, fueron incautados desde julio en el puerto de Róterdam. 

Otros mil fueron confiscados en centros de distribución de un proveedor neerlandés.

La Inspección de Transporte de los Países Bajos (ILT) declaró en un comunicado que las bicicletas confiscadas, provenientes de fabricantes chinos, «podrían ser manipuladas para superar» el límite legal de velocidad para bicicletas eléctricas, que es de 25 km/h en Europa.

Estas bicicletas tenían potentes baterías y otras especificaciones técnicas propias de ciclomotores, agregó.

El número de ‘fat bikes’ creció considerablemente en los Países Bajos desde que en enero de 2023 se impuso la obligatoriedad del uso de casco para los conductores de motocicletas, lo que llevó a muchas personas a optar por estos vehículos.

Sin embargo, esta tendencia, especialmente popular entre los adolescentes, genera una serie de quejas y llamados a regular su uso.

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Las autoridades están preocupadas por la facilidad con la que es posible reprogramar el software que limita la velocidad de estas bicicletas, así como por la importación de modelos con baterías más potentes de las permitidas y aceleradores que las hacen parecer más motocicletas que bicicletas.

El creciente uso de las ‘fat bikes’ también provocó un aumento significativo en el número de ingresos en urgencias, informó la organización neerlandesa de seguridad Veiligheid.nl.

El miércoles el tema fue objeto de un acalorado debate entre el nuevo gobierno neerlandés y los parlamentarios.

Los legisladores están solicitando, entre otras medidas, la introducción de una edad mínima de 14 años para la utilización de ‘fat bikes’ y el uso obligatorio del casco.

Se espera una votación en el congreso en las próximas dos semanas.

Estados Unidos sumó a su larga lista de sancionados en Venezuela a 16 funcionarios, incluida la presidenta de la corte suprema, por el «fraude electoral» del 28 de julio, medida que fue rechazada en los «términos más enérgicos» por el gobierno de Nicolás Maduro.

El gobierno del presidente Joe Biden interviene en respuesta al «fraude electoral» para que el mandatario Nicolás Maduro y sus representantes rindan cuentas «por obstruir» las elecciones presidenciales» y «abusar de los derechos humanos», informó el jefe de la diplomacia Antony Blinken.

«En lugar de respetar la voluntad del pueblo (…) se han atribuido falsamente la victoria mientras reprimían e intimidaban a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza», afirma en un comunicado.

Estados Unidos precisó que van más de 140 personas sancionadas y más de 100 entidades.

Entre los sancionados figuran directivos de la autoridad electoral como Rosalba Gil; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Beatriz; y Edward Briceño, el fiscal que emitió la orden de captura contra el principal rival de Maduro en las elecciones Edmundo González Urrutia. 

También destacan Domingo Antonio Hernández Lárez, el número tres de la fuerza armada, responsable de las operaciones militares, y Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.

Los 16 funcionarios «impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos», sostiene el gobierno de Biden, que reclama desde el 28 de julio el detalle de las actas.

«Venezuela rechaza, en los términos más enérgicos, el nuevo crimen de agresión cometido por el gobierno de los Estados Unidos de América en contra de Venezuela al imponer medidas coercitivas unilaterales», señaló la cancillería venezolana en un comunicado.

Las medidas se anunciaron «en un acto grosero que busca congraciarse con una clase política que ha echado mano a prácticas fascistas y violentas para derrocar, sin éxito, la democracia bolivariana», añadió el texto.

Las medidas implican la congelación de los activos que los sancionados posean directa o indirectamente en Estados Unidos, así como la prohibición de que cualquier persona o empresa estadounidense haga negocios con ellos. 

Paralelamente el Departamento de Estado «toma medidas para imponer nuevas restricciones de visa».

Washington asegura que «las tácticas de intimidación» del gobierno venezolano, incluida la emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial «exitoso» Edmundo González Urrutia obligaron a éste a salir de Venezuela para pedir asilo en España.

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Sector petrolero en Venezuela

Estados Unidos ya impuso en el pasado numerosas sanciones a funcionarios venezolanos, incluido el propio Maduro, acusado de narcotráfico por Washington.

En abril Washington reimpuso algunas sanciones sobre el sector petrolero y del gas, tras suspenderlas varios meses para recompensar a Maduro por sentar las bases de las elecciones.

No obstante, otorga licencias individuales para operar en Venezuela a varias petroleras, como la estadounidense Chevron o la española Repsol.

Algunas voces piden sanciones más drásticas contra el sector petrolero.

El presidente del comité judicial del Senado, el demócrata Dick Durbin, presentó esta semana un proyecto de ley para poner fin a «la fortaleza financiera de Maduro».

«El régimen de Maduro actualmente utiliza los ingresos petroleros que dependen de la participación de Estados Unidos para mantener su estado policial», afirma Durbin.

Por primera vez, más de la mitad de la población mundial cuenta con algún tipo de protección social, indicó el jueves la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señaló que el progreso es todavía muy lento.

En un nuevo informe, la OIT llama en particular a los países más vulnerables a la crisis climática a aumentar la inversión en protección social porque, aunque no impida el calentamiento del planeta, ayuda a amortiguar el impacto en la población.

Según este organismo de la ONU, un 52,4% de la población dispuso el año pasado de una forma u otra de cobertura social, una cifra al alza respecto al 42,8% de 2015.

«Si bien se trata de un avance positivo, la dura realidad es que 3.800 millones de personas siguen estando totalmente desprotegidas», lamenta la OIT.

Esta organización subraya especialmente que la mayoría de los niños (76,1%) no goza todavía de una protección social eficaz.

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Protección social

Si se mantiene el ritmo actual, harán falta 49 años para que todo el mundo esté cubierto por al menos una prestación social lo que, según la OIT, es demasiado lento.

Esta agencia se inquieta particularmente por los países más vulnerables al cambio climático, que «representa la amenaza más grave para la justicia social», juzga su director general, Gilbert Houngbo.

«Muchos de los países que están sufriendo las consecuencias más brutales de esta crisis están especialmente mal equipados para hacer frente a sus consecuencias medioambientales y sobre los medios de vida», dijo la OIT en un comunicado.

En los veinte países más vulnerables a la crisis climática, entre ellos Haití, el 91,3% de la población (364 millones) no se benefician de ningún tipo de protección social.

Si se abre el foco a los 50 países más expuestos al cambio climático, un 75% de la población (2.100 millones de personas) está desprotegida.

«Estas brechas son especialmente significativas, dado el papel potencial de la protección social para suavizar el impacto del cambio climático. Así como ayudar a las personas y a las sociedades a adaptarse a una nueva realidad climáticamente volátil, y facilitar una transición justa hacia un futuro sostenible», señaló en su comunicado.

Brechas entre países

El informe explica que la protección social mejora la capacidad de la población «para enfrentar las perturbaciones climáticas, proporcionando un nivel básico de ingresos y acceso a la atención de salud». Y «contribuye a aumentar las capacidades de adaptación, incluidas las de las generaciones futuras».

Estas medidas, sumadas a políticas activas en el mercado laboral, pueden ayudar a las personas a reconvertirse hacia profesiones más ecologistas. También prácticas económicas más sostenibles, destacó la OIT.

Su informe enumera varias opciones para que la cobertura social contribuya a atenuar los impactos del cambio climático. Por ejemplo, convertir las subvenciones a los combustibles fósiles en prestaciones de protección.

Dato

La organización de la ONU asegura que es hora de invertir de manera significativa en la protección social, a la vez que denuncia dos trayectorias muy distintas en el mundo en este aspecto.

El estudio muestra que los países de ingresos elevados se acercan a una cobertura universal (con una tasa del 85,9%). Y que los países de ingresos medios superiores (71,2%) e inferiores (32,4%) «están dando grandes pasos para cerrar las brechas de protección».

Pero, al mismo momento, la tasa de cobertura en los países de bajos ingresos (9,7%) apenas han aumentado desde 2015.

La brecha también es clara en cuanto al volumen del PIB nacional dedicado a la protección social. Un 16,2% en los países de ingresos elevados contra 0,8% en los países de bajos ingresos.

Estas naciones necesitan 308.500 millones de dólares suplementarios cada año. Para garantizar al menos una protección social básica a su población, apunta la OIT, que reclama apoyo internacional para recaudar este monto.

Irán convocó el jueves a los embajadores del Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos. Tras las sanciones que estos países anunciaron contra la República Islámica. Todo por presuntas entregas a Rusia de misiles destinados a la guerra contra Ucrania.

A los cuatro diplomáticos «los convocó el Ministerio de Relaciones Exteriores tras las sanciones. Así como comentarios poco constructivos de las partes europeas», informó la agencia oficial iraní de noticias IRNA.

El ministerio británico de Relaciones Exteriores anunció el miércoles que convocó al encargado de negocios de la embajada iraní en Londres. Todo para protestar contra «el suministro de misiles balísticos a Rusia» para Ucrania.

«El gobierno británico dejó claro que cualquier envío de misiles balísticos a Rusia se consideraría una escalada peligrosa. Y daría lugar a una respuesta significativa», explicó un portavoz diplomático británico, en un comunicado. 

El jefe de la diplomacia británica, David Lammy, que se encuentra de viaje en Kiev, en compañía de su homólogo estadounidense, Antony Blinken, «ordenó» la convocatoria de Ali Matinfar, añadió el portavoz.

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Sanciones

Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania anunciaron el martes nuevas sanciones contra Irán, en particular en el transporte aéreo. Tras acusar a la República Islámica de haber suministrado misiles balísticos a Rusia para usarlos en Ucrania.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, indicó previamente en una rueda de prensa en Londres que Irán suministró misiles a Rusia para usarlos «en las próximas semanas» en Ucrania. Se trata de una exrepública soviética confrontada desde febrero de 2022 a una invasión de las tropas de Moscú.