El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, acusó este jueves al poder judicial de darle la espalda en su lucha con el narcotráfico.
«Hoy en medio de la guerra contra el narcotráfico necesitamos saber que nuestros jueces pueden discernir entre el bien y el mal», dijo Lasso en una cadena nacional de radio y televisión.
El mandatario agregó que «los jueces están para impartir justicia, no para impedirla; para acelerarla, no para atrasarla».
Lasso, que asumió el cargo en mayo de 2021, se refirió al caso de alias «Gordo Luis», uno de los líderes de la banda narcodelictiva de Los Lobos, a quien un juez le ordenó presentarse periódicamente ante la justicia en lugar de enviarlo a prisión.
El mismo día que el «Gordo Luis» debía acudir ante un juez fue detenido con siete kilos de cocaína, fusiles y pistolas.
«Dicen que la justicia es ciega, pero señores jueces o fiscales eso no les da vía libre para hacerse de la vista gorda» con los delincuentes, expresó Lasso indignado.
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El gobernante llamó a jueces y fiscales a escuchar los pedidos de seguridad de los ecuatorianos, afectados por el aumento del narcotráfico, la violencia y los homicidios.
En 2021, Ecuador decomisó el récord de 210 toneladas y en lo que va del año ha confiscado más de 170 toneladas.
La tasa de homicidios casi se duplicó en 2021, al cerrar con 14 asesinatos por cada 100.000 personas, la más alta de la década.
El embajador estadounidense en Quito, Michael Fitzpatrick, criticó el miércoles durante un evento académico al sistema judicial de Ecuador.
«¿Alguien me puede explicar por qué hay que notificar formalmente a un sospechoso de la apertura de un caso en plena etapa de la investigación?», cuestionó Fitzpatrick.
Este jueves también fue liberado por decisión de un juez Junior Roldán, uno de los líderes de la banda de Los Choneros, que ha protagonizado masacres carcelarias.
La Fiscalía rechazó la medida argumentando que alias «Jr» ha reincidido en sus delitos y que tiene nueve sentencias (algunas por asesinato), lo que le impedía recibir beneficios penitenciarios pese a haber cumplido el 40% de su pena.
«Este tipo de decisiones afectan gravemente la administración de justicia, laceran la confianza ciudadana», anotó la Fiscalía en un comunicado.
Cuando «Jr» salía de la penitenciaría de Guayas (suroeste), la policía detuvo a unas 30 personas que portaban «armas de grueso calibre» y que «serían parte de la custodia» de Roldán, informó el ente acusador en Twitter.