El presidente Luiz Inácio Lula da Silva cree que los asaltantes de las sedes oficiales en Brasilia contaron con complicidad interna y anunció «dureza» contra el bolsonarismo radical, al que considera una amenaza contra la democracia en Brasil.
«Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planalto fue abierta para que las personas entraran, porque no hay puertas rotas», dijo Lula este jueves en un desayuno con periodistas en la capital. «Significa que alguien les facilitó la entrada aquí», agregó.
El mandatario de izquierda consideró que policías y miembros de las Fuerzas Armadas fueron «conniventes» con los miles de simpatizantes radicales del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro que invadieron el domingo el palacio presidencial, la Corte Suprema y el Congreso.
Los seguidores de Bolsonaro, que niega cualquier vínculo con el asalto, buscaban la caída de Lula exactamente una semana después de que empezara su tercer periodo presidencial.
A su paso saquearon oficinas y destruyeron invaluables obras de arte en pleno corazón político de Brasil.
«De aquí en adelante vamos a ser más duros, más cautelosos, más prudentes, porque no puede ocurrir lo del fin de semana», dijo el líder de izquierda, de 77 años y que venció a Bolsonaro en las presidenciales de octubre por una estrecha ventaja.
Lula anunció «una revisión profunda» de los trabajadores de la presidencia brasileña. «El palacio estaba lleno de bolsonaristas, de militares, y queremos ver si podemos corregir (la situación), para colocar funcionarios de carrera, de preferencia civiles».
«No puede permanecer aquí adentro alguien sospechoso de ser bolsonarista radical», afirmó el mandatario, quien verbalizó su desconfianza sobre su seguridad en el recinto presidencial.
– Tras los financiadores –
Las investigaciones sobre las fallas de seguridad y el financiamiento de las manifestaciones avanzaban este jueves a la par de que Lula mostraba sus cartas firmes contra sectores a los que considera «fascistas» y «terroristas».
La Abogacía General de la Unión (AGU) identificó 52 personas y siete empresas que están bajo sospecha de haber financiado la movilización.
Lula «debería responder a este ataque sin precedentes fortaleciendo los principios democráticos, defendiendo el Estado de derecho y enfrentando los problemas crónicos de derechos humanos que fueron agravados durante la presidencia de Jair Bolsonaro», afirmó este jueves Human Rights Watch.
Le puede interesar: Lula lamenta que Bolsonaro siga negando su derrota electoral y con ello alentando a grupos de ‘chiflados’.
La ONG pidió investigar «minuciosamente» a quienes «incitaron, financiaron o cometieron» los actos de violencia.
Los pedidos para castigar a los agitadores ocurren un día después de una convocatoria bolsonarista para una protesta nacional a favor de «retomar el poder», que provocó que el gobierno reforzara la seguridad, especialmente en Brasilia, donde el acceso a la zona principal de edificios públicos fue cerrado.
Las manifestaciones, citadas para el miércoles, no se materializaron y el centro del poder político brasileño fue abierto este jueves al tránsito, aunque era custodiado por policías y vehículos antimotines, mientras que trabajadores reparaban la fachada de la Corte Suprema.
Casi 2.000 personas fueron detenidas tras las invasiones y 1.159 aún están recluidas tras ser interrogadas, según el último parte oficial.
– «Miedo» –
Las detenciones rápidas, afirman especialistas, diluyeron la posibilidad de convocatoria para las manifestaciones anunciadas para el miércoles.
«Lula actuó muy rápido para contener a los grupos que se estaban organizando desde el domingo. La prisión terminó desarticulando a muchos por miedo a ser detenidos», explicó Guilherme Casaroes, politólogo de la Fundación Getulio Vargas.
Para el sociólogo Geraldo Monteiro, «el movimiento bolsonarista está bajo presión y no tiene ese grado de organización para una contraofensiva, haciendo muy evidente su fragilidad».
Desde Estados Unidos, a donde partió dos días antes del fin de su mandato, que concluyó el 31 de diciembre, Bolsonaro condenó los actos del domingo pero se ha mantenido prácticamente en silencio, misma actitud que tomó desde que perdió las elecciones.
El exmandatario «no lidera propiamente, entonces el movimiento está sin aliento para seguir adelante», añadió Monteiro, coautor del libro «Bolsonarismo: Teoría y Práctica».
Tras los ataques, Lula recibió el apoyo unísono de la comunidad internacional, de los líderes del Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) y los gobernadores.
En medio de los temores de nuevos actos violentos, la justicia ordenó este jueves a los gobiernos estatales que prohíban el bloqueo de rutas y la invasión de edificios públicos.
El magistrado Alexandre de Moraes, del STF, ordenó el martes la captura del coronel Fabio Augusto, comandante de la policía militar del Distrito Federal, y de Anderson Torres, exministro de Bolsonaro y secretario de Seguridad de la capital durante los desmanes, por «omisión y connivencia».
Se prevé que Anderson, que niega las acusaciones, regrese el viernes a Brasilia desde Estados Unidos, donde estaba de vacaciones.