La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) detectó que los peruanos «no se están escuchando entre sí» y pidió investigar el uso de la fuerza en las protestas contra la presidenta Dina Boluarte que dejan más de 40 muertos, anunció una misión de observación en Lima.
El abogado guatemalteco Stuardo Ralón, jefe de la misión, exigió investigaciones imparciales ante indicios de que elementos de las Fuerzas Armadas hicieron «uso excesivo de la fuerza» en la represión de movilizaciones.
Asimismo, pidió que se aclare la posible presencia de extremistas en la promoción de las protestas y destacó que el malestar ciudadano se distorsiona cuando ocurren hechos de vandalismo.
Los representantes de la CIDH señalaron además que en la crisis política peruana, que se ha tornado crónica desde 2016, tiene influencia la postergación histórica de diversos pueblos, como los indígenas, los afroperuanos y los habitantes de las provincias.
Ralón dijo que según las cifras manejadas por la CIDH, las protestas que se iniciaron a principios de diciembre dejan hasta ahora 47 muertos, incluidos siete adolescentes, así como 650 civiles y 290 miembros de las Fuerzas Armadas heridos de distinta intensidad.
La CIDH incluyó entre los 47 muertos a cinco personas fallecidas a consecuencia de los bloqueos de las carreteras. La fiscalía peruana y la Defensoría del Pueblo manejan la cifra de 42 muertes en enfrentamientos con las fuerzas del orden.
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Durante su visita, el grupo se entrevistó con la presidenta Dina Boluarte, congresistas de diversas bancadas y líderes de movimientos sociales, entre otros interlocutores.
La misión, que llegó a Perú el miércoles y este viernes abandona el país, visitó las ciudades de Lima, Ica, Arequipa y Juliaca.
El saldo trágico de muertos provocó un llamado de Estados Unidos a la «moderación» de todas las partes, mientras que Naciones Unidas y la Unión Europea instaron a respetar los derechos humanos y evitar el uso desproporcionado de la fuerza.
La protesta estalló luego que el izquierdista Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y apresado el 7 de diciembre tras un fallido autogolpe, al intentar cerrar el parlamento, intervenir la justicia y gobernar por decreto. Lo reemplazó Dina Boluarte, de 60 años, su vicepresidenta.
Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.