«Vamos a estar en la capital para hacer escuchar nuestra voz de protesta», promete un campesino andino que se prepara junto a centenares para ir de Puno a Lima a pedir la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte tras cinco semanas de protestas que dejan 42 muertos.
«Vamos para hacer escuchar nuestra voz de protesta», dijo a la AFP Jimmy Mamani, presidente de la Asociación de Centros Poblados de la provincia El Collao, una zona aymara de la región de Puno, fronteriza con Bolivia.
Mamani, alcalde del poblado de San Isidro, es uno de los centenares de campesinos que recorrerán desde el lunes los 1.350 km que separan su comunidad de Lima.
«Vamos a ingresar por los cuatro conos de Lima (norte, sur, este, oeste.) Queremos hacer una movilización pacífica sin inconvenientes», agregó.
La noche del lunes decenas de manifestantes marcharon por la plaza San Martín, epicentro histórico de las protestas en Lima.
-La marcha de los 4 suyos-
«Será como la marcha de los cuatro suyos», explica Mamani en alusión a la masiva marcha de tres días que en julio de 2000 desembocó en la caída del régimen autocrático de Alberto Fujimori (1990-2000) en noviembre de ese año.
«No es justo que el Ejecutivo no pueda escuchar nuestros pedidos, ellos hacen oídos sordos. La verdad uno ya está molesto y a estas alturas dialogar con ellos es algo que no se puede», explica el dirigente.
Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, elecciones inmediatas y convocatoria una Asamblea Constituyente. El Gobierno ya ha rechazado todas estas peticiones.
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-La vanguardia en camino-
En Humay, un pueblo al pie de los Andes a unos 240 km al sureste de Lima, unos 200 pobladores de Andahuaylas que viajaban este lunes en una caravana de vehículos fueron bloqueados por la policía para realizarles control de identificación.
La policía cortó ahí la carretera Libertadores para impedir el paso y detuvo a cuatro conductores por no tener en regla papeles administrativos.
La gente espera su liberación para continuar y su ímpetu no declina: «¡Dina escucha, los Chancas están en camino!», «¡Libertad para nuestros hermanos!», claman en la calle.
«Vamos a ir a Lima como sea. Caminando si hace falta. Tenemos cancha (maíz), queso y vamos a llegar. Dina Boluarte dijo que nos quiere ver en Lima, entonces nos va a escuchar», dijo a la AFP Anastasia Lipe Quispe, 63 años y madre de cinco hijos campesinos.
«Somos andinos; siempre estamos marginados», agregó.
Desde Cusco, decenas de campesinos en buses y camiones partieron hacia Lima, distante a 1.100 km en un viaje de 15 horas.
«Los campesinos que estamos rumbo a Lima tenemos el objetivo de que salga esta señora», dijo a la AFP un manifestante que prefirió no identificarse.
Para frenar la marcha el gobierno amplió el sábado el estado de emergencia por 30 días en Lima, Cusco, Callao y Puno, autorizando a los militares a intervenir junto a la policía para mantener el orden público.
También extendió por 10 días el toque de queda de las 20H00 a las 4H00 en Puno.
En la región La Libertad (norte) pobladores bloquearon con neumáticos incendiados la carretera panamericana norte, que conecta a Lima con ese extremo del país.
En Puno, decenas de pobladores aymaras bloquearon el puente internacional Ilave que sirve de tránsito hacia Bolivia.
«Nosotros vamos a marchar a Lima para que tomen consciencia, para que el pueblo sea consciente que de una vez por todas podamos sacudirnos de esta captura del poder económico del Estado de este pequeño grupo que no nos representa, nosotros no reconocemos a la presidenta Dina ni al Congreso», dijo a la AFP Richard Acero de 52 años, poblador de Ilave.
– Cañones y mantequilla –
El Gobierno de su lado ha aseguró que evitará lo que califican de «asonada» en Lima, pero al mismo tiempo subrayó que respetar el derecho a la protesta algo restringido cuando rige el estado de emergencia.
El ministro de Defensa, Jorge Chávez, advirtió que el Gobierno hará lo necesario para «evitar una situación de violencia».
Las protestas han dejado al menos 42 muertos, más de 500 heridos y unos 300 detenidos en cinco semanas, según la fiscalía.
Boluarte, abogada de 60 años, era vicepresidenta hasta el 7 de diciembre cuando el Congreso destituyó a Pedro Castillo por su fallido autogolpe.
La presidenta pidió el viernes perdón por las muertes provocadas por la crisis e instó a los legisladores a acelerar los trámites para realizar elecciones anticipadas en abril de 2024.