El viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera, informó de un plan gubernamental de prevención, control y combate de incendios para este año. El fin es reducir los índices de daño ambiental.

Dicho plan prevé la coordinación de 153 actividades del Gobierno con los gobiernos departamentales y municipales de cada región. La mayoría de las acciones buscará la prevención de ese tipo de incendios.

“El Gobierno central cuenta con un plan estratégico de prevención, control, combate a los incendios y posevento, para remediar (los efectos) en los sitios que hubieran ocurrido incendios por provocación”, dijo Herrera a la Razón Radio.

En ese sentido, el funcionario señaló que entre 2019 y 2022 hubo una reducción de cerca de un millón de hectáreas afectadas por los incendios en todo el país.

“En 2019, era 5.300.000 (hectáreas de superficie quemada); en 2020 ha sido 5.200.000 aproximadamente; en 2021 hemos reducido bastante: 4.200.000 hectáreas, y en 2022 hemos registrado 4.200.000 hectáreas”, detalló.

Dijo que el origen del fuego que afectó a varias regiones fue la acción de “hombres y mujeres irresponsables”. Y relató que la mayoría es por quema de llantas; así lo evidenció en un recorrido en el que pudo observar “montoneras y montoneras” de llantas desechadas. “El fin de esto era poner combustible y provocar incendios”.

Recordó que cualquier incendio “genera pérdida de vida”. Además, dijo que debido a las partículas de ceniza que deriva en enfermedades respiratorias y hasta oculares.

“Las personas deberían tener una conducta amigable con su medio ambiente”, reflexionó.

Herrera informó que, por el momento, no hay focos de calor ni incendios en el país, en el ingreso a la época seca del calendario agrícola.

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia consideró este viernes que, luego de que el Senado sancionó el proyecto de Ley Transitoria para Garantizar el Proceso de Preselección y Elección Judicial, hay tiempos prudentes para la realización de ese proceso.

Además, considerando la nueva norma reduce los plazos de preselección de candidatos, de 80 a 60 para la Asamblea Legislativa. Para el TSE es de 150 a 100 para la organización, calculó que el proceso puede terminar en noviembre de este año.

“Todavía hay tiempos prudentes en los que el TSE puede trabajar. Se puede ejecutar un proceso electoral de alcance nacional”, dijo la vocal electoral en una entrevista con RTP.

Tiempos del TSE

Recordó también que el Órgano Electoral pidió un plazo de al menos 120 días para la realización de las judiciales. Sin embargo, “asumo que estos 100 días (de plazo) que otorgan al TSE es para ejecutar un calendario electoral que vaya a culminar en la última semana del mes de noviembre”.

“Lo que nos resta es ajustar el calendario electoral de un proceso electoral que podría realizarse en 100 días”, agregó.

La norma sancionada por el Senado contiene cinco artículos y tres disposiciones transitorias; plantea una reducción de plazos para la elección de las autoridades judiciales y fue propuesta para “destrabar” el proceso.

Éste es el tercer intento de proceso de preselección de postulantes. El 28 de abril, la Asamblea Legislativa suspendió de forma temporal el trámite debido a un fallo del Tribunal Constitucional. El diputado de Creemos Leonardo Ayala interpuso ese recurso.

Antes, el 12 de abril, el proceso quedó suspendido tras un primer amparo constitucional presentado por el ciudadano Miguel Ángel Balcázar en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni. Aquel pidió anular el reglamento de preselección y la convocatoria.

Aún sin fecha, las elecciones judiciales deberán definir el nombramiento de 23 jueces y tres consejeros, titulares y suplentes, del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agrario y Consejo de la Magistratura.

El exministro de Salud Jeyson Auza dijo este viernes que deja esa cartera de Estado “orgulloso por el trabajo realizado” y que se va con la frente en alto”.

En puertas de la Casa Grande del Pueblo, luego de la posesión de la nueva titular de Salud, María Renée Castro, la exautoridad destacó su gestión en torno a las acciones contra la pandemia de COVID-19.

“Nos sentimos orgullosos por el trabajo desarrollado. Nos ha tocado enfrentar la crisis sanitaria más grande de la historia de la salud en Bolivia y en el mundo. Lo hemos hecho de manera satisfactoria”, dijo a los medios.

Auza ocupó ese cargo desde el 16 de enero de 2021 en reemplazo de Édgar Pozo. Desde entonces, dirigió la cartera de Salud, hasta el sorpresivo cambio conocido la mañana de este viernes.

“Estamos agradecidos con el Presidente por la oportunidad de haber servido al pueblo boliviano (…). Le deseamos éxitos a la nueva ministra de Salud y estamos seguros que va a dar continuidad este trabajo desarrollado”, dijo Auza.

Otro cambio, aunque menos sorpresivo, ocurrió en el ministerio de Minería. Marcelino Quispe fue nombrado como titular de esa cartera, en reemplazo de Ramiro Villavicencio, cuestionado por la dirigencia minera de varias regiones.

El 17 de mayo, en el acto de posesión del nuevo ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, el presidente Luis Arce pidió a las autoridades de Estado y funcionarios en general a “dejar limpio el apellido” para sus familias.

Así, aludió al saliente del ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos, envuelto en un escándalo de corrupción con el presunto cobro de coimas para varios proyectos.

La Fiscalía tramita la declaración de rebeldía de Claudia, la denominada testigo clave del caso de supuesta corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).

La testigo declaró ante el Ministerio Publico el pasado detalles sobre cómo ocurrieron los supuestos hechos ilícitos, en los que, además, reconoció su participación.

“Estamos tramitando la declaratoria de rebeldía. Significa el Ministerio Público la ha buscado y, al no estar presente, se la ha imputado”, dijo el fiscal departamental de La Paz, William Alave.

Claudia, que dijo ser “recaudadora” del dinero que, según afirmó, era para para el entonces titular del MMAyA, Juan Santos, reveló los hechos de corrupción en una entrevista con la red DTV el 13 de mayo. En ella contó de procesos con “millonarias coimas” y la compra de al menos 30 inmuebles adquiridos con esos recursos.

Luego de eso, su abogado, Ricardo Rodríguez, solicitó “amplias garantías” para su defendida, debido a “lo delicado” de sus declaraciones.

Sin embargo, el jurista admitió que su defendida también “tiene que ser investigada por legitimación de ganancias ilícitas” por su participación en los presuntos hechos irregulares.

“La norma es benigna para las para este tipo de personas que toman valor y denuncian estos hechos de corrupción”, señaló.

Fiscalía de La Paz

El fiscal Alave, dijo que se emitió una orden de control migratorio para evitar que la testigo salga del país, y le pidió que declaré “en cualquier lugar” del territorio boliviano.

“Sabemos que está en Bolivia. Le damos las garantías suficientes para que pueda dar todos los detalles que conoce sobre este hecho”, complementó Alave.

Por ese caso, el exministro renunció a su cargo y la Fiscalía dictó su detención preventiva en el penal de San Pedro, por un tiempo de seis meses.

El avance de las investigaciones, además, derivó en la detención preventiva de dos funcionarios, Alexander S. y Viviana B., quienes presuntamente eran recaudadores de Santos. Entre ambos poseían nueve viviendas sin declaración ante la Contraloría General del Estado y la mujer llevaba Bs 630.000.

Entretanto, el presidente Luis Arce posesionó a Rubén Méndez como nuevo titular de esa cartera de Estado.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame retó a sus correligionarios a expulsarla de la alianza, por votar en contra de la censura del ministro de Justicia, Iván Lima, en una sesión de interpelación.

“Si cree CC que yo merezco ser expulsada (de la alianza); que soy una tránsfuga, etcétera, tiene a su alcance todas las medidas y todas las disposiciones legales que están previstas en la ley de partidos políticos”, dijo la legisladora opositora en entrevista con La Razón Radio.

La noche del martes, por iniciativa de CC, el ministro Lima respondió a una interpelación de 11 preguntas; ese informe terminó aprobado por la mayoría de los legisladores presentes, entre ellos Salame.

Las repercusiones fueron inmediatas. Acusándola de “transfugio político”, el diputado de CC Alberto Astorga pidió la expulsión de Salame. “Yo no lo conozco, no sé quién es”, dijo en La Razón la legisladora chuquisaqueña.

“No podemos escapar este tipo de transfugio. Voy a pedir la expulsión de esta senadora (Salame) porque ha avalado al ministro de Justicia en su persecución política y en la falsa teoría de golpe cuando todos sabemos que en 2019 ha existido un fraude”, dijo Astorga el miércoles.

Salame señaló que no tiene ningún inconveniente en ser sometida a cualquier tipo de proceso y que espera “cualquier notificación” en ese sentido.
Justificó su decisión de no censurar a Lima con el trabajo ya realizado en en torno a las elecciones judiciales. “No se trata de un problema político, se trata de un bien mayor, que es la justicia de nuestro país”, apuntó.

Silvia Salame

“La Constitución me da esa facultad de expresar mi opinión y además de tener un libre pensamiento. Nadie me puede decir esto es verde o esto es negro; yo, de acuerdo a mis principios y valores y a mi formación, diré cómo es esa situación”, protestó.

En esa línea, un comunicado oficial de CC señala que el voto por la censura del titular de Justicia fue asumido de manera conjunta; además, señala que cada legislador de esa fuerza expuso sus razones.

“La decisión de la Senadora Silvia Salame fue personal y contraria a la posición de la Alianza (CC) y de las y los parlamentarios presentes y en atención a las normas internas de Comunidad Ciudadana, se le pedirá una justificación”, señala el documento difundido en redes sociales.

Salame reveló que pocas veces asiste a reuniones de CC y que no tuvo un contacto reciente con el jefe de esa alianza, el expresidente Carlos Mesa.

Vea la entrevista completa: