Decenas de indígenas de Guatemala recordaron este sábado en una de las zonas más golpeadas por la guerra civil a las miles de víctimas que dejó este conflicto. Este hecho desangró el país centroamericano entre 1960 y 1996.
Estamos conmemorando «a los que dieron su vida y su sangre» por la paz, dijo a la AFP Diego Rivera, sobreviviente de la guerra en el municipio maya de Nebaj.
Junto a los poblados de Cotzal y Chajul, Nebaj forma parte de la región maya-ixil, una zona en la que se produjeron masacres de indígenas.
Por esos crímenes, tipificados como genocidio, la justicia condenó en 2013 a 80 años de prisión al exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983). La sentencia fue anulada posteriormente por errores en el proceso.
El general retirado falleció en 2018, a los 91 años, mientras se repetía el juicio.
Cada 25 de febrero, desde 2004, se conmemora en Guatemala el Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas de la guerra civil; por la fecha en la que en 1999 se presentó el informe «Memoria del Silencio», de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, auspiciada por la ONU.
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Saldo
El documento concluyó que la guerra entre el gobierno y facciones guerrilleras de izquierda, finalizada en 1996 con la firma de la paz; dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos y responsabilizó del 93% de las violaciones de derechos humanos a las fuerzas de seguridad del Estado, principalmente al Ejército.
Rivera, agricultor de 68 años, señaló que existe «descontento» entre los familiares y víctimas del conflicto armado con el gobierno del presidente derechista Alejandro Giammattei (2020-2024); al que acusan de desatender las peticiones de reparación digna.
«Todas las secuelas de este conflicto siguen en nuestras vidas», afirmó Juana Baca (48), integrante de la Red de Mujeres Ixiles.
Durante la conmemoración en Nebaj fue desplegada una manta gigante con la frase «Nunca más ríos de sangre en Guatemala»; en rechazo a la candidatura presidencial para las elecciones de junio de la exdiputada Zury Ríos, hija de Ríos Montt.
Grupos de víctimas accionaron legalmente el viernes contra esa candidatura; al alegar que un artículo de la Constitución prohíbe la participación política de los familiares de quienes hayan liderado golpes de Estado.
La restricción constitucional dejó fuera a Zury Ríos de la elección presidencial de 2019, pero en estos comicios el tribunal electoral avaló su candidatura.