El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha publicado este viernes un primer video en sus perfiles de Facebook y YouTube. Esto, tras recuperar sus cuentas después de que fuesen suspendidas hace más de dos años alegando violación de las políticas contra la incitación a la violencia en relación al asalto al Capitolio.

Cadena CNN

«Siento la espera. Asuntos complejos», reza el mensaje que ha publicado el magnate. Mensajes publicados en ambas plataformas. Pertenece a un fragmento del discurso que pronunció tras ser elegido presidente y que fue retransmitido por la cadena CNN.

YouTube ha anunciado este mismo viernes el restablecimiento del canal del expresidente. «Evaluamos cuidadosamente el riesgo continuo de violencia en el mundo real, mientras equilibramos la posibilidad de que los votantes escuchen por igual a los principales candidatos nacionales en el período previo a una elección», ha apuntado YouTube en su perfil oficial de comunicación en Twitter.

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Campaña electoral

La plataforma hace así alusión a la futura campaña electoral de Trump, quien ha confirmado ya su candidatura para las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2024. Esta decisión de YouTube se suma a las recientes de Twitter y Meta –matriz de Facebook–, quienes también han levantado su veto sobre el exmandatario.

YouTube suspendió la cuenta de Trump a mediados de enero de 2021. En la suspensión argumentó que un vídeo compartido por el expresidente había violado su política contra la incitación de la violencia. Desde entonces Trump no ha podido compartir nuevos vídeos e incluso vio como se capaba la posibilidad de comentar en los ya publicados.

Por su parte, la empresa Meta, matriz de plataformas como Facebook o Instagram — que anunció que levantaría el veto a Trump a principios de febrero– suspendió en junio de 2021 la cuenta al expresidente por estos mismos motivos.

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, ha denunciado este viernes que si no se modifica una de las cláusulas contenidas en el proyecto de ley de sometimiento de grupos armados sin estatus político podrían salir cerca de 3.500 personas de las cárceles colombianas condenadas o procesadas por delitos de lesa humanidad, como secuestros, tráfico de personas, masacres o desplazamientos forzados.

El fiscal general ha presentado una lista con 12 ‘líneas rojas’ dentro del proyecto de ley defendido por el presidente, Gustavo Petro, quien afirma que se trata de un gran acuerdo de paz, que prevé beneficios jurídicos a los miembros de grupos armados –entre los que no se incluyen jefes de las organizaciones ni sospechosos de participar en delitos graves– a cambio de colaboración y rendición.

«Por vía de este artículo de no eliminar el concierto para delinquir agravado o no limitar el artículo primero del 326, estarían desocupándose básicamente las cárceles o por lo menos se generaría un comercio de beneficios y de negocios en las cárceles del país», ha explicado en rueda de prensa, según ha recogido Noticias Caracol.

En este sentido, ha tildado de «muy grave» el plan planteado por Petro y ha afirmado además que supone un «boquete» por el que se filtraría toda la alta criminalidad. «No los cabecillas, sino todas las personas que están por debajo que hubiesen cometido esos delitos», ha afirmado.

Ante las críticas, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se ha apresurado a afirmar desde Bucaramanga que «ninguno» de los proyectos de ley presentados ante el Congreso «plantea dejar en libertad a delincuentes de alto impacto», según ha recogido Blu Radio.

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EL CONTROL DE LA POBLACIÓN

Por otro lado, Barbosa ha alertado que la Fiscalía cuenta con información de que grupos de las disidencias de las FARC estarían dando carnés de identidad a la población, en lugares como el departamento de Caquetá, para ejercer un control de las entradas y salidas de las localidades.

«Tenemos información que está siendo verificada por la Fiscalía. Están carnetizando en Caquetá a ciudadanos por parte de organizaciones criminales para que entren a ciertos municipios. Esa es una información que está siendo verificada por la Fiscalía y que seguramente va a ser puesta hoy en consideración en el Consejo de Seguridad», ha expresado, según ha recogido la cadena RCN.

El miércoles, se presentó en el Congreso la iniciativa del Gobierno para someter a los grupos armados sin estatus político al poder judicial. Petro defendió que este texto es semejante al de legislaciones de Estados Unidos, en las que se contempla la posibilidad de otorgar beneficios jurídicos a delincuentes a cambio de ayudar a desmantelar sus redes criminales.

Sin embargo, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, sostiene lo contrario, que esta nueva iniciativa beneficiará a narcotraficantes. En esa línea protesta la oposición, que pese a que ya ha sido desmentido por el Gobierno, insiste en afirmar que con esta ley se daría estatus político a las organizaciones del crimen organizado.

El texto, pensado para organizaciones como el Clan del Golfo y otras estructuras paramilitares, plantea penas de prisión de entre seis y ocho años para aquellos que se acojan al plan, además de un crea un fondo especial para reparar a las víctimas financiado con los bienes adquirido ilegalmente por estas personas.

En caso de que obtenga el visto bueno del Congreso, el Gobierno de Petro podrá entonces iniciar conversaciones para desestructurar a cambio de beneficios judiciales a estos grupos, mientras continúan las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la espera de que comience el mismo proceso con las disidencias de las FARC, únicos grupos con carácter político.

El presidente del Tribunal Penal Internacional (TPI), Piotr Hofmanski, ha catalogado la decisión del organismo de emitir una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como «una señal muy importante para el mundo». Asimismo, para las víctimas del supuesto plan ruso de deportación forzada de niños ucranianos.

En declaraciones para la cadena de televisión estadounidense CNN, Hofmanski ha reconocido que estas órdenes de arresto no son «varitas mágicas».

Si bien ha defendido su «efecto disuasorio», y considera que dan buena prueba de la labor que está desarrollando la institución en el marco de la guerra en Ucrania. Esta fue iniciada por orden de Putin hace ya más de un año.

«Es una señal muy importante para el mundo de que estamos haciendo nuestro trabajo; que las víctimas no se quedan solas, no se olvidan y simplemente estamos haciendo lo que se espera», ha manifestado el presidente del TPI. Respecto a la orden de arresto impuesta contra Putin y la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación Rusa, Maria Lvova-Belova.

123 Estados

Así, el presidente del TPI ha advertido a Putin de que, a partir de ahora, «hay 123 Estados, dos tercios de los Estados del mundo, en los que no estará seguro», en alusión a los países firmantes del Estatuto de Roma, que derivó en la creación del Tribunal Penal Internacional. Ucrania firmó el acuerdo, si bien nunca ha llegado a ratificarlo; Rusia y Estados Unidos, pro su parte, lo rechazaron tras firmarlo.

En este punto, Hofmanski ha recordado que, en base a los estatutos del TPI, «todos los Estados parte tienen la obligación legal de cooperar plenamente con la corte, lo que significa que están obligado a ejecutar las órdenes de arresto emitidas por el tribunal».

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Sin embargo, el presidente del TPI ha advertido que esta decisión no es el «fin del juego», pues el caso «puede expandirse y también cubrir otras atrocidades presuntamente cometidas en el territorio de Ucrania», aunque bien es cierto que ha admitido no tener conocimiento de ninguna futura maniobra de la institución.

Orden de arresto contra Putin

El TPI ha emitido este viernes una orden de arresto contra Putin y Maria Lvova-Belova, acusados de haber cometido el presunto crimen de guerra. En el cual deportaban de forma forzada a menores de edad ucranianos, desde zonas capturadas durante la guerra, iniciada hace ya más de un año, hacia territorios rusos.

El tribunal entiende «motivos razonables» para creer que el presidente Putin «tiene responsabilidad penal individual» por estos delitos. Bien por su comisión «directa» o por haber sido incapaz de «ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos».

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha elevado a la categoría de «decisión histórica» la orden de arresto presentada este viernes. Presentada por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Además de la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación de Rusia, Maria Alekseievna Lvova-Belova.

«Hoy tenemos una decisión fundamental de la Justicia internacional. En un caso que tiene verdadera perspectiva. El Tribunal Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra Putin.

La decisión histórica de la que partirá una rendición de cuentas histórica», ha aseverado el Zelenski. Lo mencionó a través de un comunicado difundido por la Presidencia ucraniana.

Crimen de guerra

Así, el presidente Zelenski ha incidido en que la orden de arresto sitúa a su homólogo ruso y a Lvova-Belova como «oficialmente sospechosos de un crimen de guerra». Se les acusa de haber deportado «a miles de niños» desde los territorios ocupados por Rusia en el este de Ucrania hacia el «territorio del Estado terrorista». Todo lo mencionado en el marco de una guerra iniciada hace ya más de un año.

«Ya se han registrado más de 16.000 casos de deportación forzada de niños ucranianos por parte del ocupante en procedimientos penales investigados por nuestros agentes del orden. Pero el número real y completo de deportados puede ser mucho mayor», ha advertido Zelenski, quien ha atribuido a Putin la responsabilidad final de estos supuestos delitos.

Para el mandatario ucraniano, sería «imposible» cometer una operación a tal escala sin las órdenes del «máximo líder del Estado terrorista». «Separar a los niños de sus familias, privarlos de cualquier oportunidad de contactar con sus familiares, esconderlos en el territorio de Rusia, enviarlos a regiones remotas; todo esto es una política estatal», ha aseverado.

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TPI

Más allá de sus acusaciones a Putin, Zelenski ha mostrado su agradecimiento al TPI y a su fiscal jefe, Karim Khan, así como a todos aquellos que están colaborando y ayudando a Ucrania «en la lucha por la Justicia». En la misma línea, ha ensalzado la labor de los militares desplegados en el frente, especialmente a quienes combaten en escenarios de intensos enfrentamientos, como Bajmut o la región de Lugansk.

Las órdenes de arresto de este viernes representan los primeros cargos internacionales presentados desde el comienzo del conflicto y llegan después de meses de trabajo de un equipo especial de investigación a las órdenes del fiscal jefe Khan. Para su emisión ha sido necesario que un panel preliminar de jueces aceptara la validez de las pruebas presentadas.

La decisión del TPI ya había sido celebrada previamente por altos cargos de la Administración ucraniana, como el ministro de Exteriores, Dimitro Kuleba; el primer ministro, Denis Shmigal; o el jefe de la Oficina de la Presidencia, Andriy Yermak. Todos han coincidido en la importancia de la orden de arresto, que hará que «los delincuentes internacionales rindan cuentas por robar niños, y otros delitos».

La Fiscalía de Perú solicita que el Estado sea declarado propietario de los bienes del expresidente Alejandro Toledo, a la espera que se resuelva su extradición.

Además de sus bienes, la petición de la Fiscalía también incluye los que estén a nombre de su «entorno familiar».

Actualmente, el expresidente peruano se encuentra en Estados Unidos en libertad bajo fianza.

Mientras se resuelve su recurso de ‘habeas corpus’, con el que pretende frenar su extradición.

En su último recurso, Toledo alegó que la crisis política tras la detención del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022 pone en peligro el proceso judicial.

Incluso a aseguró que su seguridad estaría en peligro ya que el actual estado de emergencia está «impulsado por prejuicios racistas».

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Expresidente Toledo

Toledo está acusado por las autoridades peruanas de colusión y blanqueo de capitales.

En el marco de la investigación por sobornos que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht.

En el marco de esta operación, Toledo fue detenido en Estados Unidos en julio de 2019 con vistas a su extradición a Perú.

Sin embargo, en marzo de 2020 logró la libertad bajo fianza alegando riesgos a su salud por la pandemia de coronavirus.

Adelanto de elecciones

La Comisión de Constitución del Congreso de Perú rechazó el martes un predictamen que proponía el adelanto de elecciones generales para este 2023.

La propia Dina Boluarte, presidenta del país, manifestó en reiteradas ocasiones su apoyo a la convocatoria de nuevos comicios.

La propuesta recogía hasta 16 proyectos de ley presentados por diferentes grupos parlamentarios.

Los integrantes de la mencionada comisión no han llegado a un acuerdo debido a discrepancias.

Principalmente a la hora de fijar una fecha y también porque se han condicionado las elecciones a un referéndum.

Así pues, el predictamen fue rechazado por 12 votos en contra y nueve a favor, según informó el propio Congreso de la República.

(17/03/2023)