Decenas de cuerpos fueron exhumados en el patio de un hospital de la Franja de Gaza que había sido objeto de una incursión israelí, indicó el domingo la Defensa Civil de este territorio palestino en el que Israel promete aumentar su presión sobre Hamás.

«En los próximos días aumentaremos la presión militar y política sobre Hamás, ya que es la única manera de liberar a nuestros rehenes y lograr nuestra victoria», declaró en un vídeo el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Tras más de seis meses de ofensiva contra el movimiento islamista palestino, el dirigente israelí sigue decidido a lanzar una ofensiva terrestre en Rafah, en el extremo sur de Gaza.

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Presión de Israel

La comunidad internacional mostró su oposición y su preocupación ante esta posible operación, ya que cerca de 1,5 millones de personas se hacinan en esta ciudad.

También en el sur del territorio palestino, en Jan Yunis, la Defensa Civil anunció haber descubierto al menos 50 cuerpos de personas abatidas y enterradas por las fuerzas israelíes en el complejo médico Nasser.

«Algunos cuerpos estaban desnudos, lo que ciertamente indica que sufrieron tortura y abuso», declaró.

Un fotógrafo de la AFP vio este domingo a miembros de la Defensa Civil exhumando restos humanos en el patio.

El ejército israelí, que retiró a sus soldados de Jan Yunis tras llevar a cabo una «operación precisa y limitada» en el hospital, indicó a la AFP que estaba verificando las afirmaciones.

‘Vivir o morir’

Este macabro descubrimiento se produce después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobase el sábado una ayuda militar de 13.000 millones de dólares para su aliado Israel.

Este domingo, Hamás consideró que esa ayuda da «luz verde» a Israel «para continuar la agresión brutal» contra los palestinos y acusó a Washington de tener «responsabilidad política, jurídica y moral por los crímenes de guerra» cometidos por Israel.

La guerra fue desencadenada el 7 de octubre, cuando combatientes islamistas mataron a unas 1.170 personas en Israel y secuestraron a otras 250, según un cómputo de la AFP basado en datos oficiales israelíes.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre que dejó hasta ahora 34.097 muertos en Gaza, según el Ministerio de Salud del asediado territorio palestino, gobernado por Hamás desde 2007.

Al menos 16 personas murieron el domingo en bombardeos israelíes contra dos casas en Rafah, según la Defensa Civil de Gaza.

Como cada día, sobrevivientes rebuscaban entre los escombros tras una noche de pánico. «Estábamos durmiendo y de repente nos despertó la pesadilla de una explosión. El techo se cayó sobre los niños», contó Umm Hassan Kloub, de 35 años.

«Vivimos en el terror en cada instante. No sabemos si vamos a vivir o morir», añadió la mujer, cuya casa alberga a familias desplazadas.

Cisjordania

En Cisjordania ocupada murieron también dos palestinos el domingo, abatidos por soldados israelíes, según el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, la instancia que gobierna parcialmente la zona.

El ejército israelí afirmó que los individuos habían intentado atacar a militares en los alrededores del pueblo de Beit Einun. Esto cerca de la ciudad de Hebrón.

En los últimos días, una incursión israelí en el campo de Nur Shams, cerca de Tulkarem, se saldó con 14 muertos. Eso según la Media Luna Roja palestina.

Desde el 7 de octubre, más de 480 palestinos fueron abatidos en Cisjordania por soldados israelíes y colonos, según el Ministerio de Salud palestino.

Y al menos 19 israelíes murieron a manos de palestinos en Cisjordania e Israel, según la inteligencia israelí.

Una región ‘en llamas’

La guerra en Gaza también avivó otras tensiones en Oriente Medio, especialmente con el inédito ataque de Irán contra Israel el 13 de abril con unos 350 drones y misiles. La mayoría de los cuales fueron interceptados.

Este domingo, el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, elogió los «éxitos alcanzados por las fuerzas armadas en los últimos acontecimientos». Que ilustran la «grandeza» de Irán en la escena internacional.

La República Islámica había afirmado que el ataque fue una respuesta al bombardeo de su consulado en Damasco el 1 de abril. Atribuido a su archienemigo Israel y que mató a siete miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, dos de ellos con el grado de general.

Israel prometió tomar represalias y medios oficiales iraníes dieron parte el viernes de explosiones cerca de una base militar. Esto en el centro del país, aunque el ejército israelí se abstuvo de comentar lo ocurrido.

Irán minimizó el sábado los hechos y su canciller, Amir Abdollahian, comparó el ataque a un juego de niños.

Pero para el analista político iraní Hamid Gholamzadeh, «la región está en llamas. Una guerra total puede desencadenarse en cualquier momento, y acciones de este tipo la vuelven más inminente».

(21/04/2024)

Al menos 500.000 personas protestaron este domingo en las principales ciudades de Colombia, en la mayor manifestación contra el gobierno de Gustavo Petro desde que llegó al poder hace veinte meses y en momentos en que su popularidad está en rojo.

El variopinto grupo de convocantes incluyó organizaciones médicas, la oposición, fuerzas políticas de centro, y algunos antiguos aliados de izquierda con diversos clamores: rechazan sus proyectos para estatizar el servicio de salud, su iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y las negociaciones de paz con grupos armados que no han detenido la violencia.

«Yo voté por el cambio, por Petro, pero seguimos con lo mismo. Marcho porque sigo pensando que Colombia tiene alguna esperanza», dijo a la AFP Martha Estrada, pensionada de 64 años con un sombrero tricolor en Bogotá.

En la capital la lluvia no detuvo a los manifestantes y decenas de miles se congregan en la central Plaza de Bolívar, vecina de la sede presidencial, constató la AFP.

Petro llegó al poder hace casi dos años como el primer izquierdista en gobernar un país tradicionalmente dirigido por élites conservadoras.

Con 60% de desaprobación, según la encuestadora Invamer, el mandatario ha ido perdiendo apoyo de las fuerzas políticas en el Congreso y también en la plaza pública donde suele ser muy activo.

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Contra Petro

En Cali (suroeste), Medellín (noroeste) y Barranquilla (norte) los manifestantes se sumaron con banderas de Colombia, camisetas blancas y un grito al unísono: «¡Fuera Petro!».

En las principales capitales hubo en total cerca de medio millón de manifestantes, según cifras oficiales. Solo en Medellín salieron a protestar unas 350.000 personas, de acuerdo con la Personería.

Marcha de las batas blancas

Aunque el presidente no se ha pronunciado directamente, publicó en la red X el video de una vieja sátira de televisión, en el que la «clase dominante» protestaba.

No es la primera manifestación contra el gobierno pero sí la más multitudinaria.

Uno de sus proyectos de reformas, el de la salud, dividió al país cuando el mandatario empezó a implementar por vía administrativa varios de sus ejes centrales ante las dificultades de lograr apoyos en el Congreso.

El presidente aspira a reducir la participación de privados en la prestación de servicios sanitarios, y en los últimos días intervino varias de las entidades que sirven de intermediarias de los recursos entre el Estado y los hospitales, para controlar su presupuesto.

Expertos coinciden en que el sistema está en bancarrota y debe reformarse, pero algunos cuestionan la manera en que el gobierno pretende hacerlo.

Con el nombre de «marcha de las batas blancas», los médicos manifestaron su «desacuerdo con el actual manejo del sistema de salud por parte del gobierno».

Según Invamer, el 56% de los encuestados en abril rechazaron que el gobierno «esté interviniendo algunas de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) en Colombia para administrar directamente el sistema».

«Estoy aquí como ciudadano, médico y colombiano. (…) Como médico se ve el deterioro porque no hay medicamentos para dar a los pacientes, porque los pacientes demoran en la atención», relató el doctor Julio Rivero, de 35 años, en Bogotá.

Paz maltrecha

Manifestantes en distintas ciudades llevaban pancartas alusivas a la inseguridad, y a la violencia de rebeldes y narcos en el campo.

«Este señor protege más a los malandros (criminales) de la guerrilla que a la gente buena de este país. (…) Es el momento de unirnos para que sienta que no somos los ricos, somos todos, la clase media trabajadora, que necesitamos un cambio», dijo Betty Ospina, manifestante de 67 años.

La ambiciosa política de «Paz Total» con la que el gobierno aspira desactivar seis décadas de conflicto armado sufre reveses.

Sus detractores rechazan las concesiones que reciben los grupos armados en medio de las negociaciones de paz, pese a las frecuentes violaciones a lo pactado y las pocas muestras de voluntad de deponer las armas.

Las negociaciones con los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han sufrido varias crisis por asesinatos, secuestros y ataques a la fuerza pública.

Dato

Un 70% de los colombianos cree que el país está «empeorando», según Invamer.

Las protestas llegan además en medio de una crisis hídrica debido a una grave sequía que tiene a más de 10 millones de personas en racionamiento de agua en Bogotá. El fin de semana volvieron las lluvias, pero no han sido suficientes, según autoridades.

El presidente ordenó suspender la exportación de energía a Ecuador y el viernes decretó un «día cívico» con la solicitud de ahorrar agua y energía y «salir este fin de semana a sitios de otras cuencas hidrográficas para disminuir la presión de consumo» en Bogotá.

La medida fue vista por algunos críticos de Petro como un golpe a la convocatoria de protestas de este domingo.

El director de una cárcel de la costera provincia de Manabí, en el oeste de Ecuador, fue asesinado a tiros este domingo, cuando se celebra un referendo para endurecer la guerra contra el crimen organizado, informó el servicio penitenciario (SNAI).

Damián Parrales, director de Centro de Privación de Libertad Manabí número 4, conocido como El Rodero, «fue víctima de un atentado que lamentablemente terminó con su vida», señaló el organismo en un comunicado. En Ecuador las prisiones son centros de operaciones del narco y teatro de cruentas matanzas entre presos que dejan más de 460 fallecidos desde 2021.

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Referendo

Unos 13,6 millones de los 17,7 millones de habitantes están llamados a votar por el Sí o No en 11 preguntas impulsadas por el presidente Daniel Noboa, para quien el referendo será un termómetro de cara a su intención de ir por la reelección en febrero próximo.

De 36 años y elegido en atípicos comicios por un periodo de 18 meses, el mandatario consultará sobre aprobar la extradición de ecuatorianos por terrorismo, ampliar las funciones de militares en su lucha contra el crimen y aumentar las penas para delitos como narcotráfico.

Alcaldes

Un grupo de sujetos armados mató a disparos el viernes al alcalde de Portovelo, Jorge Maldonado. Cuando se encontraba en una zona comercial ubicada en el centro de este cantón, ubicado en la provincia de El Oro, en el sur de Ecuador.

Este es el segundo alcalde en Ecuador que ha muerto a tiros en menos de una semana. Después de que varios hombres armados mataran el miércoles a José Sánchez, alcalde del cantón de Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, en el suroeste del país.

Las 11 preguntas planteadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el referendo de este domingo apuntan a permitir la extradición de connacionales, endurecer condenas contra el crimen organizado, crear judicaturas especializadas y restablecer el trabajo por horas y el arbitraje internacional.

Las interrogantes, a las que los ecuatorianos responderán «Sí» o «No», serán resueltas mediante un referendo (cinco) y consulta popular (seis), apuntan a darle un mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, que ha convertido a la nación en estratégico centro de sus operaciones y desatado una ola de violencia.

Referendo:

– Que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía para combatir el crimen organizado.

Actualmente, la Constitución establece que los militares están a cargo de la defensa de la soberanía, mientras que el mantenimiento del orden público es responsabilidad de la policía.

– Permitir la extradición.

La Constitución determina que en ningún caso se concederá la extradición de ciudadanos ecuatorianos. La enmienda constitucional propuesta se refiere a delitos de terrorismo y contra la humanidad, con la condición de no aplicarse la pena de muerte en el país de destino.

– Establecer judicaturas especializadas en materia constitucional.

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Los jueces especializados, que de aprobarse la medida se instalarán en todo el país, resolverán exclusivamente en sus propias jurisdicciones. En Ecuador se han dado casos en que políticos y delincuentes se han visto beneficiados por medidas de amparo dictadas por magistrados de lugares que no corresponden a los procesos.

– Reconocer al arbitraje internacional para solucionar controversias en inversión y comerciales.

En el gobierno del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), Ecuador dio por terminados los tratados bilaterales de inversión y se retiró de organismos de arbitraje como el CIADI.

– Establecer el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas.

La administración de Correa eliminó el trabajo por horas al considerar que precarizaba las condiciones laborales. La iniciativa de Noboa para fomentar empleo es rechazada por sectores sindicales e indígenas.

Consulta popular:

– Que las Fuerzas Armadas realicen controles de armas en los accesos a cárceles.

Las prisiones, donde las autoridades han hallado armas más sofisticadas que las de la propia fuerza pública, han sido escenarios de cruentas matanzas entre presos miembros de bandas narco que se disputan el poder.

– Incremento de penas para diez delitos como terrorismo, narcotráfico y sicariato.

Noboa, en guerra contra el narcotráfico, declaró «terroristas» a una veintena de bandas. Ese delito es ahora sancionado con hasta 13 años de cárcel.

– Eliminación de rebajas de penas para los condenados por delitos como terrorismo.

– Que la fuerza pública pueda utilizar de inmediato las armas incautadas.

– Tipificar el delito de tenencia o porte de armas de uso privativo de militares y policías.

– Simplificar el procedimiento de la ley de Extinción de Dominio para que el Estado pase a ser titular de los bienes de origen ilícito o injustificado (incautados).

De ganar el Sí en el referendo, las enmiendas constitucionales entrarán en vigencia en cuanto los resultados sean publicados en el Registro (Diario) Oficial.

En el caso de la consulta popular, las propuestas deberán ser debatidas y aprobadas por la unicameral Asamblea Nacional (Congreso), en el que la oposición es mayoría pero está dispersa.

Los ecuatorianos votarán el domingo para resolver en referendo si endurecen las medidas contra el crimen organizado y las bandas narco, bajo la sombra del asesinato de dos alcaldes esta semana, la imparable violencia y los peores apagones de su historia.

Unos 13,6 millones de los 17,7 millones de habitantes están llamados a votar por el Sí o No en 11 preguntas impulsadas por el presidente Daniel Noboa, para quien el referendo será un termómetro de cara a su intención de ir por la reelección en febrero próximo.

De 36 años y elegido en atípicos comicios por un periodo de 18 meses, el mandatario consultará sobre aprobar la extradición de ecuatorianos por terrorismo, ampliar las funciones de militares en su lucha contra el crimen y aumentar las penas para delitos como narcotráfico.

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«Que gane el Sí, al presidente Noboa le representa más oxígeno de popularidad, de aceptación», dijo a la AFP el coordinador de Ciencia Política de la privada Universidad San Francisco, Pablo Medina.

De conseguirlo, «hay muy poco que va a cambiar, no creo que sean grandes herramientas de gobernabilidad ni tampoco de política pública», añadió. 

Sondeos estiman que el Sí triunfará hasta con un promedio de 65% en las votaciones del domingo, que se darán en un contexto de masacres en calles, violencia política y creciente poderío narco. 

En el sur minero dos alcaldes fueron asesinados entre miércoles y viernes. Hace un mes también mataron a la jefa municipal de un balneario en el Pacífico.

Una docena de políticos, incluido el candidato presidencial Fernando Villavicencio, han muerto a tiros desde 2023, cuando los homicidios treparon al récord de 43 por cada 100.000 habitantes frente a los 6 en 2018.

«Este domingo les vamos a dar la peor paliza de la historia» a los criminales, aseguró Noboa en un video en Instagram, mientras levantaba pesas en un gimnasio y exhibía sus músculos. 

Segundo intento por la extradición

Con una popularidad de 69%, Noboa declaró la guerra a las organizaciones ligadas a carteles de México y Colombia tras una violenta arremetida en enero, con una veintena de muertos.

Entonces decretó un conflicto armado interno y ordenó a las Fuerzas Armadas doblegar a una veintena de agrupaciones consideradas «terroristas» y «beligerantes».

El viernes, el gobierno reveló una lista de «objetivos militares» liderada por Ismael ‘El Mayo’ Zambada, capo del cartel mexicano de Sinaloa, y Geovany Andrés Rojas, conocido como ‘Araña’, del grupo colombiano Comandos de Frontera, una disidencia de la exguerrilla FARC.

La extradición de ecuatorianos es la punta de lanza del referendo cuando la Constitución la prohíbe desde 1945. Un 59% está de acuerdo con esa medida, según la investigadora Comunicaliza.

La población fue consultada sobre el tema en febrero de 2023, antes del magnicidio de Villavicencio, cuando el No se impuso con 52%.

En Colombia, el barón de la cocaína Pablo Escobar libró una lucha sin cuartel contra el Estado para evitar extradición a Estados Unidos que estuvo marcada por una ola de coches bomba, secuestros y asesinatos de políticos, periodistas y jueces.

Noboa militarizó las cárceles, centros de operaciones del narco y teatros de cruentas matanzas entre presos que dejan más de 460 muertos desde 2021.

La mano dura ha reducido el índice de homicidios, de acuerdo con el gobierno, pero la violencia recrudeció en el último mes. «Se trata de un rebrote» en respuesta a las acciones contra el crimen, manifestó a la AFP el coronel en retiro Mario Pazmiño, exjefe de inteligencia del Ejército.

Apagones en el «peor momento»

A la violencia, se sumó la mayor crisis eléctrica en la historia de Ecuador con apagones de hasta 13 horas. 

El gobierno sostiene que, además de la sequía que empezó en marzo, hubo sabotaje y corrupción que afectaron la operación de hidroeléctricas. 

Ante la emergencia, el gobierno dio asueto obligatorio el jueves y viernes, aunque asegura que habrá luz durante la jornada de referendo gracias a lluvias de último momento.

Para el politólogo Medina, la crisis energética le llega a Noboa en «el peor momento» pues es de «gran impacto» para su imagen de cara al referendo.

Seis de las preguntas van dirigidas a reformas legales (consulta popular) y cinco a enmiendas constitucionales (referendo). La mayoría persigue dar un inédito protagonismo a las Fuerzas Armadas en la guerra contra el narco. 

Ecuador también enfrenta un lío diplomático, derivado del asalto policial a la embajada mexicana en Quito hace dos semanas para capturar al asilado exvicepresidente Jorge Glas (2013-2017), indagado por corrupción. 

La oposición se mostró algo distante frente al referendo, aunque rechaza la reinstauración del arbitraje internacional para resolver controversias comerciales y el trabajo por horas. Frente a este último se oponen también los sindicatos y la poderosa organización indígena Conaie, protagonista de revueltas que derrocaron a tres presidentes entre 1997 y 2005.