El gobierno argentino ordenó el cierre de 13 corresponsalías provinciales de la agencia de noticias estatal Télam, luego de haber suspendido, en marzo, la actividad de la empresa con el fin de auditar sus operaciones.

En un comunicado del interventor de la empresa, Diego Martín Chaher, dirigido a empleados de Télam y difundido por la prensa este jueves, se instó a dar inicio a la «ejecución tendiente al cierre operativo de las corresponsalías» en 11 de las 23 provincias y la capital donde funciona Télam.

Las oficinas afectadas están en Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Mendoza.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo este viernes en conferencia de prensa que «si la agencia está cerrada porque los trabajadores están dispensados no tiene ningún sentido tener corresponsalías en el interior del país. Es una cuestión simplemente de sentido común».

El 3 de marzo el gobierno argentino había suspendido la actividad de Télam, dispensado a sus trabajadores de tareas y vallado dos de sus edificios en Buenos Aires, tras un anuncio del presidente ultraderechista Javier Milei de que cerraría la empresa de 78 años por ser supuestamente un instrumento «de propaganda».

Desde entonces, el sitio web de la agencia se encuentra fuera de servicio y con un aviso que dice «Página en reconstrucción».

Télam

Esta decisión se suma a la suspensión en marzo de todos los noticieros del fin de semana junto con la cancelación de todos los programas en vivo, excepto algunas emisiones de noticias, de la Televisión Pública. 

Además, se cortó el pago de horas extras y feriados en la Radio Nacional (la radio pública). Esto generó que en las 49 emisoras del interior del país se tuviera que cancelar la programación de fin de semana y retransmitir los programas de Buenos Aires.

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En este contexto, Argentina retrocedió 26 puestos y se colocó en la 66ª posición en el ranking de libertad de prensa, según el informe anual de Reporteros sin Fronteras publicado este viernes, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

«La situación es particularmente preocupante en Argentina tras la llegada al poder del presidente Javier Milei; su postura agresiva respecto al periodismo entorpece el pluralismo», señala el texto.

A comienzos de febrero, el nuevo gobierno ultraliberal argentino decretó la intervención por un año de todos los medios de comunicación estatales para «modificar la estructura orgánica y funcional».

La medida comprendía la radio y televisión pública, la agencia Télam. También el portal educativo Educ.ar, el Polo de Producción Audiovisual y el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (Bacua).

El movimiento islamista Hamás, que desde fines de abril estudia su respuesta a una propuesta de tregua con Israel en Gaza, anunció este viernes que el sábado enviará una delegación a El Cairo para reanudar las negociaciones, con un «espíritu positivo».

«La delegación de Hamás viajará a El Cairo mañana, sábado, para continuar las conversaciones. Destacamos el espíritu positivo con el que los dirigentes de Hamás trataron la propuesta de alto el fuego recibida recientemente; y vamos a El Cairo con el mismo espíritu para alcanzar un acuerdo», declaró el movimiento en un comunicado.

El plan de tregua incluye un cese de los combates por 40 días y un canje de rehenes israelíes retenidos en Gaza desde el 7 de octubre por palestinos presos en Israel.

Pero Hamás, que gobierna en Gaza desde 2007, exige un cese el fuego permanente. Además, la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza, arrasada por casi siete meses de guerra.

«Hamás y las fuerzas de resistencia palestinas estamos decididos a lograr un acuerdo que satisfaga las demandas de nuestro pueblo de un cese completo de la agresión, la retirada de las fuerzas de ocupación, el regreso de los desplazados, ayuda y reconstrucción, y un acuerdo de canje serio», indicó el comunicado.

La tregua sería la primera desde la que se estableció durante una semana a finales de noviembre. Esta permitió un canje de 105 rehenes retenidos en Gaza por 240 palestinos encarcelados en Israel. 

Propuesta de tregua

Un alto cargo político de Hamás acusó el viernes al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de intentar obstruir las negociaciones con sus declaraciones públicas en las que reitera su determinación de ordenar una invasión de Rafah, en el sur del Gaza. 

A Netanyahu «no le interesa un acuerdo y por eso hace declaraciones (…), para frustrar los esfuerzos», añadió el dirigente, Hosam Badran, en declaraciones a la AFP.

El mandatario israelí afirma que Rafah es el último bastión de los comandos de Hamás. Añadió que Israel no podrá proclamar victoria mientras no haya una operación terrestre en esa ciudad; en esta, se hacinan 1,5 millones de palestinos, en su gran mayoría desplazados por la guerra.

«Entraremos en Rafah y eliminaremos a los batallones de Hamás, con o sin acuerdo [de tregua], para conseguir la victoria total», declaró Netanyahu el martes.

La guerra estalló el 7 de octubre tras la incursión de comandos de Hamás. Mataron a 1.170 personas, en su mayoría civiles; también, secuestraron a 250 en el sur de Israel, según un balance de la AFP basado en datos israelíes.

Las autoridades israelíes estiman que, tras el canje de noviembre, 129 personas permanecieron retenidas en Gaza y que 35 de ellas murieron.

La ofensiva lanzada por Israel en respuesta al ataque ha dejado hasta el momento 34.622 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás.

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Temor a un «baño de sangre» en Rafah

El jefe del movimiento islamista, Ismail Haniyeh, ya indicó el jueves que Hamás examinaba con «espíritu positivo» la propuesta de tregua. Añadió que el grupo enviaría «pronto» una delegación a El Cairo, donde tienen lugar las negociaciones indirectas, mediadas por Egipto, Catar y Estados Unidos.

Esas declaraciones alimentaron la esperanza de un acuerdo que otorgue un respiro a la población de Gaza, donde los bombardeos israelíes mataron a 26 personas en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud del territorio palestino.

Los últimos bombardeos golpearon principalmente Rafah, limítrofe con Egipto.

La ONU y muchos países, entre ellos Estados Unidos, expresaron su temor a una catástrofe humanitaria en caso de que Israel ordene la invasión de esa ciudad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) «está profundamente preocupada por una operación a gran escala en Rafah, Gaza. Esto porque puede conducir a un baño de sangre y debilitar aún más un sistema de salud que ya está desmantelado», afirmó el viernes el director general de esa agencia de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Una residente de Rafah, Sanaa Zoorob, contó que en los bombardeos perdió a su hermana y a seis sobrinos. 

Dos de los niños «fueron encontrados despedazados en los brazos de su madre», relató, pidiendo «un alto el fuego permanente».

Presión sobre Israel

La crisis humanitaria y el creciente número de muertos en Gaza han generado manifestaciones en todo el mundo, incluyendo un amplio movimiento de protesta en las universidades estadounidenses, reprimido por la policía. 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el miércoles la ruptura de relaciones con Israel y Turquía anunció el jueves la suspensión de todos los intercambios comerciales. 

Uno de los temas clave es la llegada de más ayuda a Gaza. Actualmente, viven 2,4 millones de personas confrontadas a una grave escasez por el cerco establecido por Israel.

Bajo la presión de Estados Unidos, Israel aumentó la entrada de ayuda en los últimos días. La OMS indicó el viernes que la disponibilidad de alimentos mejoró ligeramente.

Además, Netanyahu enfrenta protestas dentro de Israel para que su gobierno, formado por partidos nacionalistas, de extrema derecha y ultraortodoxos judíos, negocie la liberación de los secuestrados. 

Un panel de expertos de la OEA instó este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) a centrarse en personas «específicas» y «perpetradores de nivel medio y alto» de crímenes de lesa humanidad en Venezuela para emitir «ordenes de arresto».

«Las denuncias de cada uno de los crímenes de lesa humanidad son moneda corriente todavía en el país», afirmó el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, durante la presentación del tercer informe del panel de expertos independiente que analiza la posible comisión de este tipo de actos en Venezuela desde 2017.

En los últimos seis meses se han analizado casos de tortura, detención arbitraria, violencia sexual y persecución para determinar si se han investigado y juzgado y «las conclusiones son en realidad bastante chocantes», afirmó Joanna Frivet, miembro del panel.

«Venezuela no está cumpliendo con sus obligaciones (…) de exigir responsabilidades». En estas circunstancias, la intervención de la fiscalía de la CPI «es fundamental para impulsar la investigación y procesamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela», añadió.

CPI

El panel recomienda al fiscal de la CPI que «se implique más, de forma urgente, considerando la naturaleza actual de los crímenes, para abrir investigaciones contra individuos específicos y hacer avanzar estos casos ante la Corte con el fin de emitir órdenes de arresto», dijo.

Le pide asimismo que centre sus investigaciones «en perpetradores de nivel medio y alto con carácter de urgencia; así evitar que se sigan cometiendo crímenes» porque «la brecha de impunidad es significativa». 

En «aproximadamente el 83,6% de todos los casos de tortura analizados por el panel no había registros de diligencias de investigación» a pesar de las denuncias, se lee en el informe.

Los retrasos se deben a «una falta de separación entre el poder judicial y el ejecutivo», según Frivet.

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«Una larga lista»

El panel exhorta a Venezuela a que «cese inmediatamente la comisión de crímenes, las operaciones de encubrimiento, la represión contra los activistas de derechos civiles, las víctimas y sus familiares».

Santiago Cantón, presidente del panel, se adelantó a posibles críticas a la OEA, de la que Venezuela solicitó formalmente salir en 2017.

«Algunas personas podrían decir que (…) es parte de un plan de la derecha internacional encabezado por el Secretario General para denunciar y desprestigiar al régimen (del mandatario Nicolás) Maduro», dijo.

«Si esto fuera así, por qué existen además de los informes de este panel» otros muchos que han planteado «exactamente lo mismo», se preguntó Cantón.

El caso de Venezuela es peculiar porque normalmente los Estados «hacen desaparecer las pruebas»; pero aquí las víctimas «son los propios testigos», explicó Manuel Ventura, otro miembro del panel.

«El caso va dirigido contra personas físicas. Es una larga lista y la primera de ellas es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro», añadió.

«Celda de los locos»

Durante la sesión, que duró cinco horas, varias víctimas contaron los horrores vividos en las mazmorras.

Jesús Alemán, un expreso político de 31 años, estuvo detenido en dos ocasiones.

«Fui golpeado, aislado y torturado», dijo. Así, describió cómo le dieron descargas eléctricas, le taparon la cara con bolsas para cortarle la respiración, le acusaron de delitos ficticios y le negaron asistencia médica.

Algo parecido afirma haber vivido el también expreso político Nixon leal, a quien llegaron a clavarle «chinches debajo de las uñas».

Su desesperación le llevó a intentar suicidarse ahorcándose con su suéter pero no lo logró «porque estaba esposado».

Igual de traumática ha sido la experiencia del capitán de navío Luis de la Sotta.

En las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) estuvo en la «celda de los locos»; ahí, aguantó la temperatura glacial con «una braga verde» como única prenda. 

«Me daban los alimentos en un envase que tiraban al piso, sin cubiertos, tenía que comer con las manos llenas de excrementos», contó en Washington.

«A veces me privaban de alimentos, mis necesidades fisiológicas sólidas las hacía en una bolsa plástica, si la tenía, de lo contrario evacuaba en el piso, orinaba en un envase y solo tenía acceso a la ducha una vez por semana», añadió.

También intervino por videoconferencia Perkins Rocha, abogado de la líder opositora, María Corina Machado. Ella está inhabilitada para las elecciones presidenciales de julio pese a ser favorita frente a Maduro, quien aspira a la reelección.

Se quejó de los arrestos de activistas del partido Vente Venezuela, de Machado, de los cuales 10 siguen detenidos. En la mayoría de los casos pasaron un promedio de 30 días  «absolutamente incomunicados del mundo exterior», denunció.

La catástrofe climática causada por fuertes lluvias en el sur de Brasil se agravó este viernes con al menos 37 muertos y 74 desaparecidos, mientras el avance de las aguas amenaza a la capital de Rio Grande do Sul con inundaciones «sin precedentes», alertaron las autoridades.

Las brigadas de rescate intentan alcanzar y abastecer numerosos municipios aislados, sin comunicaciones y con carreteras bloqueadas, e incluso sin energía eléctrica ni agua. 

En Brasil

El volumen excepcional de los ríos ha multiplicado las alertas en el estado por rupturas de presas que podrían agravar el desastre. 

En Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, la situación «va a ser sin precedentes», dijo el gobernador Eduardo Leite. 

«Olvide todo lo que ya vio (…) en la región metropolitana va a ser mucho peor», advirtió.

El rápido ascenso del río Guaíba en las últimas horas podría cubrir vastas áreas de una de las mayores urbes del sur brasileño, con una población de 1,5 millones.

El nivel del río, estimado actualmente entre 4,20 y 4,60 metros, «es histórico» y se espera que supere los 5 metros en la tarde, dijo Leite.

Un desborde podría causar la mayor inundación de la historia de la ciudad, superando la registrada en 1941, según las autoridades.

Algunas calles del centro histórico estaban inundadas este viernes, constató la AFP. 

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El «peor desastre»

Imágenes aéreas del estado muestran enormes superficies totalmente anegadas, ríos arrasando puentes y carreteras o rescates de personas en techos con helicópteros, dando cuenta del «peor desastre» de la historia del estado, según Leite. 

Por las crecidas en el estado, al menos cuatro represas «están en situación de emergencia, con riesgo de rompimento», informó el gobierno.

«Soy de aquí y me siento muy apenada por todos los que viven aquí (…), siento dolor en el corazón», dijo a la AFP Maria Luiza, una residente de 51 años, en Sao Sebastiao do Caí, a unos 70 km de Porto Alegre.

En Capela de Santana, al norte de la capital del estado, Raul Metzel explicó que sus vecinos debieron abandonar su ganado. «No se sabe si el agua seguirá subiendo o qué pasará con los animales, pronto pueden ahogarse», dijo.

En medio de la tragedia, también hay escenas de esperanza, como el rescate en un helicóptero de cuatro mujeres embarazadas en la localidad de Agudo, para trasladarlas a un hospital.

Más de 23.000 desalojados

El balance trepó a 37 fallecidos, 74 desaparecidos y otros 74 heridos, según Defensa Civil.

El fenómeno climático con lluvias intensas, vendavales y granizo ha afectado a más de 351.000 habitantes, con unos 23.600 desalojados en 235 municipios.

Pero las cifras son preliminares, dado que las aguas que cubren enormes áreas impiden dimensionar el desastre.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajó a Rio Grande do Sul el jueves, donde aseguró que «no faltarán recursos» para afrontar la crisis. 

El gobierno ha aportado 9 aeronaves, más de 900 efectivos y decenas de botes salvavidas, entre otros equipamientos.

«Altísima severidad»

Las lluvias persistentes dificultan las tareas de socorro.

El pronóstico anticipa hasta el domingo lluvias de «altísima severidad» que cargarán aún más los ríos y pueden causar grandes deslizamientos, explicó en un video el teniente coronel de Defensa Civil Darci Bugs.

Además, alertó sobre el desborde del río Uruguay.

Las lluvias impactan al también sureño estado de Santa Catarina, que se mantiene en alerta.

Esta es la segunda catástrofe que sufre en un corto tiempo Rio Grande do Sul. En septiembre pasado, un ciclón dejó al menos 31 fallecidos.

«Esto no es normal» en Brasil

Entre las tragedias más recientes en Brasil, figura el saldo de 241 muertos que dejó un temporal en febrero de 2022 en Petrópolis, en una zona montañosa al norte de Rio de Janeiro.

«Las lluvias extremas en América del Sur, que incluye toda la cuenca del Plata, son desde hace décadas una previsión recurrente de los modelos climáticos, información ignorada» por los gobiernos, indicó en una nota el Observatorio del Clima, una red de entidades ambientalistas brasileñas.

Según los expertos, el calentamiento global agudiza la intensidad y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos que han golpeado Brasil. La situación se agrava por el fenómeno climático de El Niño. 

El jueves, datos oficiales mostraron un récord de incendios forestales de enero a abril, con más de 17.000 identificados, más de la mitad en la Amazonía, un fenómeno ligado en parte, según el gobierno brasileño, a los efectos del cambio climático. 

«El ser humano debe de estar haciendo algo diferente», puesto que el planeta «nos está castigando. Puede ser la contaminación… algo está pasando porque esto no es normal», dijo el hijo de Metzel, Raul Jr, de 24 años, en Capela de Santana.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá declaró constitucional este viernes, in extremis, la candidatura presidencial del derechista José Raúl Mulino, sustituto del inhabilitado exmandatario Ricardo Martinelli y favorito para las elecciones del domingo.

Después de tres jornadas de sesiones a puerta cerrada y a sólo dos días de la votación, los magistrados de la Corte anunciaron, en la madrugada ante la prensa, que «no es inconstitucional» la decisión del Tribunal Electoral que aceptó la postulación de Mulino.

Abogado de 64 años, Mulino sustituyó a Martinelli como candidato del partido Realizando Metas (RM, siglas del exgobernante), luego de que éste fuera inhabilitado tras confirmarse su condena de casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales, y se asilara en la embajada de Nicaragua.

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Candidatura

Una abogada particular presentó entonces una demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura de Mulino, argumentando que no pasó por elecciones primarias ni tiene candidato a vicepresidente, como establece la ley.

La decisión de la justicia mantuvo en vilo al país en la recta final de unos comicios a los que están llamados tres de los 4,4 millones de panameños a elegir presidente, en una sola vuelta y por mayoría simple, 71 diputados y los gobiernos locales.

María Eugenia López, presidenta de la CSJ, argumentó que la resolución busca proteger la «democracia» y la «voluntad soberana del pueblo panameño».

«Me siento muy contento porque la verdad, la ley y la justicia siempre prevalecen al final», escribió Martinelli en X, al destacar que la «decisión acertada» de la Corte «hará respetar la democracia». Su delfín aún no ha reaccionado.

‘Pacto de impunidad’

Mulino, exministro de Seguridad del gobierno de Martinelli (2009-2014), tiene un 37,6% de intención de voto, según la última encuesta de la firma Mercadeo Planificado publicada el jueves por el diario La Prensa.

Le siguen, con 16,4%, el expresidente socialdemócrata Martín Torrijos (2004-2009), hijo del líder Omar Torrijos, que negoció con Estados Unidos la devolución del canal de Panamá; y los abogados de centroderecha Rómulo Roux (14,9%) y Ricardo Lombana (12,7%).

Torrijos, Roux y Lombana llamaron a los panameños a votar contra el «pacto de impunidad», como calificaron la decisión de la Corte.

Mulino ha evitado decir lo que hará con el exgobernante, pero tendría la facultad de emitir un salvoconducto para que salga de la legación nicaragüense.

Según un sondeo de la firma Doxa, 65% de los panameños cree que de ganar Mulino será el exmandatario quien gobierne en la sombra.

El salsero panameño Rubén Blades llamó este viernes a sus compatriotas a no votar por quien calificó de «testaferro de un declarado corrupto».

«La situación electoral está despejada», pero «la política está enmarañada», según el sociólogo Daniel Toro. «En un país serio» no se debe lesionar la credibilidad de la justicia y autoridades electorales, dijo a AFP.

¡Mulino es Martinelli!

Mulino heredó los apoyos del popular Martinelli, cuyos partidarios afirman que durante su gobierno se vivió una bonanza de la economía, impulsada por la ampliación del canal de Panamá y la construcción del primer metro en Centroamérica.

«La gente realmente le está dando el apoyo cien por ciento a Mulino porque Martinelli decidió ponerlo a él» como candidato, afirmó a la AFP Rigoberto Acevedo, un estudiante de derecho de 27 años, quien considera que el exgobernante sufre «persecución política».

Pese a estar asilado, Martinelli hizo proselitismo electoral y no sirvió de nada la protesta del gobierno panameño ante Nicaragua. El pasado domingo participó, a través de un video, en el cierre de campaña de Mulino.

«Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli», es el lema que utilizó la campaña del partido RM. Que va a los comicios en coalición con el minoritario Alianza.

Mulino estuvo en prisión preventiva entre 2015 y 2016, por corrupción, pero fue liberado por errores procesales. Él asegura que en ese lapso fue un «preso político».

Ha sido ministro de Gobierno y Justicia, y fue canciller durante el primer gobierno panameño tras la caída del exdictador Manuel Antonio Noriega en 1989.

El presidente para los próximos cinco años deberá enfrentar los desafíos de un país golpeado por la corrupción. También por la crisis migratoria de la selva del Darién, el alto costo de la vida, el deterioro de los servicios básicos. Así como la sequía que afecta al canal debido al cambio climático.

Las urnas estarán abiertas de las 07.00 a las 16.00 locales (08.00 a 17.00 en Bolivia).

(03/05/2024)