La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presume que hubo masacre y ejecuciones extrajudiciales en varios casos de muerte de 57 personas en las manifestaciones posteriores a la sucesión presidencial de Dina Boluarte en Perú.
Fueron “hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, extremos que deben ser investigados por fiscalías especializadas”, dice el documento al que accedió La Razón.
Luego de la decisión de cerrar algunos órganos de Estado y disolver el Congreso, el presidente Pedro Castillo fue destituido de sus funciones el 7 de diciembre de 2022. A las horas, el Congreso nombró en su lugar a la vicepresidenta Boluarte.
Movilizaciones
La situación degeneró en protestas sociales que se extendieron a todo el país, que demandaban Asamblea Constituyente, cierre del Congreso, elecciones adelantadas y la renuncia de la mandataria. El nuevo gobierno respondió con la acción de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
“Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, define la CIDH.
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El informe “Situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales” fue expedido el 23 de abril reciente. Recogió informes y testimonios en las ciudades de Lima, Ica, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Cusco, donde se concentraron las movilizaciones y la acción de agentes del Estado.
‘Confrontación’
Según el documento, la mayoría de las muertes ocurrió en “contextos de confrontaciones”; otras en accidentes de tránsito vinculados a los bloqueos y una, del policía José Luis Sonco Quispe, “en el marco temporal”. Del total de fallecidos, hubo decenas de jóvenes, cuatro mujeres y un recién nacido.
La CIDH condenó “enérgicamente el uso indiscriminado de la fuerza mediante armas de fuego contra población inerme por parte de agentes del Estado peruano”.
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Urgió a los órganos del Estado a adoptar medidas para la protección de los derechos humanos, la investigación de los casos de fallecidos y heridos en los sucesos, y la reparación de víctimas.
Democracia
Respecto de la situación de la democracia en Perú, la CIDH planteó el fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en el Estado “a partir de la separación e independencia práctica, real y efectiva de los poderes públicos”.
Recomendó “delimitar las figuras de acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y disolución unilateral del Congreso, de forma que precisen, con parámetros claros y objetivos, las conductas sancionables y sus correspondientes consecuencias”.
Una serie de consideraciones legales rodeó a la actuación de Castillo en la disolución del Congreso y el cierre de órganos del Estado, como la decisión del Congreso de “vacar” al mandatario y nombrar en su lugar a Boluarte.
Castillo guarda detención preventiva, acusado por el Ministerio Público de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.