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Lasso invoca la ‘muerte cruzada’ en Ecuador y fuerza elecciones presidenciales y legislativas

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El presidente Guillermo Lasso (C) habla en la televisión estatal en Quito

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, invocó este miércoles la conocida como ‘muerte cruzada’ y fuerza elecciones presidenciales y legislativas.

La “muerte cruzada” es una fórmula constitucional que implica la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria tanto de elecciones legislativas como presidenciales.

Argumentando que hay una «grave crisis política» derivada del juicio político contra él.

Menos de 24 horas después del arranque de este juicio político, Lasso firmó un decreto con el que ya había amenazado previamente.

Obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a fijar la fecha de nuevas elecciones en los próximos siete días.

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Elecciones

Los ecuatorianos estarán llamados de nuevo a las urnas en un plazo máximo de tres meses para designar diputados y presidente para el periodo que resta, hasta 2025.

Lasso afirmó que ser presidente, «un honor sin comparación», implica «tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda».

«Hoy es un día en el que tengo una obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado Ecuador», declaró en un discurso a la nación.

El mandatario considera que el Parlamento, dominado por la oposición, «tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado».

Al día de hoy, apuntó, «no es posible avanzar» en Ecuador por la actividad de una Asamblea que no lleva a cabo tareas de «fiscalización» sino que se limita a la «obstrucción».

La oposición, señaló, quiere «usurpar» todos los poderes del Estado, impulsada por un «sobrehumano rencor», en palabras del presidente.

«Han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mí contra porque no hay nada que encontrar, absolutamente nada», sentenció durante su discurso, en el que ha vuelto a defender la inocencia.

El juicio se basa en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec.

Que, según la Contraloría, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares.

El contrato en cuestión sigue vigente, aunque se firmó en 2020, durante el Gobierno de Lenín Moreno, algo que ha recordado Lasso.

«Admito errores en mi gestión, pero soy un demócrata y he procurado que las soluciones sean siempre constitucionales y legales», apostilló.

(17/05/2023)