EEUU Rusia y la ONU
El Departamento de Estado de EEUU ha trasladado este miércoles su «profunda preocupación» por la reciente reunión mantenida en Rusia entre la representante especial de la ONU para Menores y Conflictos Armados, Virginia Gamba, y la comisaria rusa para los derechos de la Infancia, Maria Lvova-Belova, buscada por el Tribunal Penal Internacional (TPI).
«Estamos profundamente preocupados debido a que un alto diplomático de Naciones Unidas se ha reunido con un fugitivo sujeto a una orden de arresto del TPI por cometer crímenes de guerra contra niños», ha manifestado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, según recoge CNN.
Así, Miller ha reafirmado las acusaciones del TPI sobre que Rusia «está deportando a la fuerza» a menores ucranianos rumbo a territorios del interior de Rusia. Y «están negando a los padres y tutores legales el acceso a eso niños»; a los que están concediendo pasaportes rusos con el fin de «arrebatarles una parte de su identidad».
Gamba y Lvova-Belova mantuvieron una reunión el pasado domingo. En la que la funcionaria de la ONU recibió el compromiso de la parte rusa para abordar las medidas necesarias para reunir «urgentemente» a los menores desplazados por la guerra en Ucrania; y promover su reunificación con sus familias.
Así, Moscú trasladó a Naciones Unidas su compromiso a hablar de «medidas urgentes para garantizar los derechos de los menores y a priorizar su salida y reunificación conforme a la Convención de los Derechos del Niño». «Los menores siguen siendo las principales víctimas de la guerra en Ucrania», denunció Gamba.
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EEUU reclama a la ONU por arresto de mandatarios de Rusia
El TPI emitió a finales de marzo una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y Lvova-Belova. Al considerar que existen «motivos razonables» para creer que ambos tienen «responsabilidad penal individual» por el traslado de menores ucranianos a territorio ruso.
El organismo considera que, especialmente Putin; es responsable de este supuesto delito bien por su comisión «directa»; o por haber sido incapaz de «ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos». En el marco de una guerra iniciada hace ya quince meses.
El Kremlin, por su parte, ha desmentido constantemente que estar deportando a niños ucranianos por la fuerza frente a las acusaciones vertidas por Kiev y sus aliados. Según el Gobierno ucraniano, al menos 16.000 niños han acabado desplazados contra su voluntad a territorio ruso desde el comienzo del conflicto.