El representante de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, ha asegurado que Ucrania ya había declarado en diciembre su intención de volar la presa de Nueva Kajovka, en el río Dniéper, y cita un artículo del diario ‘The Washington Post’ en el que se afirma que las Fuerzas Armadas ucranianas habían incluso probado ataques con misiles HIMARS contra una de las esclusas de la presa de Novokajovskaya.

Además, durante su discurso en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU ha recordado que Rusia ya había advertido en un documento publicado en octubre en el Consejo de Seguridad de la posibilidad de este ataque.

Por su parte, el representante permanente de Ucrania ante Naciones Unidas, Sergíy Kyslytsya, ha tachado de «predecible» la declaración de Rusia; y les ha acusado de usar la «misma técnica» de culpar a otros de sus crímenes. Y ha puesto los ejemplos de Mariupol, Bucha, Izium y la central nuclear de Zaporiyia.

«Permítanme señalar que Rusia ha estado controlando la presa y toda la central de Kajovka durante más de un año. Es físicamente imposible hacerlo estallar de alguna manera desde el exterior mediante bombardeos. Ha sido minado por los ocupantes rusos. Y lo han volado por los aires.

Las ONG Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han condenado este martes el desastre ambiental y humanitario que supone la destrucción de la presa de la central hidroeléctrica de Kajovka, en el río Dniéper, que ha inundado las inmediaciones de la región entre acusaciones cruzadas de Rusia y Ucrania por la autoría del ataque.

Cerca de 281.000 manifestantes han protestado este martes en toda Francia contra la reforma de las pensiones, según ha informado el Ministerio del Interior, una cifra que ha sido elevada por la Confederación General de Trabajadores (CGT) a 900.000 personas.

Según cifras de CGT, cerca de 300.000 manifestantes se han reunido en París-Francia, mientras que la jefatura de Policía de la capital francesa estima en 31.000 los asistentes a una jornada de protestas que ha movilizado a unos 11.000 policías y gendarmes en todo el país.

Si bien la marcha parisina ha transcurrido con normalidad, se han producido enfrentamientos con la Policía en la avenida Port Royal. Donde varios manifestantes han prendido fuego a palés de madera y papeleras. Las fuerzas del orden también han dispersado a la multitud a su paso por el bulevar de Montparnasse.

En el marco de la manifestación a nivel nacional, varios sindicatos han realizado huelgas y paros durante la jornada; que han provocado la interrupción del tráfico normal en carretera y en aeropuertos, con numerosos vuelos cancelados. Las protestas también han afectado al sector eléctrico, educativo y sanitario.

Las manifestaciones se han extendido a otros puntos de Francia más allá de la capital, como Niza, Toulouse, Nantes, Marsella o Rennes. En esta última ciudad, cinco personas han sido detenidas; y se han producido roces con la Policía después de que un grupo de personas accediera a las vías de la estación central de la ciudad.

Si bien la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, ha reconocido que la jornada de protestas ha tenido menos asistentes que en las anteriores; ha afirmado que «no será el último día de movilizaciones» por la aprobada reforma de las pensiones.

Una jueza federal ha ordenado este martes revelar la identidad de los fiadores que pagaron una fianza de 500.000 dólares (455.200 euros) al congresista republicano George Santos en el marco del caso en su contra por presunto fraude y malversación de fondos.

La jueza Anne Shields de Long Island ha dado al representante legal de Santos, quien había anunciado en abril que se presentaría a la reelección como congresista por Nueva York, hasta el viernes para apelar el fallo y ha precisado que los nombres permanecerán hasta entonces sin revelar.

La orden es un golpe contra Santos, quien había asegurado en la víspera que prefería ir a la cárcel antes que revelar los nombres de sus fiadores por miedo a que enfrenten represalias mediáticas debido a que la petición precisamente la habían solicitado medios de comunicación estadounidenses, ha recogido The Hill.

Santos, que ha afirmado con anterioridad que el caso en su contra es una «caza de brujas», se enfrenta a trece cargos, entre los que figuran blanqueo de capitales y falso testimonio. El político estadounidense ha admitido haber inventado detalles sobre su educación, trabajo, religión y herencia desde su elección como congresista en las pasadas elecciones legislativas de medio mandato celebradas el pasado 8 de noviembre.

Los fiscales acusan a Santos de violar las leyes de financiación electoral, incurrir en conflicto de intereses, malversar fondos supuestamente destinados a los veteranos de la guerra de Irak, orquestar un escándalo de fraudes y mentir sobre su pasado, ya sea sobre su historial laboral y financiero e incluso su propia identidad.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha solicitado este martes a la Fiscalía colombiana que investigue a funcionarios colombianos del Gobierno de Iván Duque en una supuesta trama de corrupción por la venta de aviones de guerra de dos empresas italianas a Colombia.

«80 millones de dólares en sobornos se iban a distribuir por compra de equipos militares navales entre una empresa italiana y altos funcionarios del anterior Gobierno. La investigación italiana avanza. Solicito a la Fiscalía iniciarla en Colombia», ha indicado en su perfil oficial de Twitter.

En el caso, investigado por la Fiscalía de Nápoles, según ha revelado este martes el diario ‘Corriere della Sera’, están involucrados el ex primer ministro italiano Massimo D’Alema y la exvicepresidenta y exministra de Exteriores colombiana Marta Lucía Ramírez, quien ha negado estar relacionada con la trama de sobornos.

«Ni como vicepresidenta tuve funciones relacionadas con compra de equipo militar. Ni como canciller recibí información sobre el escándalo contra el ex primer ministro de Italia Massimo D’Alema. La embajada de Colombia manejó el tema con los ministerios de Defensa de ambos países», ha asegurado en su perfil oficial de Twitter.

Gobierno de Petro apunta al gobierno de Duque

Por su parte, el exministro de Defensa Diego Molano ha afirmado que la investigación es contra el ex primer ministro italiano; alegando que el Gobierno de entonces, liderado por Iván Duque, «alertó» al viceministro de Defensa italiano de «sospechas» ante unas negociaciones «por fuera de institucionalidad».

Se está llevando a cabo una investigación. En ella, también está involucrado el exconsejero de administración de la empresa italiana Leonardo Alessandro Profumo. El objetivo es descubrir si hubo un plan de sobornos para la compra de aviones M346, corbetas, submarinos y equipos de astillero. Esta información ha sido reportada por el diario italiano mencionado.

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La ONG Amnistía Internacional (AI) ha celebrado este martes que un tribunal turco haya anulado las condenas contra cuatro activistas de Derechos Humanos en Turquía en el conocido como caso Büyükada. Si bien ha recordado que el hecho de que se hayan dictado es «inadmisible».

«El fallo de hoy pone fin a una parodia de proceso judicial de proporciones espectaculares. Aunque nos sentimos enormemente aliviados de que las condenas hayan sido finalmente anuladas. l hecho de que se hayan dictado sigue siendo inadmisible», ha indicado la secretaria general de AI, Agnès Callamard.

En este sentido, Callamard ha afirmado que el fallo pone de manifiesto que los procedimientos contra los defensores de los Derechos Humanos en Turquía se llevan a cabo «por motivos políticos». «Usan los tribunales como un arma para silenciar las voces críticas», ha agregado.

Taner Kilic, abogado de los derechos de los refugiados y expresidente de honor de Amnistía Turquía, fue detenido en junio de 2017 y encarcelado durante más de 14 meses; tras lo que, pese a la «falta de pruebas», fue condenado en julio de 2020 por «pertenencia a una organización terrorista». En total, fue sentenciado a seis años y tres meses de prisión.

El activista fue detenido en junio de 2017 acusado de pertenecer a la organización del influyente clérigo Fethulá Gulen. Al que Ankara acusa de haber orquestado el intento de golpe de Estado de 2016. Su condena fue calificada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de «ilegal y arbitraria».

AI en Turquía

Por su parte, Idil Eser, quien fuera directora de Amnistía Internacional Turquía; Ozlem Dalkiran, miembro fundador de la sección turca de la ONG y el abogado y experto en Derecho Internacional Ozlem Dalkiran fueron condenados a 25 meses por «ayudar a una organización terrorista». Todos ellos pasaron más de tres meses entre rejas.

«Para Taner, Idil, Ozlem y Gunal, su calvario puede haber terminado. Pero en todo Turquía muchos defensores de Derechos Humanos están languideciendo en la cárcel; viviendo con el temor de ser arrestados o enfrentarse a procesamientos similares sin fundamento», ha destacado Callamard. Agregando que desde la ONG seguirán luchando «contra la implacable restricción de los Derechos Humanos» en el país.

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