El pleno del Congreso de Perú aprobó el informe final de la comisión de fiscalización en el que se recomida denunciar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo. En esta ocasión por supuestos delitos de corrupción en la puesta en marcha de una serie de proyectos de inversión.
La iniciativa recibió 61 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones, sostiene que Castillo estaría al frente de una organización criminal. En la que también estaría incluida su esposa, Lilia Paredes Navarro, para quien la Fiscalía ha pedido recientemente ocho años de cárcel por estos hechos.
Por corrupción
Castillo, según esta comisión, habría incurrido en los delitos de colusión, tráfico de influencias y actividades incompatibles con el cargo. Al ejecutar bajo un decreto de urgencia, varios proyectos de inversión en los municipios de Anguía, Chachapoyas y Chadín, informa el diario ‘La República’.
Según el presidente de esta comisión, el congresista de Fuerza Popular Héctor Ventura hay «elementos indiciarios» de que Castillo habría recibido 4 millones de soles (1.073.512 dólares).
esto según la versión de otro de los investigados, el que fuera asesor del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo Alcántara.
Por estos mismos cargos también se recomienda la denuncia del que fuera su ministro de Vivienda, Geiner Alvarado López.
El resto de participantes en esta supuesta red criminal son el ya mencionado Marrufo Alcántara, el exalcalde de Anguía José Medina Guerrero y el investigado Hugo Espino Lucana.
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Amnistía pide investigación
La ONG Amnistía Internacional (AI) solicitó el jueves a las autoridades peruanas que investiguen a fondo los episodios de violencia policial generalizados. Los que se registraron durante las protestas antigubernamentales por el arresto del expresidente Pedro Castillo y que dejaron 50 muertos.
«El uso de armas de fuego contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana», protestó la secretaria general de AI, Agnès Callamard.
Reprochado al Gobierno de Dina Boluarte los esfuerzos constantes por presentar a los manifestantes como «terroristas o delincuentes».
«Las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transeúntes. Casi todas ellas de entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal», denunció Callamard.
(26/05/2023)