Los nuevos planes de ayuda estadounidense a Ucrania e Israel anunciados el lunes por el líder republicano de la Cámara de Representantes serán útiles para ambos países, reaccionó con cautela la Casa Blanca este martes.

«A primera vista, parece que la propuesta del presidente de la Cámara de Representantes nos ayudará efectivamente a prestar ayuda a Ucrania e Israel», declaró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

Sin embargo, serán necesarios «algunos detalles más» antes de que el presidente Joe Biden adopte una posición a favor o en contra de este paquete, añadió el portavoz a la prensa en el avión presidencial de camino a un viaje de campaña a Pensilvania.

El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, anunció el lunes por la noche que sometería a votación durante la semana cuatro proyectos de ley distintos: uno para ayudar a Ucrania, otro para Israel, un tercero para «fortalecer a nuestros aliados en el Indo-Pacífico» y un último proyecto para «aprobar medidas adicionales para contrarrestar a nuestros adversarios».

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Casa Blanca

El Senado, de mayoría demócrata, aprobó en febrero un paquete de ayuda militar y económica a Ucrania de 60.000 millones de dólares. Pero los republicanos de la Cámara de Representantes se negaron a considerar el texto, en parte debido a una disputa sobre inmigración.

El nuevo paquete de planes de ayuda, si es adoptado por la Cámara Baja de mayoría republicana, será estudiado por el Senado; antes de eventualmente llegar al despacho de Biden para su promulgación. 

El presidente demócrata se comunicó el lunes con Johnson; y le insistió en «la necesidad de avanzar esta semana en la Cámara» sobre el asunto ante la urgencia de la situación, declaró Kirby. 

Ucrania carece desesperadamente de munición en su guerra con Rusia, y los fondos estadounidenses se han agotado. Israel, por su parte, se enfrentó el sábado por la noche a un ataque directo sin precedentes de Irán; en un contexto de crecientes tensiones regionales.

Estados Unidos ha «dejado muy claro» al gobierno venezolano que reactivará las sanciones al petróleo y gas que levantó parcialmente si incumple la hoja de ruta electoral con la oposición, afirmó este martes un portavoz del Departamento de Estado.

Washington levantó sanciones al sector energético y al oro venezolano en octubre de 2023, después de que el gobierno y la oposición alcanzaran el llamado Acuerdo de Barbados, una hoja de ruta electoral.

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ya dejó expirar la licencia sobre el oro después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mantuviera la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado, la principal rival del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

La licencia general 44, que autoriza las transacciones relacionadas con el sector petrolero y del gas, vence este jueves.

«Estamos a dos días del 18 de abril. Hemos dejado muy claro que si Maduro y sus representantes no implementan plenamente sus acuerdos bajo el Acuerdo de Barbados, volveríamos a imponer sanciones; yo sólo diría que estén atentos», declaró el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

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Petróleo venezolano

A la pregunta de si Washington cree que Maduro ha fomentado elecciones libres y justas el portavoz contestó: «Ha defendido ciertos aspectos del acuerdo de Barbados; incluido el establecimiento de un calendario electoral y la invitación a misiones de observación internacionales».

Pero «al mismo tiempo, se le ha visto bloquear a candidatos de la oposición en las urnas», añadió en rueda de prensa diaria.

«Son cosas que nos tomamos muy en serio y no quiero hacer ningún anuncio antes de tiempo; pero ciertamente deben estar atentos durante los próximos días», dijo Miller, según el cual Washington se pronunciará antes de la «fecha límite».

Maduro aspira a un tercer mandato en las elecciones presidenciales previstas el 28 de julio, en las que no participará Machado, quien sigue inhabilitada. También ha sido vetada Corina Yoris, nominada por ella para sustituirla en los comicios.

La producción petrolera de Venezuela se sitúa alrededor de 800.000 barriles diarios; tras tocar piso a mediados de 2020, cuando se desplomó por debajo de los 400.000, pero está lejos de los tres millones de hace 15 años.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha calificado de «inaceptable» el asalto de las fuerzas de seguridad ecuatorianas a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas y ha reclamado al Gobierno de Ecuador que emita una disculpa pública por ello.

«Lo que pasó en Quito el último día 5 es simplemente inaceptable y no afecta solo a México. Nos concierne a todos. Pedir disculpas formalmente por parte de Ecuador es un primer paso en la dirección correcta», ha dicho Lula en un encuentro virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

«Una acción de esa naturaleza no había ocurrido nunca, ni en los peores momentos de separación y desacuerdo en Latinoamérica y el Caribe. Ni siquiera en los sombríos tiempos de las dictaduras militares en nuestro continente», ha remarcado.

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Lula

En ese sentido, el presidente Lula ha instado a la CELAC a expresar de manera «clara» e «inequívoca» su rechazo ante este episodio. «La gravedad de la situación lo impone», ha dicho, según recoge el diario brasileño ‘O Globo’.

«La inviolabilidad absoluta de las misiones y del personal diplomático, conforme lo establecido por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, es un de esos pilares del Derecho Internacional que no admite excepciones, sea cual sea la justificación», ha subrayado.

Lula también ha hecho referencia a la propuesta de Bolivia de crear una comisión para analizar el estado de salud del exvicepresidente Glas. Ha denunciado haber sido incluso torturado por agentes de las fuerzas de seguridad ecuatorianas; y en caso de ser necesario, otorgarle un salvoconducto para que pueda ser tratado.

En este encuentro por videoconferencia de la CELAC, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha apelado al organismo para que se sume a la denuncia presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por estos hechos, en la que se reclama, por ejemplo, la expulsión de Ecuador de los organismos de la ONU.

Unos 68.000 presuntos delincuentes acusados de delitos como homicidio, secuestro, violación y narcotráfico podrían ser liberados si la Suprema Corte de México aprueba eliminar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, alertó este martes el gobierno.

La prisión preventiva de oficio permite encarcelar a una persona inculpada sin un juicio o sentencia mientras se desarrolla su proceso legal. 

Esta medida cautelar, cuyos alcances se establecen en el artículo 19 de la constitución mexicana, ha sido una de las herramientas con las que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha buscado combatir los altos niveles de impunidad en el país; pese a sentencias en contra de instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y críticas de defensores de esta causa.

«La [Suprema] Corte no solo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país», dijo la secretaria de Gobernación (Interior), Luisa Alcalde, durante la conferencia matinal del mandatario.

La funcionaria recordó que la prisión preventiva oficiosa se aplica a delitos que «por su gravedad son de alto impacto para la sociedad»; y por ello la eventual liberación de sus perpetradores. Muchos de ellos miembros del crimen organizado, «pondría en riesgo a los testigos y a las víctimas» que los denunciaron.

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Delincuentes liberados

La iniciativa del máximo tribunal mexicano responde a una sentencia de la CIDH del año pasado que condenó a México por violar la integridad, la libertad y las garantías judiciales de dos ciudadanos que permanecieron más de 17 años en prisión preventiva sin sentencia judicial.

En dicha resolución, la Corte Interamericana señaló que la prisión preventiva contraría la Convención Americana de Derechos; al tiempo que pidió a México adecuar su ordenamiento jurídico sobre este asunto.

Alcalde acusó a la Suprema Corte de tomar este veredicto para interpretarlo y ordenar «unilateralmente» cómo México debe cumplirlo «sin que se tome en cuenta a otras instituciones» como el Congreso.

Señaló, asimismo, a los jueces como principales responsables del abultado número de personas en prisión preventiva. «Es tan alto precisamente» por «la enorme tardanza de los propios jueces» para procesar a los presuntos delincuentes, alegó Alcalde.

La funcionaria consideró además que la decisión de eliminar la prisión preventiva «vulnera la soberanía nacional»; pues, según argumentó, «ningún estado, gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su constitución».

«Hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia», advirtió Alcalde.

Un 40% de los casi 227.000 presos contabilizados en México están en prisión preventiva, según datos de la ONU del 2022.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió este martes que intensificará las sanciones contra Irán, tras su ataque sin precedentes contra Israel durante el fin de semana. 

«El Tesoro no dudará en trabajar con nuestros aliados para utilizar nuestra autoridad en materia de sanciones para continuar desbaratando la actividad maligna y desestabilizadora del régimen iraní», advirtió Yellen antes de las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Washington esta semana.

«Espero que adoptemos sanciones adicionales contra Irán en los próximos días», precisó después. 

En una conferencia de prensa al comienzo de las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial, Yellen destacó que «las acciones de Irán amenazan la estabilidad de la región y podrían tener beneficios económicos». 

Teherán atacó territorio israelí entre la noche del sábado y la madrugada del domingo; en respuesta a un ataque mortal atribuido a Israel contra su consulado en Damasco. 

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Sanciones contra Irán,

Desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en enero de 2021 «hemos atacado a más de 500 personas y entidades vinculadas al terrorismo; a la financiación del terrorismo por el régimen iraní» y a los diversos movimientos vinculados a él en la región, precisó la secretaria del Tesoro. 

En particular, se han atacado «los programas de drones y misiles de Irán; además de su financiación a Hamás, los hutíes, Hezbolá y las milicias iraquíes», detalló.

Yellen insistió en que las sanciones impuestas contra Hamás no deben impedir que la ayuda llegue a los habitantes de Gaza; afirmó que el Tesoro se ha asegurado de «garantizar que las sanciones no obstaculicen la ‘ayuda vital'». 

La secretaria del Tesoro también se reunió el martes con su homólogo chino. En el marco de la tercera reunión del grupo de trabajo económico y financiero binacional que se espera aborde el tema de la sobreproducción en China.

Las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial comenzaron el martes en Washington y durarán una semana.