Integrantes de la minoría musulmana rohinyás de Birmania dieron su testimonio este miércoles en Buenos Aires, en el marco de una investigación de la justicia argentina sobre los presuntos crímenes de guerra del ejército del país asiático, informó uno de sus representantes.
«Es un día histórico para todos en Birmania. Las audiencias en persona finalmente tuvieron lugar y fuertes evidencias se han producido en un tribunal», declaró a la AFP Maung Tun Khin, presidente de la Organización de los Rohinyás birmanos del Reino Unido, con sede en Londres.
El portavoz no dio la identidad ni el número de «sobrevivientes» que declararon por primera vez en forma presencial, ni los hechos abordados por «razones de seguridad».
Pero se prevé que media docena de personas dé su testimonio en audiencias hasta el 13 de junio, según una fuente cercana a la causa.
La audiencia, a puerta cerrada, se produce bajo el principio de «justicia universal», consagrado en la Constitución de Argentina.
Este principio permite juzgar delitos muy graves, sin importar la nacionalidad de los acusados ni el lugar donde se hayan producidos los hechos denunciados.
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Antecedentes a la declaración de rohinyás
En 2021, la justicia argentina hizo lugar a una denuncia y abrió una investigación sobre las acusaciones de crímenes por parte de militares birmanos contra la minoría musulmana.
Ese mismo año, seis mujeres rohinyás, refugiadas en Bangladés, participaron de una audiencia virtual ante el tribunal argentino en la que dijeron haber sido víctimas de violencia sexual y mencionaron la muerte de familiares debido a la represión.
«Las audiencias presenciales van a seguir, aportan a la causa elementos muy importantes», declaró Tun Khin.
La justicia argentina ya había aceptado analizar otros casos foráneos bajo el principio de jurisdicción universal, en particular el de los crímenes cometidos bajo el régimen franquista en España.
Unos 750.000 rohinyás huyeron a Bangladés del estado birmano de Rakáin (oeste) en agosto de 2017, tras una operación de represión del ejército en ese país de mayoría budista.
Estos hechos han sido objeto desde entonces de otras demandas penales tanto ante la Corte Penal Internacional como por «actos de genocidio» ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).