Colombia está desde este lunes bajo un «estado de conmoción interior» ordenado por el presidente, Gustavo Petro, en medio de una embestida de guerrilleros y narcos que deja más de 100 muertos y casi 20.000 desplazados en cinco días de violencia.  

Ante la escalada violenta sin precedentes recientes, el mandatario izquierdista tomó esta decisión excepcional que faculta al Ejecutivo para tomar medidas extraordinarias como por ejemplo liberar recursos y restringir la movilidad de los habitantes. 

Desde el jueves diferentes focos de violencia estallaron en el país, el más grave en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. 

La guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacó a la población civil y se enfrentó contra disidentes de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. 

La prolongada embestida incluyó asesinatos selectivos y combates que dejan un balance de al menos 80 muertos y casi 20.000 desplazados en esta región plagada de narcocultivos.

Este lunes, el Ministerio de Defensa informó sobre la muerte de 20 guerrilleros en el departamento amazónico del Guaviare (sur). Por choques entre dos facciones enemigas de los desertores del pacto que puso fin a las FARC.  

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Violencia en Colombia

Y en el departamento de Bolívar (norte) los enfrentamientos entre el ELN y la banda narco Clan del Golfo dejaron nueve muertos. Eso según autoridades el viernes. 

La Constitución indica que el presidente puede decretar el «estado de conmoción interna» en «caso de grave perturbación del orden público. Que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana». 

El artículo constitucional no dicta medidas específicas y da carta abierta al Ejecutivo para realizar las acciones. «Necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos». 

Petro no ha especificado el alcance de la declaratoria, que puede durar un periodo máximo de 90 días. «Prorrogable hasta por dos periodos iguales», según la Carta Magna. 

La violencia tiene en jaque la apuesta del mandatario izquierdista de hacer la paz con todos los grupos armados de Colombia.

El presidente de Estados Unidos posesionado el lunes oficialmente, Donald Trump firmó este lunes un decreto que declara emergencia nacional en la frontera con México, poco después de prometer «puño duro» contra la migración ilegal en su discurso formal en Washington.

Tras haber jurado «proteger la Constitución» bajo la cúpula del Capitolio en Washington, el republicano anunció una batería de medidas. Por decreto para demoler el legado de su sucesor y ahora predecesor, el demócrata Joe Biden.

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Emergencia nacional en frontera

Su prioridad: expulsar a los migrantes en situación irregular e impedir su entrada. Para ello no escatimará medios.

En el discurso de investidura, el millonario de 78 años prometió firmar múltiples decretos para declarar la emergencia nacional en la frontera con México, bloquear la entrada de migrantes y deportar a «millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron».

Añadió que resucitará su programa «Quédate en México» para que los migrantes esperen el desenlace del proceso migratorio del otro lado de la frontera, y designará a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras. 

Llanto y dolor

Sumida en llanto, Margelis Tinoco dice no saber qué será de su vida. Tras la decisión del presidente Donald Trump de cancelar este lunes un programa. El que permitió a casi un millón de migrantes pedir citas de asilo para ingresar legalmente a Estados Unidos.

Trump declaró la frontera en «emergencia» para detener «toda entrada ilegal». Al tiempo que promete deportar a «millones de extranjeros criminales».

Según el gobierno estadounidense, en el año fiscal que terminó en septiembre pasado las autoridades registraron 2,1 millones de encuentros con migrantes en situación irregular en la frontera sur, frente a los casi 2,5 millones del período anterior.

La frustración se extendió entre los migrantes en Ciudad Juárez y Tijuana que habían conseguido cita tras múltiples intentos. Así como largos y peligrosos viajes desde sus países, de donde salieron huyendo de la pobreza, la violencia o de gobiernos autoritarios.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reafirmado este lunes la posición de las Fuerzas Armadas para combatir a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras la crisis desatada hace unos días en la región de Catatumbo, que ha dejado ya al menos 80 muertos y unos 11.000 desplazados.

«El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá. Nosotros, el Gobierno, estamos al lado del pueblo», ha escrito Petro en su cuenta de X, en la que ha lamentado que la guerrilla haya dejado atrás su espíritu «revolucionario» y los principios de su fundador, el sacerdote Camilo Torres Restrepo, para transitar por «los caminos de Pablo Escobar», a quien «escogieron como su guía permanente».

Petro ha explicado que lo ocurrido estos días en Catatumbo, una región situada en el noreste de Colombia que incluye una quincena de municipios de hasta tres departamentos, es «una demostración más» del paso de las «guerrillas insurgentes» a «organizaciones narcoarmadas».

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Crisis en Catatumbo

Petro ha acusado al ELN de «calcar perfectamente» la forma de operar de los grupos paramilitares, con la masacre de campesinos indefensos y ha transmitido al pueblo colombiano que «las armas de la nación están a su lado».

«Es el tránsito que todo ser humano realiza cuando a su corazón lo gana la codicia (…) Conocí muchas personas militantes del ELN cuando estaba en la cárcel (…) siempre me admiró de ellos sus principios, su entrega revolucionaria. Así que creo que ese ELN está muerto», ha escrito en su cuenta de X.

«Murió también entre los campesinos del Catatumbo, lo asesinó el actual ELN mafioso», ha dicho Petro. Quien ha subrayado que «le corresponde al Ejército actual, el Ejército de la Constitución, salvar y proteger a la población».

El presidente panameño, José Raúl Mulino, aseguró este lunes que el canal «es y seguirá siendo de Panamá» y negó que haya presencia extranjera en la administración de la vía, al rechazar la promesa de Donald Trump de «recuperarlo» porque lo está «operando» China.

«Debo rechazar de manera integral las palabras esbozadas por el presidente Donald Trump (…) el canal es y seguirá siendo de Panamá», expresó Mulino en un comunicado publicado en su cuenta de X.

La administración del canal «seguirá estando bajo control panameño con respeto a su neutralidad permanente. No hay presencia de ninguna nación del mundo que interfiera», agregó. 

Durante su discurso de investidura este lunes, Trump reiteró su intención, expresada varias veces antes de asumir el poder, de tomar el control de la vía interoceánica, incluso por la fuerza. 

«China está operando el canal de Panamá y nosotros no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá y vamos a recuperarlo», dijo Trump, quien añadió que los estadounidenses han sido «muy maltratados con este tonto regalo que nunca debió ser otorgado».

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Mulino

Mulino aseguró que «el canal no fue una concesión de nadie», sino producto de luchas populares. Y de los tratados que firmó en 1977 el entonces presidente Jimmy Carter. Conforme a los cuales el control de la vía fue entregada a Panamá en diciembre de 1999.

«Ejerceremos el derecho que nos ampara, la base jurídica del Tratado, la dignidad que nos distingue y la fortaleza que nos da el Derecho Internacional», advirtió Mulino.

El expresidente Martín Torrijos, hijo del general Omar Torrijos, quien firmó los tratados por Panamá, destacó la soberanía total panameña sobre el canal.

«Lo que diga el Presidente Trump no define nuestro destino. Panamá no está sola, la historia está de nuestro lado, afirmó.

Empresarios, sindicatos, exadministradores del canal y otros dirigentes políticos panameños expresaron también su rechazo a las declaraciones de Trump. Y en la capital un centenar de personas quemaron banderas de Estados Unidos.

El canal de Panamá, construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914, tiene a este país norteamericano y a China como sus dos mayores usuarios.

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia, Laura Sarabia, será la nueva canciller del país latinoamericano, en sustitución de Luis Gilberto Murillo. El vicecanciller, Jorge Rojas, será el sustituto de Sarabia.

El nombramiento Sarabia, que ha ocupado el cargo durante un año, se produce en medio de una crisis de gobierno que incluye la salida de Mauricio Lizcano del Ministerio de las TIC. Otros cuatro ministros podrían abandonar el gabinete por sus aspiraciones electorales para 2026.

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Canciller de Colombia

«He presentado mi renuncia como Ministro TIC. Hoy cierro con gratitud y orgullo una etapa que me permitió cumplirle a Colombia. Gracias al presidente Gustavo Petro por la oportunidad de servir, al equipo del ministerio y a la gente por las muestras de afecto», ha publicado Lizcano en su cuenta en X.

Precisamente Luis Gilberto Murillo tendría intención de presentarse como candidato a la Presidencia, por lo que por ley debe dejar el cargo antes de marzo.

También dejarían el gabinete Juan Fernando Cristo (Interior), Susana Muhamd (Medio Ambiente), Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud) y Andrés Camacho (Minas y Energía), todos ellos por sus aspiraciones electorales, según medios colombianos.

Catatumbo

El Gobierno de Colombia ha asegurado este domingo que la prioridad de las fuerzas de seguridad desplegadas en varias localidades de la conflictiva región de Catatumbo, donde se ha registrado la muerte de 80 personas y miles de desplazados por ataques de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), es la de «salvar vidas».

«Ante la crisis humanitaria que se registra por la acción criminal del ELN contra personas y líderes de la sociedad civil en varias poblaciones del Catatumbo. La instrucción del presidente (Gustavo Petro) es que la prioridad de la Fuerza Pública es salvar vidas. Que están en riesgo por acciones prácticamente de cacería». Eso ha declarado el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez.