El miércoles se reactivaron las protestas en Perú y los manifestantes se levantan de nuevo para exigir de nuevo el adelanto de las elecciones y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
Gremios antigubernamentales y ciudadanos de diverso signo ideológico marcharon en varias ciudades y en la capital Lima.
«Nosotros el pueblo, hemos despertado y queremos que cierren el Congreso y también que cierren el ejecutivo porque la señora Dina Boluarte está usurpando un cargo que no le pertenece», dijo a la AFP el ciudadano Carlos Beltrán, de 38 años, que llegó desde la surandina Huancavelica.
La Central General de los Trabajadores del Perú (CGTP), partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil impulsaron la movilización.
Pedimos «adelanto de elecciones; ni Boluarte ni el Congreso deben seguir, su permanencia agrava la crisis. Es lamentable que el Ejecutivo y Legislativo actúen como si no hubiera pasado nada y piensen quedarse hasta el 2026», dijo al diario La República Lucio Castro, secretario general del SUTEP, el mayor sindicato de maestros del Perú.
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Se levantan
También hubo movilizaciones similares en nueve de las 25 regiones de Perú, entre ellas Arequipa, Cusco, Puno, Huancavelica, Lambayeque, Tacna, Junín, Cajamarca y Piura.
En Huancavelica, la policía dispersó con gases lacrimógenos a cientos de pobladores que trataron de quemar la prefectura de esa ciudad.
«No es un día normal. Estamos en una situación en que un grupo de manifestantes de varias regiones del país han salido a expresar lo que es conveniente a sus intereses políticos», dijo el jefe de gabinete, Alberto Otárola, en declaraciones a periodistas.
El Congreso, controlado por la derecha, rechazó a inicios de año dos proyectos de Boluarte para adelantar las elecciones a 2024. Luego, ambos acordaron tácitamente permanecer en sus cargos hasta el fin de sus mandatos en julio de 2026.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una veintena de los 50 muertos que dejó la represión fallecieron por impactos de bala. En enero, la Fiscalía abrió una investigación a Boluarte por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves». Sin embargo, la mandataria tiene inmunidad hasta el fin de su mandato.
(20/07/2023)