Hace 50 años se instalaba una de las dictaduras más sangrientas de la región. El 11 de septiembre de 1973, Chile empezaba a escribir un episodio de terror de 17 años signado por la represión y más de 3.000 asesinados y desaparecidos. Una herida que sigue abierta.
Chile estaba desabastecido, el palacio presidencial bombardeado ardía con un mandatario muerto de un balazo y los militares conquistaban el poder. Un golpe de Estado que hasta hoy divide a los chilenos.
«Misión cumplida. Moneda tomada. Presidente muerto». Eran las 14.00 de ese 11 de septiembre, cuando las tropas que estaban al mando del general Augusto Pinochet dieron el parte: Salvador Allende, el primer presidente marxista elegido por voto popular, se había suicidado en La Moneda.
En plena Guerra Fría, Allende quiso implantar el socialismo en Chile. Su experimento llamó la atención en América Latina y Europa, pero irritó a Estados Unidos, que apoyó el golpe militar ante la amenaza de una expansión comunista.
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Herida
Chile, jaqueado entonces por la inflación y la falta de alimentos provocada por el complot de empresarios, se adentraba así en una dictadura de 17 años (1973-1990) que dejó miles de muertos y desaparecidos, una economía privatizada y una brecha insalvable entre críticos y defensores del régimen militar.
La dictadura ejecutó a 1.747 personas y detuvo e hizo desaparecer a otras 1.469, de las cuales se ha logrado identificar a 307. Todavía se desconoce el paradero de 1.162 desaparecidos, cuya búsqueda recién asumió el Estado chileno.
Con la represión se generó el mayor movimiento migratorio en la historia chilena: Poco más de 200.000 personas se exiliaron, según la independiente Comisión chilena de derechos humanos.
Funcionarios del gobierno de Allende, dirigentes sindicales, obreros, estudiantes, campesinos debieron abandonar el país junto a sus familias. Suecia, México, Argentina, Francia y Venezuela fueron los principales países de destino.
La mayoría pudo regresar a Chile a partir del 1 de septiembre de 1988, cuando un decreto autorizó su regreso, un año y medio antes del final de la dictadura.
Y las heridas no se cierran. Emilia Vásquez jamás volvió a saber de su hijo Miguel Heredia, un militante de izquierda de 23 años capturado en 1973. «Cuando me dijeron que lo habían tirado al mar fue lo más impactante, porque siempre lo quise encontrar con vida», señala la mujer de 87 años.
En un pequeño bote alquilado, Luz Encina, de 94 años, lleva un puñado de flores rojas. En el mar cree que puede estar su hijo, otro de los miles de desparecidos.
Desde hace tres décadas, la mujer —hoy físicamente disminuida por la edad y que depende de su familia para trasladarse— viaja unos 110 kilómetros desde Santiago hasta el puerto de San Antonio, en Valparaíso, para cumplir con su ritual de agosto: arrojar claveles al mar con el deseo de que Mauricio «esté bien donde esté».
«Los militares dijeron que tira[1]ron varias personas al mar y ahí podría estar mi hijo», señala Encina, una de las pocas madres aún con vida de detenidos desaparecidos, al igual que Emilia Vásquez.
Historia
El 5 de agosto de 1974, Mauricio Jorquera cumplió 19 años. Fue la última vez que Encina vio a su hijo, un universitario militante de izquierda. Jorquera fue capturado por la policía política de Pinochet. Su madre lo buscó sin éxito en los centros adonde eran llevados y torturados los detenidos. Ni los militares ni la Justicia le dieron respuesta.
Encina, con la foto de Mauricio adherida al pecho, presiente que su hijo fue arrojado al mar, quizá desde uno de los «vuelos de la muerte» organizados por el ejército para hacer desaparecer los cuerpos de los prisioneros detenidos.
El miércoles anterior, el Estado se comprometió por primera vez a asumir la búsqueda de poco más de un millar de detenidos desaparecidos, a través de un plan del presidente Gabriel Boric en vísperas de los 50 años del golpe militar.
Sin el hallazgo de los cuerpos, la Justicia chilena comenzó a tratar el caso de los desaparecidos a la fuerza como un «secuestro permanente», para evitar que quedaran cobijados por una Ley de Amnistía para el período 1973-1978, cuando se cometieron los crímenes más cruentos del régimen.
Inspirado en la teoría de libre mercado de los “Chicago Boys», Pinochet decidió aplicar el modelo privatizador bajo el cual los chilenos vivieron años de prosperidad y estabilidad económica.
El 11 de marzo de 1990, el general entregó el poder después de perder un referéndum, pero permaneció otros ocho años al frente del Ejército. Fue senador «vitalicio» hasta 2002, cuando renunció. Murió a los 91 años cuando estaba bajo arresto domiciliario por tres casos de violaciones de derechos humanos y uno de malversación de fondos públicos.
Afín al régimen militar por décadas, la justicia comenzó a investigar las violaciones de derechos humanos a partir de 1998. Actualmente están condenados y en prisión al menos 250 agentes de la dictadura.
Eso sí, Pinochet nunca fue juzgado por los crímenes de la dictadura, por lo que tampoco recibió una sanción social unánime. Faltó tiempo para condenarlo, afirma el expresidente de la Corte Suprema entre 2010 y 2012, Milton Juica.
JUSTICIA
A partir del 2000 comenzaron a investigarse en profundidad las denuncias por secuestros, violaciones, asesinatos y torturas. Recién este año la Corte Suprema emitió sentencias definitivas en casos emblemáticos como el de la «Caravana de la muerte» o el asesinato del cantautor Víctor Jara.
«Muchos de quienes dijeron que nunca iban a ir a la cárcel, empezaron a ir», sostiene Juica.
También en los colegios se comenzó a hablar tarde de la dictadura, a la que los libros escolares reseñaban como gobierno militar. «Hubo un silencio de casi 20 años», critica el profesor de Historia Francisco Hevia.