El expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad, recobró la libertad este miércoles bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias, pese a la objeción de la justicia interamericana.

Fujimori, de 85 años y quien padece varias enfermedades, abandonó el penal Barbadillo, en el este de Lima, a las 18.29 en una camioneta gris, según periodistas de la AFP. El exmandatario llevaba chaleco negro y una mascarilla blanca.

Savoi Jadon Wright, un estadounidense fue detenido a finales de octubre en Venezuela acusado de «conspirar» con la petrolera ExxonMobil en la disputa que ese país mantiene con Guyana por el Esequibo, una región rica en petróleo, informó este miércoles el fiscal general, Tarek William Saab, quien incluyó en el caso a políticos de la oposición.

Saab dijo que el estadounidense Savoi Jadon Wright formó parte de una trama para «conspirar» en un intento de boicot contra el referendo que realizó el domingo Venezuela en medio de una centenaria disputa territorial, en el que se aprobó crear una provincia venezolana en el área.

Wright, según el fiscal, utilizó «criptomonedas» y «grandes cantidades de efectivo para evadir controles financieros y enmascarar el origen y destino de los fondos usados para conspirar», sin dar mayores detalles sobre el destino del dinero. 

«Ya se encuentra detenido», dijo Saab sobre Wright, sin precisar la fecha del arresto; aunque medios estadounidenses indican que la detención se produjo el 24 de octubre.

Saab aseguró que un segundo estadounidense, Damián Merlo, a quien identificó como asesor del expresidente estadounidense Donald Trump, estuvo involucrado en «la trama». Merlo está libre. 

La investigación también incluye a «líderes de la organización Súmate», fundada por la liberal María Corina Machado, ganadora de primarias para enfrentar al presidente venezolano Nicolás Maduro en las elecciones de 2024. El fiscal no mencionó expresamente a Machado.

Savoi Jadon Wright junto con otras personas fueron detenidos

La fiscalía dictó órdenes de arresto contra tres miembros de Súmate, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Roberto Abdul; por «traición a la patria, conspiración con una potencia extranjera (…), legitimación de capitales y asociación para delinquir».

«Se logró identificar una serie de financiamientos provenientes del lavado de activos de organizaciones internacionales y empresas extranjeras como la ExxonMobil para conspirar contra el desarrollo del referendo consultivo», señaló Saab en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

Se dictaron además órdenes de aprehensión contra opositores venezolanos en el exilio, entre los que figuran Juan Guaidó; quien escapó a Estados Unidos en abril pasado luego de la eliminación, por parte de la propia oposición; del simbólico «gobierno interino» que encabezó desde 2019 con apoyo de Washington y medio centenar de países.

La pugna por el Esequibo se agudizó después de que en 2015 ExxonMobil; trasnacional a la que Caracas acusa de operar en áreas marítimas pendientes por delimitar, descubriera importantes yacimientos de petróleo.

Se está «persiguiendo a venezolanos honorables que han dedicado su vida a trabajar por la democracia de Venezuela», reaccionó Machado en rueda de prensa. «Esto es un acto de orden político y no jurídico».

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El presidente argentino, Alberto Fernández, y su vicepresidenta, Cristina Kirchner, enemistados durante gran parte de los cuatro años del gobierno que entregarán el domingo al ultraliberal Javier Milei, se despidieron de sus colaboradores con actos y mensajes por separado.

«Dejo un país en funcionamiento», dijo Fernández el miércoles, al hablar en un brindis con empleados en su último día de agenda oficial en la residencia oficial Casa Rosada, antes de viajar a la cumbre del Mercosur en Brasil. 

«Me voy con la tranquilidad de haber puesto todo lo que tenía que poner para ayudar en este tiempo», añadió el presidente, ungido en 2019 por Kirchner para encabezar la fórmula de centro-izquierda que compartieron y que se impuso ese año en primera vuelta con 48,2% de los votos.

Sin embargo, expresó su «enorme pesar por no haber podido resolver el problema de la pobreza», que afecta a más de 40% de los argentinos según estadísticas oficiales.

En recientes entrevistas, después de la elección de Milei, Fernández ventiló en público sus antiguas desaveniencias con Kirchner.

«Tiene un modo de hacer política que a mí no me gusta, que tiene que ver con esa forma personalista de hacer política. Pero yo la respeto», había dicho.

Cristina Fernández de Kirchner ni menciono a Alberto Fernández  

Kirchner, antes presidenta entre 2007 y 2015, se despidió a su vez el martes de los trabajadores del Senado, que encabeza como vicepresidenta, y dio a entender que seguirá actuando en política, pero sin mencionar a Fernández.

«No me voy a ningún lado. Ya saben donde encontrarme», dijo Kirchner, que hace más de dos años expresa públicamente sus críticas contra Fernández.

«Voy a estar acá cerquita -dijo Kirchner-, a dos cuadras en el (Instituto) Patria», un centro de investigación de la facción «kirchnerista» que responde a la vicepresidenta.

Luego, en su cuenta de la red TikTok, mostró como dejaba colgado en su despacho una fotografía junto a Diego Maradona. «Qué jóvenes que éramos. Pobre Diego. Eterno», dijo.

El despacho en el Senado será ocupado desde el 10 de diciembre por otra mujer a cargo de la vicepresidencia argentina, la ultraderechista Victoria Villarruel.

Kirchner, de 70 años, fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de cárcel por corrupción, una pena que apeló.

Sobre el final de la campaña electoral, cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, enfrentó a Milei como candidato oficialista, tanto Fernández como Kirchner se mantuvieron al margen, en momentos en que el gobierno enfrentaba un nivel de insatisfacción de más de 80%, según sondeos.

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha trasladado su apoyo al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en su invocación del Artículo 99 de la Carta de la ONU por el que pide al Consejo de Seguridad un alto el fuego en la Franja de Gaza.

Sánchez secundó a Guterres en una publicación en su perfil de la red social X, en la que ha llamado al Consejo de Seguridad de la ONU a «actuar inmediatamente e imponer un alto el fuego humanitario» en el enclave palestino «ante el riesgo de colapso inminente».

«La catástrofe humanitaria en Gaza resulta insoportable», ha aseverado el jefe del Ejecutivo, que ha subrayado así que comparte «plenamente» los motivos expuestos por Guterres para hacer un llamamiento al Consejo de Seguridad en este sentido.

El secretario general de la ONU ha invocado por primera vez en todo su mandato el Artículo 99 de la Carta de la ONU, por el que se le permite «llamar la atención al Consejo de Seguridad sobre cualquier asunto que, en su opinión, pueda amenazar el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales».

Sánchez respalda el articulo 99 levantado por Guterres

Guterres, quien ha informado por X de la activación de este artículo, ha publicado además una carta enviada al Consejo de Seguridad en la que ha instado a los miembros del mismo a que «presionen para evitar una catástrofe humanitaria».

«Reitero mi llamamiento para que se declare un alto el fuego humanitario. Es urgente. La población civil debe ser salvada de un daño mayor», ha advertido.

Asimismo, ha denunciado los miles de muertos en los 60 días de conflicto entre Hamás e Israel y ha avisado del colapso del sistema sanitario en el enclave palestino, donde los hospitales «se han convertido en campos de batalla», ha lamentado.

«En medio de los constantes bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel, y sin refugio o lo esencial para vivir, pronostico que el orden público se romperá completamente debido a las condiciones desesperadas, haciendo que incluso la asistencia humanitaria limitada sea imposible de entregar», ha vaticinado.

Hamás lanzó el 7 de octubre un ataque sin precedentes contra territorio israelí, dejando un balance de casi 1.200 muertos y otros 240 rehenes, parte de ellos ya liberados. El Ejército israelí, por su parte, puso en marcha una cruenta contraofensiva contra las estructuras de la milicia palestina en el norte de la Franja de Gaza.

Hasta el momento, las autoridades gazatíes han confirmado la muerte de más de 16.200 personas, la mayoría de ellos mujeres y niños. La situación humanitaria en el enclave empeora a medida que aumentan los ataques israelíes y los convoyes con suministros y combustible cruzan la frontera con cuentagotas.

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El ministro del Interior de Reino Unido, James Cleverly, ha confirmado este miércoles la dimisión del secretario de Estado de Inmigración, Robert Jenrick, quien había mostrado discrepancias con la nueva legislación para la deportación de migrantes irregulares a Ruanda.

Preguntado en reiteradas ocasiones por la ausencia de Jenrick en la Cámara de los Comunes durante una comparecencia de Cleverly, el ministro del Interior ha terminado por confirmar que Jenrick ha renunciado a su cargo en el gobierno, según recoge la radiotelevisión británica BBC.

La dimisión de Robert Jenrick se produce apenas un día después de que él mismo firmara el nuevo acuerdo migratorio con Ruanda; un nuevo pacto que resuelve las dudas planteadas por el Tribunal Supremo a la anterior iniciativa. Especialmente en lo relativo al retorno a su país de origen de los reubicados en territorio ruandés.

El Supremo tumbó a mediados de noviembre una de las medidas estrellas del Gobierno de Rishi Sunak; que planteaba fletar vuelos con migrantes a Ruanda para reducir la carga migratoria en Reino Unido.

Los jueces no veían claro que Ruanda pudiese ser considerado a efectos legales como un país seguro para este tipo de medidas; cuestionadas por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

El nuevo acuerdo garantiza que los migrantes que lleguen a Ruanda «no corren riesgo de ser devueltos a un país donde su vida o su libertad se vea amenazada» y plantea que una comisión independiente supervise; entre otras cuestiones, las condiciones en que se recibe a estos migrantes o el proceso por el cual se revisan sus solicitudes de asilo.

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