En un conmovedor acto realizado la tarde del martes 3 de octubre en la Plaza de Bolívar de la ciudad colombiana de Bogotá, el Estado colombiano ofreció, a través del presidente Gustavo Petro y del ministro de Defensa, Iván Velásquez, disculpas públicas públicas a las madres y familiares de 19 víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros del Ejército entre 2002 y 2008.
Las víctimas, oriundas en su mayoría del municipio de Soacha, aledaño a Bogotá, así como de la propia capital colombiana, conforman el caso bautizado por la prensa como «falsos positivos».
Lo acontecido entonces constituye uno de los capítulos más escabrosos del conflicto armado colombiano, ocurrido durante el mandato del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
En un costado de la Plaza de Bolívar y frente al Palacio de Justicia de la capital colombiana, organizaciones de víctimas, así como representantes de la sociedad civil, instalaron pancartas y símbolos alusivos a los hechos.
Las víctimas de entonces, en su mayoría de origen humilde, fueron atraídas con propuestas de trabajo por miembros del Ejército colombiano, para después ser ejecutadas y vestidas con indumentarias propias de la guerrilla, y así tener un registro como si se tratara de insurgentes dados de baja en medio de combates.
«En el asesinato de estos jóvenes no sólo está el mecanismo bárbaro de cambiar ascensos por muertos. Ese tema lo discutirán también las fuerzas militares en su interior. Pero es uno peor: el de cambiar votos por muertos», señaló Petro en su intervención, en referencia a que entonces se aspiraba a una nueva elección.
El mandatario colombiano se refirió a la cifra entregada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su informe sobre ejecuciones extrajudiciales, que señala que fueron 6.042 las personas muertas por esta práctica ilegal en el país sudamericano.
Disculpas públicas
Sostuvo que esa «codicia» mató a los 6.402 jóvenes, lo que queda en la historia del Ejército y «no se va a borrar nunca».
Por su parte, el ministro Velásquez reiteró que los hechos avergüenzan a Colombia frente al mundo e insistió en que eventos como esos no deben ocurrir «nunca más».
«Para honrar sus memorias, para decirle a Colombia y al mundo que los 19 jóvenes; a cuyos familiares y amigos abrazamos hoy con respeto y solidaridad. No eran guerrilleros, no estaban realizando ninguna acción delictiva», sostuvo el jefe de la cartera de Defensa.
«No asumieron ninguna confrontación con las fuerzas militares. Eran hombres cuyas vidas, sueños e ilusiones, se truncaron por la acción criminal de integrantes del Ejército», agregó el ministro de Defensa.
Las ejecuciones extrajudiciales por la que el Estado ofreció disculpas fueron atribuidas por parte de la Sala de Reconocimiento de la JEP a miembros del Ejército.
No aceptadas
Madres de los 19 jóvenes que fueron víctimas se presentaron ante el público, conformado por unas 200 personas; y coincidieron en manifestar que la excusa pública es un acto incompleto.
Sostuvieron que las disculpas públicas no eran completas porque no venía de parte de los funcionarios del gobierno vinculados de manera directa con las ejecuciones, ni por el presidente de entonces. A quien señalaron de ser el responsable directo de una política que premiaba las bajas de forma indiscriminada; para fortalecer operativos exitosos en contra de la guerrilla.
La madre de una de las víctimas, María Teresa Gil Betancur, afirmó a Xinhua que en el acto «están los que no deben estar».
«Para nadie es un secreto que el responsable de la muerte de los muchachos es Uribe y el que debería estar sentado ahí es Santos», dijo Gil Betancur. En referencia a Juan Manuel Santos, quien entonces era ministro de Defensa (2006-2009) y luego fue presidente de Colombia (2010-2018).
«Queremos que haya justicia y no repetición», agregó la madre del menor Deiby Julián Pisa Gil; quien fue ejecutado en mayo de 2006 por integrantes de un batallón militar en el municipio de Cimitarra, en el departamento Norte de Santander (norte), según las investigaciones.
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