Las autoridades brasileñas elevaron a 75 el número de fallecidos y a 103 el de personas desaparecidas como consecuencia de los dos temporales que azotan desde este lunes a todo el estado de Río Grande del Sur, en el sur de Brasil, mientras la capital estatal, Porto Alegre, ha entrado de nuevo en estado de alerta roja tras una crecida súbita de las aguas del río Guaíba.

El gobierno estatal de Río Grande del Sur elevó además a 780.725 la cifra de personas afectadas y a 155 el de heridas. En cuanto a los muertos, las autoridades han matizado que se está investigando seis de los 75 casos de fallecimiento para confirmar si están directamente causadas por las lluvias.

Revise: Al menos 66 muertos y 101 desaparecidos por inundaciones en sur de Brasil

Alerta roja

Hay 334 municipios afectados por las lluvias torrenciales, 16.609 personas sin hogar y 88.019 que han tenido que ser desalojadas, según el último balance de Defensa Civil, recogido por el diario ‘Folha de Sao Paulo’. Además son 839.000 los inmuebles sin suministro de agua y 421.000 los que no tienen servicio de electricidad. También el servicio de telefonía e Internet se ha visto afectado.

El nivel del agua del río Gauíba alcanza los 5,3 metros, un dato que supera ampliamente el récord de 4,7 metros registrado en 1941.

La alerta de Defensa Civil se dirige a las zonas más bajas de la Región Metropolitana, bajo riesgo de «inundaciones graves» en las próximas 24 horas. La agencia también aconsejó la evacuación inmediata de los habitantes de zonas de riesgo en municipios como Porto Alegre, Guaíba, Barra do Ribeiro, Gravataí, Canoas, Charqueadas, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo y Taquara.

Las autoridades han suspendido las clases en 2.338 colegios públicos, por lo que hay casi 200.000 alumnos afectados. Además hasta 224 escuelas han sufrido daños materiales.

(05/05/2024)

Personalidades afines al Grupo de Puebla, que aglutina a expresidentes progresistas latinoamericanos, publicaron un manifiesto en el que reclaman la libertad del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, en prisión en La Roca (Guayaquil) tras ser detenido en la Embajada de México donde se encontraba bajo asilo político, y el respeto al derecho internacional.

En el manifiesto, el Grupo de Puebla ha denunciado que el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó la «incursión violenta de fuerzas militares y policiales» contra la Embajada de México en Quito. En una operación que, según ha señalado, tuvo como objetivo el «secuestro» de Glas, «perseguido judicial y políticamente desde hace siete años» y que se encontraba en calidad de asilado político en esa sede diplomática.

Lea: México solicita a CIJ medidas provisionales para proteger su Embajada en Ecuador

Libertad de Glas

El texto lo firman desde España el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y otros dirigentes de la izquierda española. Como la exministra y dirigente de Podemos Irene Montero o el secretario general del PCE, Enrique Santiago.

También han firmado el manifiesto otras personalidades españolas como el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, el juez Baltasar Garzón. Igualmente el diputado de En Comú Podemos Gerardo Pisarrello o el politólogo Katu Arkonada. Igualmente lo han respaldado otros exdirigentes internacionales como los expresidentes Alberto Fernández (Argentina), Ernesto Samper (Colombia), Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador).

El texto inlcuye asimismo las firmas de Jorge Arreaza (Venezuela), Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), Silvio Rodríguez (Cuba). También Iván Cepeda (Colombia) y numerosas personalidaes políticas y sociales de Ecuador.

Desde el manifiesto han recordado que «no existe antecedente» en la región «de un ataque de esta naturaleza a una embajada para secuestrar a un asilado».

«Ni las dictaduras militares se atrevieron a perpetrar una agresión de este tipo que, en este caso, fue instruida desde la más alta autoridad del Estado». Así recalcan desde el Grupo de Puebla, que ha reiterado que Glas «fue secuestrado con violencia y fue víctima de torturas. Así como tratos crueles, inhumanos y degradantes» y actualmente «sufre constantes amenazas de muerte» mientras su entorno «es permanentemente hostigado y amedrentado».

Manifiesto

Los firmantes han subrayado que «la propia justicia ecuatoriana, en la resolución de un recurso de Habeas Corpus reconoció que la detención de Jorge Glas fue ilegal». Pero, en cambio, «no decretaron su libertad inmediata y lo mantienen en la cárcel de máxima seguridad llamada ‘La Roca'».

En este sentido, el Grupo de Puebla ha afirmado que la situación del exvicepresidente ecuatoriano «amenaza la estabilidad regional». Ha mostrado su preocupación por la salud e integridad física de Jorge Glas y sus allegados. «Su seguridad es de entera responsabilidad del gobierno de Daniel Noboa, autor de su secuestro», ha señalado.

Así, han lamentado que el Sistema Interamericano, «pese a la gravedad de estos hechos». Y a que Jorge Glas recibió medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2019, «guarde silencio y no exija el respeto al sagrado derecho al asilo».

Dato

El Grupo de Puebla ha pedido «el inmediato retorno a la situación previa al asalto» a la Embajada mexicano. Volviendo «al estatus de asilado político a Jorge Glas».

Por último, ha reclamado que prevalezca la protección que, en el marco del derecho internacional, «corresponde a Jorge Glas. Y que se le otorgue el salvoconducto correspondiente para que pueda trasladarse sano y salvo a territorio mexicano».

La Policía de Ecuador irrumpió en la Embajada mexicana en Quito, donde se alojaba el exvicepresidente Glas desde hacía semanas alegando temor por su seguridad. México había confirmado poco antes de la operación policial que brindaría asilo político al que fuera ‘número dos’ del presidente Rafael Correa.

Las autoridades ecuatorianas acusan al exvicepresidente de un supuesto delito de malversación de caudales públicos por los trabajos de reconstrucción en la provincia de Manabí. Tras el paso de un fuerte terremoto en el año 2016, que dejó más de 670 muertos.

(05/05/2024)

Las pérdidas económicas sufridas por Venezuela como consecuencia de las sanciones impuestas por terceros países occidentales desde 2015 rondan el billón de dólares (unos mil millones de euros), según datos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP).

El secretario ejecutivo de este organismo, Jorge Arreaza, señaló que «el bloqueo económico en este momento debe alcanzar los 800.000 millones de dólares» (unos 742.680 millones de euros) y esta cantidad se dirige «al costo de un billón de dólares».

«Una cosa es la corrupción y otra es el daño inmenso que ha causado el bloqueo a Petróleos de Venezuela», ha criticado Arreaza en una entrevista para Venezolana de Televisión recogida por el diario ‘Últimas Noticias’.

Consulte también: Venezuela registra la inflación acumulada más baja en 12 años

Sanciones

No obstante, a juicio de Arreaza, el impacto de estos castigos se ha visto reducido «gracias a que el presidente Nicolás Maduro ha logrado encontrar la fórmula que burla, en el buen sentido de la palabra, lo peor de las sanciones y el bloqueo».

A fin de mejorar la situación, el secretario de ALBA-TCP ha asegurado que su propósito es «crear agendas en el mundo». Por ejemplo en la ONU la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) entre otros. Respetando de manera «firme y solidaria» la soberanía de cada Estado.

En este sentido, Arreaza ha definido la Alianza Bolivariana como «una zona de paz», ensalzando su «diálogo permanente con el Cairbe». Subrayó que «ningún país del ALBA se deja tutelar por Estados Unidos».

«El reto más importante del ALBA-TCP es el económico, poder independizarnos. La independencia económica del ALBA-TCP es una de las tareas fundamentales para la felicidad de los pueblos que integran el bloque. Y que son el motor del mismo», ha concluido.

(04/05/2024)

El Gobierno de Kenia confirmó este sábado la muerte de 219 personas por las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que llevan días azotando el país tras confirmar otros nueve fallecidos en las últimas 24 horas de temporal (Europa Press). Que también deja un total de 164 heridos y 72 desaparecidos.

Esta crisis sucede cuando el país está a punto de padecer los efectos del ciclón ‘Hidaya’. Según la valoración del Gobierno keniano, «ha adquirido ahora pleno estatus y tiene la capacidad de permanecer así hasta que llegue a las costas de Kenia y Tanzania en cualquier momento».

Consulte también: Autoridades reportan cientos de muertos por temporada de lluvias en África oriental

Inundaciones en Kenia

«El ciclón podría generar precipitaciones masivas con fuertes vientos y poderosas olas capaces de perturbar significativamente las actividades normales dentro de las aguas territoriales de Kenia. Esto en el Océano Índico, así como los asentamientos a lo largo de la costa de Kenia». Eso añade el Ministerio del Interior en su página web.

De momento, el Gobierno keniano ha habilitado ya 138 refugios en 18 condados del país con capacidad para albergar a unas 62.000 personas.

El Gobierno ha constatado inundaciones durante las últimas 24 horas en casi una veintena de condados, a saber. Nairobi, Machakos, Baringo, Nyeri, Nakuru, Kiambu, Kirinyaga, Embu, Laikipia, Trans Nzoia, Bomet, Kakamega. También Kilifi, Busia, Kajiado, Garissa y Homabay. Además, Hubo un aumento en el número de deslizamientos de tierra y deslizamientos de tierra en los condados de West Pokot, Embu, Machakos, Makueni y Nakuru.

(04/05/2024)

El Gobierno de Chile ha informado este viernes de la deportación de 65 venezolanos a través de un vuelo chárter con destino Caracas por cometer diferentes delitos o entrar de forma ilegal en el país, lo que suma un total de 411 expulsiones en lo que va de año.

«Estamos hablando de 10 expulsiones administrativas y 55 expulsiones judiciales. Recordar que las expulsiones judiciales son básicamente cuando se aplica frente a delitos que tienen no más de cinco años de condena en nuestro país», ha señalado la portavoz del Gobierno de Chile, Camila Vallejo, en rueda de prensa.

Leer también: Luz verde a candidatura del sustituto de Martinelli, favorito en elecciones panameñas

65 venezolanos

En concreto, de las personas expulsadas un total de 55 cometieron delitos como asociación ilícita, robo con intimidación, tráfico ilícito de armas o tenencia de armas, entre otras, mientras que las otras diez fueron por ingresar de forma ilegal en el país.

Por su parte, el director de Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, ha subrayado que tanto el vuelo de este viernes como los 11 anteriores y los próximos que vendrán «son una expresión» de la «determinación del Gobierno» de expulsar a «personas que cometan delitos» o «que ingresen irregularmente» en Chile.

Chile ya informó el pasado 19 de abril del despegue de otro vuelo rumbo a Bolivia, Ecuador y Colombia con más de medio centenar de migrantes expulsados por cometer delitos. Del total de 53 migrantes deportados, 34 expulsados por vía judicial y los 19 restantes por vía administrativa.