En Brasil las autoridades brasileñas iniciaron hoy el proceso de regulación del mercado de apuestas al ordenar el cierre de más de 2.000 sitios en línea, incluido el que patrocina al Corinthians y otros clubes de fútbol de primera división.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca regular una actividad que funciona prácticamente sin normas desde 2018 y que el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, tachó de ‘pandemia’.

Conocidos como ‘bets’, los sitios de apuestas deportivas y juegos de azar tuvieron plazo hasta el jueves para solicitar su autorización para operar.

Las autoridades realizaron «un amplio seguimiento de sitios web y redes sociales» y localizaron «2.040 dominios sospechosos, enviados a (la agencia reguladora de telecomunicaciones) Anatel para bloquear el acceso en todo Brasil», señaló en una nota el ministerio.

«Quien no está regularizado ni en proceso de regularización, sale del aire», dijo Haddad, en el comunicado.

El proceso puede demorar debido a que representa un «desafío técnico significativo», según la Asociación Brasileña de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones (Abrint).

Más de 200 seguirán operando tras haberse comprometido a cumplir con los requisitos.

En Brasil, un país con 212 millones de habitantes, hay unos 24 millones de adeptos a estas plataformas, según el Banco Central.

¿Devolución del dinero?

El gobierno llamó a los usuarios a retirar su dinero de las plataformas antes de que fueran bloqueadas. 

El órgano de defensa del consumidor de Sao Paulo, Procon-SP, dijo en un comunicado el viernes haber recibido «reclamaciones» de no devolución del dinero y dijo que pediría informaciones a las empresas sobre cómo van a restituirlo.

Las casas de apuestas en línea patrocinan a la mayoría de los grandes clubes de fútbol e inundan el espacio público con anuncios protagonizados por estrellas como el futbolista Vinicius Jr. 

En la lista de los que serán desactivados figura Esportes da Sorte, que patrocina el Corinthians, uno de los clubes más populares de Brasil, además del Athletico Paranaense, el Bahia y el Gremio de Porto Alegre, de primera división.

El ministerio advirtió que esos sitios «tienen prohibido hacer publicidad, lo que incluye, por ejemplo, el patrocinio de clubes de fútbol».

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Corinthians y Depay

El Corinthians, que tiene entre sus hinchas al presidente Lula, afirmó por su parte que la relación con su patrocinador «se mantiene». 

«Según los términos de la legislación en vigor», el club está «autorizado a seguir con la exposición de la marca Esportes da Sorte», que adorna la camiseta del equipo.

Consultado por la AFP, el ministerio de Hacienda declinó hacer comentarios.

El Corinthians acaba de fichar con ayuda de esta empresa con sede en la isla caribeña Curazao al atacante Memphis Depay, el «10» de la selección de Países Bajos. 

Según medios locales, Esportes da Sorte se comprometió a pagar el equivalente a 10,2 millones de los 12,5 millones de dólares que el jugador de 30 años debe recibir hasta julio de 2026, hasta el fin de su contrato.

Lucha contra el fraude en Brasil

En 2018, una ley autorizó a los sitios de apuestas en línea, muchos de ellos ubicados en paraísos fiscales, con la condición de que la actividad se regulara y gravara posteriormente.

Las nuevas reglas entrarán en vigor en enero y los «bets» autorizados deberán, para empezar, pagar 30 millones de reales (5,3 millones de dólares).

Las normas buscan combatir el fraude, el blanqueo de capitales y la publicidad abusiva.

También buscan proteger a los usuarios, con la prohibición de apostar para los menores de edad y la obligación de registrar las cuentas con las que se hacen las apuestas.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró ‘inadmisible’ un recurso del excandidato presidencial Enrique Márquez para solicitar la nulidad de una sentencia que convalidó la reelección del presidente Nicolás Maduro.

Márquez, también exdirectivo del Consejo Nacional Electoral por la oposición, introdujo el pasado 26 de septiembre, junto a una veintena de chavistas disidentes, un recurso ante la Sala Constitucional del TSJ al asegurar que la sentencia que ratificó la victoria del mandatario izquierdista estaba marcada por «vicios de inconstitucionalidad». 

En su nueva decisión, la máxima corte, señalada de favorecer con sus decisiones al oficialismo, declaró «inadmisible la solicitud de revisión constitucional de la sentencia número 031 del 22 de agosto de 2024, dictada por la Sala Electoral» del TSJ luego de un recurso interpuesto por el propio Maduro para certificar su triunfo.

Lea: Corte suprema de Venezuela convalida reelección de Maduro tras denuncias de fraudehttps://www.la-razon.com/mundo/2024/08/22/reeleccion-3/

«Toda vez que en el marco del proceso del recurso contencioso electoral interpuesto, la referida sala recabó y examinó todas las pruebas necesarias conforme a los hechos y al derecho incluyendo un peritaje de manera exhaustiva, detallada y completa», indicó la sentencia.

Según la corte, el peritaje «comprobó la integridad inobjetable de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, los cuales arrojaron que el candidato electo para el período presidencial 2025-2031 fue el ciudadano Nicolás Maduro».

Al consignar la solicitud, Márquez, uno de los diez candidatos en los comicios de julio, señaló que la decisión de la sala electoral del TSJ incurría en una «violación de la soberanía popular recogida en el sufragio del debido proceso».

Se refiere a la certificación que hizo la máxima corte del país de los resultados de las elecciones del 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado vencedor mientras la oposición denunciaba fraude y reivindicaba la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.

Ya el TSJ había indicado que la sentencia emitida el pasado 22 de agosto con la ratificación de la victoria de Maduro es inapelable.

La reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató protestas que dejaron 27 muertos -entre ellos dos militares- y más de 2.400 detenidos, 164 de estos menores de edad, a quienes Maduro ha tildado de «terroristas».

Seis pacientes que recibieron un trasplante de órganos dieron positivo al virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en el estado de Rio de Janeiro, en un caso ‘grave’ que las autoridades investigan, informó este viernes el ministerio de Salud de Brasil.

Pruebas realizadas a dos donantes por un laboratorio privado contratado por el sistema sanitario de Rio de Janeiro dieron positivo al virus tras haber dado negativo en un primer momento. 

«Hasta el momento recibimos la confirmación de que dos donantes tuvieron un nuevo test positivo para VIH y seis pacientes receptores también dieron positivo al test», dijo en una declaración la ministra de Salud, Nísia Trindade, que describió una ‘grave situación’.

Las autoridades ordenaron suspender el laboratorio PCS Lab Saleme, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro, y realizar nuevas pruebas a los órganos que habían sido examinados en ese establecimiento.

El ministerio también ordenó una «auditoria urgente (…) del sistema de trasplante de Rio de Janeiro».

El caso fue descubierto el 10 de septiembre, cuando un paciente que recibió trasplante de corazón y que no tenía el VIH antes de la cirugía acudió al hospital con síntomas neurológicos y dio positivo al virus, según medios locales.

«Es una situación sin precedentes», dijo la secretaría de Salud del estado de Rio en una nota.

Los nuevos exámenes estarán a cargo de la red de hematología estatal de Rio de Janeiro y utilizarán el test NAT de «alta calidad» producido por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), dependiente del Ministerio de Salud, dijo Trindade.

Entre 2007 y junio de 2023, casi medio millón de brasileños fueron infectados con el VIH, según el último boletín del ministerio de Salud.

Catorce estados estadounidenses presentaron el martes demandas judiciales contra la plataforma TikTok, a la que acusan de atrapar a los usuarios jóvenes con funciones adictivas, y luego dañar sus mentes y violar su privacidad.

La ola de demandas en tribunales locales, que exigen medidas correctivas y sanciones económicas, se produce en momentos en que la popular aplicación de videos cortos corre riesgo de ser suspendida en Estados Unidos si no cambia de propietario, actualmente la empresa china ByteDance.

«Nuestra investigación reveló que TikTok cultiva la adicción a las redes sociales para aumentar las ganancias», dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado de prensa.

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«TikTok apunta intencionalmente a los niños porque sabe que los niños aún no tienen las defensas o la capacidad para imponer límites saludables a los contenidos adictivos», añadió.

Funciones como los filtros de belleza, el deslizamiento infinito de un video al siguiente, los videos de reproducción automática y los «me gusta», explotan la curiosidad juvenil y la falta de fuerza de voluntad para parar, sostiene Bonta. 

TikTok luego bombardea a los usuarios jóvenes con anuncios para ganar dinero, alegan las demandas.

‘DECEPCIONANTE’

TikTok calificó las afirmaciones de inexactas y engañosas.

«Nos hemos empeñado en trabajar con los fiscales generales durante más de dos años, y es increíblemente decepcionante que hayan dado este paso en lugar de trabajar con nosotros en soluciones constructivas a los desafíos de toda la industria», dijo el portavoz de TikTok, Michael Hughes, consultado por la AFP.

Hughes citó «salvaguardas» de TikTok que incluyen medidas como expulsar a los usuarios sospechosos de ser menores de 13 años, límites al tiempo de pantalla y configuraciones de privacidad para menores.

«Los jóvenes enfrentan problemas de salud mental debido a plataformas de redes sociales adictivas como TikTok», dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James. «TikTok afirma que su plataforma es segura para los jóvenes, pero eso está lejos de ser cierto», agregó.

TikTok intenta frenar en la justicia la amenaza de prohibición de Estados Unidos, donde tiene 170 millones de usuarios. Una ley que entrará en vigencia a principios del próximo año obliga a sus propietarios chinos a vender la aplicación para evitar la suspensión.

Washington sostiene que ByteDance puede acceder —y de hecho accede— a las peticiones del gobierno chino para obtener datos sobre usuarios estadounidenses, y que el grupo cede a las presiones para censurar o promover determinados contenidos en la plataforma.