Cientos de manifestantes invadieron la sede del Senado y obligaron a suspender el debate de una polémica reforma judicial que, de aprobarse, convertiría a México en el primer país en elegir a todos sus jueces por voto popular.
«¡Señor senador, detén al dictador!», coreaban los manifestantes que traspasaron repentinamente las barreras de seguridad, aludiendo al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, autor del proyecto.
Debido a la irrupción, el titular del Senado de México, Gerardo Fernández Noroña, decretó un «receso indefinido» y poco después convocó a una sesión en una sede alterna para la noche de este mismo martes. «Habrá reforma», escribió en la red social X, con lo se espera que el texto sea votado entre martes y miércoles, como estaba previsto.
Los ocupantes, entre ellos funcionarios judiciales en huelga y estudiantes universitarios, permanecían dentro del edificio, con escasa presencia policial.
López Obrador, que tiene amplias mayorías en el Congreso, planteó la reforma constitucional en el marco de un enfrentamiento con la Suprema Corte, que le ha bloqueado reformas que ampliaban la participación del Estado en el sector energético y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares.
El mandatario, que entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el 1 de octubre y tiene una popularidad de 70%, acusa al máximo tribunal y a algunos jueces de estar al servicio de la corrupción de cuello blanco y del crimen organizado.
Pero sus adversarios denuncian que en realidad pretende eliminar la independencia judicial para instaurar un régimen autoritario y perpetuar a su partido en el poder.
La enmienda también es criticada por Estados Unidos y Canadá, que aseguran que dañará el acuerdo comercial T-MEC, en momentos en que México se consolida como principal socio comercial de su vecino del norte.
Washington advierte además que el voto directo dejaría a los jueces a merced de los criminales, que ya inciden en las campañas políticas.
Si la iniciativa es aprobada, los actuales ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados (unos 1.600) podrían postularse en elecciones en 2025 y 2027. De no hacerlo, permanecerían en sus cargos hasta que asuman los elegidos.
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Caso único
La reforma también es criticada por expertos de Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch.
Colocaría a México «en una posición única en términos del método de elección de jueces», señaló Margaret Satterthwaite, relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.
El otro caso similar en América Latina es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular, mientras los jueces ordinarios son designados por un consejo de la judicatura.
Pero la independencia de los magistrados de elección ha quedado en entredicho en medio de la disputa entre el presidente Luis Arce y su mentor y exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019).
«Lo que más les preocupa a los que están en contra de esta reforma es que van a perder sus privilegios, porque el poder judicial está al servicio de potentados (…), de la delincuencia de cuello blanco», expresó este martes López Obrador.
En vísperas del debate, la presidenta de la Suprema Corte de México, Norma Piña, equiparó la enmienda con un intento de «demolición del poder judicial».
Al oficialismo le faltaría un voto para completar los 86 (dos tercios) necesarios para aprobar reformas constitucionales, aunque el líder del Senado sostiene que 85 serían suficientes.
La sesión había arrancado con denuncias de traición dentro del partido opositor PAN, pues uno de sus senadores, Miguel Ángel Yunes, se ausentó por enfermedad y fue sustituido por su padre, alimentando sospechas de que el oficialismo obtendrá así el voto crucial.
‘Batalla hasta el final’
De ser aprobada la reforma «se estaría instaurando una dictadura», declaró a la AFP el abogado José Cordero, de 40 años. «Los litigantes dependemos de un sistema de justicia autónomo», subrayó.
Entre los cambios que traería la reforma, la figura de los «jueces sin rostro» para enfrentar al crimen organizado preocupa a Ana Paola Morales, estudiante de relaciones internacionales, de 23 años, pues viola el «derecho de saber quién te está juzgando (y) por qué cargos».
Los partidos opositores, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han dicho que votarán contra la iniciativa, al tiempo que denuncian presiones desde el oficialismo.
«Daremos la batalla hasta el final para evitar este atropello», escribió en X la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales.
López Obrador insiste en que el voto acercará la justicia a la gente en este país donde diariamente se registran unos 80 homicidios y la impunidad supera el 90%, según oenegés.
