La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó este viernes un recurso de apelación de Venezuela contra la reanudación de una investigación por denuncias de «crímenes de lesa humanidad» durante la represión de las protestas contra el presidente Nicolás Maduro en 2017.
Venezuela solicitó al tribunal en agosto de 2022 que suspendiera su investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en las que más de 100 personas murieron. Caracas argumentó que la cuestión debía dirimirse en su propio sistema judicial.
Los magistrados de la CPI autorizaron en junio de 2023 al fiscal general del tribunal, Karim Khan, a reanudar la investigación argumentando que, en su opinión, Venezuela no parecía estar investigando las denuncias.
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Represión de protestas
Caracas apeló en noviembre y los representantes del gobierno de Maduro sostuvieron que Venezuela no podía investigar adecuadamente las acusaciones de Khan porque la información de la fiscalía era imprecisa.
«La Sala de Apelaciones rechaza el recurso y confirma la decisión impugnada». Así informó el juez Marc Perrin de Brichambaut, magistrado del tribunal, con sede en La Haya.
«La Sala de Apelaciones no halla razones convincentes para apartarse del fallo» ya emitido, indicó el juez.
La indagatoria se centra en las denuncias sobre la represión de las manifestaciones. Desencadenadas por la detención de varios dirigentes de oposición y la decisión del Tribunal Supremo de disolver la Asamblea Nacional, donde la oposición tenía mayoría.
Investigación
El fiscal Khan abrió la investigación en noviembre de 2021 y firmó entonces un acuerdo con Maduro en el que Venezuela se comprometía a garantizar que el tribunal pudiera trabajar adecuadamente en el país.
Desde 2017, más de 200 miembros de la policía y el ejército han sido acusados o condenados por violaciones de los derechos humanos. Eso anunció Caracas en abril del año pasado.
La oposición afirma que esas acciones se tomaron simplemente para evitar una investigación de la CPI.
La CPI, creada en 2002, es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves. Tales como los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.
Se trata de un tribunal de última instancia, que sólo interviene si los países no quieren o no pueden investigar por sí mismos.
(01/03/2024)