El Ministerio de Relaciones Exteriores fustigó los resultados de un informe de Estados Unidos sobre derechos humanos, al cual calificó como un acto de intromisión en la política interna, además de distorsionar la realidad boliviana.

Bolivia “expresa su rechazo al informe unilateral emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos al que considera un acto de injerencia e intromisión en la política interna. El informe es un intento de afectar la credibilidad del país distorsionando la realidad boliviana”, reza el comunicado emitido el miércoles por la Cancillería.

Informe

El martes se conoció el informe, que afirma que en Bolivia se vulneran los derechos. Señala casos de presunta tortura para obtener información y la impunidad de algunos delitos.

De igual manera, el informe advierte de una falta de independencia del Órgano Judicial y las detenciones arbitrarias.

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“El uso predominante de fuentes imprecisas, o la ausencia de ellas, compromete la veracidad del contenido y omite considerar una gama más amplia de visiones dentro del espectro social y político del país”, critica al respecto la nota de la Cancillería.

Tras el informe, Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez, detenidos en La Paz, afirmaron que los resultados son prueba de la ilegalidad de sus detenciones. Pidieron que se acuda a instancias internacionales.

Compromiso

De acuerdo con la nota de la Cancillería, el informe omite “los avances significativos en materia de derechos humanos que ha realizado el Gobierno”.

“Bolivia reitera su compromiso inquebrantable con la promoción y protección de los derechos humanos para todas y todos los bolivianos, basado en principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre los Estado”, insiste el mensaje.

El informe de Estados Unidos fue elaborado por varias organizaciones no gubernamentales. Las mismas investigaron la situación de los derechos humanos en el país a lo largo de 2023.

La Cámara de Senadores aplazó el debate del proyecto de ley para la modificación de la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, que contempla una ampliación de plazos para la preselección de postulantes.

La solicitud fue planteada por el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Adolfo Flores, que consideró “urgente” la ampliación de plazos en el proceso de preselección de postulantes a las judiciales.

“Estos próximos días vence el plazo y en determinado momento, si continúa tomando exámenes en dos o tres días las constituciones y pasa ese plazo, ya sería ilegal. Ahí, cualquiera puede hacer un amparo y, con seguridad, le van a dar la razón. Tampoco podemos sentarnos a esperar que se cumpla el plazo”, defendió Flores.

Aprobada la solicitud por 20 de los 29 senadores presentes, el debate se reinstalará el jueves.

Preselección

La propuesta del legislador oficialista ocurre luego de la medida cautelar que dictó la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a un amparo presentado por Margarita Medrano, postulante rechazada en su postulación al Consejo de la Magistratura, quien denunció la supuesta vulneración de sus derechos a participar en ese proceso.

La audiencia por ese amparo estaba programada para el lunes de esta semana, en la capital cruceña. Sin embargo, el acto judicial fue suspendido para este viernes.

El lunes, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, reclamó que un amparo haya frenado la preselección y reivindicó la independencia de los órganos del Estado.

“No hay un mandato de un órgano (del Estado) a otro. No podemos responder a un órgano que estaría pisoteando los derechos y la misma Constitución (Política del Estado). Nosotros, en las comisiones vamos a seguir con nuestro trabajo (…). Nosotros, desde mañana, arrancamos con la fase de preguntas y entrevistas a los postulantes”, dijo.

Plazos

Según el cronograma establecido en la Ley 1549, el 21 de abril debió culminar la evaluación de méritos y los exámenes de los postulantes. Del 22 al 26 de abril, las Comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, encargadas de la preselección, estaba prevista la elaboración del informe con la lista de postulantes y su remisión a la Presidencia de la Asamblea legislativa.

Del 27 de abril al 4 de mayo, se prevé el debate de la lista de candidatos en la Asamblea legislativa. Finalmente, la remisión de la lista de 192 postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe ocurrir entre el 5 y 6 de mayo.

Luego de eso, el TSE tiene hasta 150 días para la organización de las elecciones judiciales.

Luego de que un informe sobre derechos humanos revelara una presunta arbitrariedad en las detenciones en el país, Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz y detenido en Chonchocoro, afirmó que es un argumento para levantar la voz y el momento de recurrir a las instancias internacionales.

“En su informe (…), ha observado que el gobierno de Luis Arce está cometiendo atropellos, detenciones y torturas en contra de ciudadanos bolivianos. Este informe y las pruebas que presenta, puede constituirse en un argumento para llevar nuestra voz a todos los foros y a todas las instancias internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos”, dijo el miércoles el líder político en su cuenta de X.

El documento al que hizo referencia Camacho es el Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos en 2023. El mismo, enfatiza en una falta de independencia del Órgano Judicial, torturas para extraer confesiones y ‘detenciones arbitrarias’.

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Detención

Camacho aseguró que el informe hace énfasis en su “secuestro” y su detención preventiva.

En diciembre de 2022, el entonces gobernador de Santa Cruz fue detenido debido a su implicancia en el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes a la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019.

Camacho tuvo un rol protagónico ese año. Convocó a cabildos, financió movilizaciones, pactó con militares e inclusive llegó a irrumpir en Palacio Quemado con una biblia en mano. Así lo confesó en diciembre de ese año en una reunión con su fraternidad en Santa Cruz.

“Creo que ha llegado el momento de recurrir a todas las instancias e instituciones internacionales para identificar y procesar a los responsables de las persecuciones políticas y las violaciones de los derechos humanos”, escribió en relación al informe.

Dentro del caso Golpe de Estado I, también están implicados la expresidenta Jeanine Añez y el excívico Marco Pumari. Ambos fueron aliados de Camacho en 2019 y ahora están detenidos en La Paz y Potosí, respectivamente.

“La comunidad internacional está empezando a reaccionar ante un gobierno que persigue, tortura y encarcela a la oposición, en abierta violación a los principios constitucionales y democráticos”, insistió el también líder de Creemos.

Camacho

Además del caso Golpe, Camacho enfrenta otros como el Decretazo, cuando delegó funciones de forma arbitraria, o Carro Bombero, cuando compró un vehículo antincendios con presunto sobreprecio.

El tribunal para el caso Golpe de Estado I ya se sorteó y la audiencia debería comenzar en las próximas semanas. En caso de que se lo declare culpable, Camacho podría enfrentar una condena de 20 años.

Está pendiente su audiencia en Santa Cruz en el caso Decretazo, suspendida por contradicciones entre las partes acusadora y defensa. Debido a la presencia física de Camacho.

La Policía Boliviana ejecutó la orden de aprehensión de un cuarto implicado en el caso de las piscinas de evaporación de la planta de litio en Uyuni, Potosí.

Se trata de Cristian B. A. A., un exfuncionario Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Según publicó Erbol, la captura del investigado ocurrió la tarde del martes en el departamento de Santa Cruz.

La mañana del martes, el procurador general del Estado, César Siles, informó que desde el Ministerio Público se emitieron 12 órdenes de aprehensión. El lunes, se ejecutaron tres de esas órdenes: la del exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú y otros dos exfuncionarios de la estatal.

Piscinas

Celebrada el martes, la audiencia de medidas cautelares de Echazú terminó con el beneficio de detención domiciliaria y el pago de una fianza de Bs 30.000. Sin embargo, los otros dos exfuncionarios aún esperan su audiencia.

La aprehensión de la exautoridad en la gestión de Evo Morales generó el repudio de los miembros del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS); cerraron filas en torno a Echazú.

A instancias de YLB, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, el Ministerio Público investiga “irregularidades” en la adquisición de materiales y la implementación de 18 piscinas de evaporación en esa planta.

Aprehendidos

Según el reclamo, solo cinco de ellas funcionan y atribuyen esa “falla” a problemas desde su construcción; según la parte acusadora, se realizó con materiales no aptos para las condiciones climáticas de esa factoría.

Los 12 acusados están acusados por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes; conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, contratos lesivos al Estado, según explicó el procurador general de estado, César Siles.

Según informó YLB, esas “irregularidades” causó al Estado un daño económico de al menos Bs 425 millones.

Vladimir Ochoa, abogado del exministro de Minería Luis Alberto Echazú, denunció que hubo irregularidades en la aprehensión de su cliente, quien es acusado por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

El martes, la Justicia determinó la detención domiciliaria y una fianza de Bs 30.000 para Echazú, quien es investigado por presuntos hechos de corrupción en la implementación de la planta de litio en el salar de Uyuni, Potosí.

En entrevista con La Razón Radio, Ochoa contó que la denuncia fue presentada el jueves de la semana pasada con más 4.000 hojas de pruebas y, dos días después, la Fiscalía ya tenía la tuición del caso y ejecutó el mandamiento de aprehensión.

“En un plazo de dos días, la Fiscalía ha leído 4.000 hojas”, reclamó.

Develó que Echazú ni siquiera fue convocado por la Fiscalía para declarar antes de ser aprehendido. “Se ejecutó la aprehensión de manera directa. Luego de eso, recién se enteró de qué delitos se lo estaba acusando”

“Estaba cocinado, es una persecusión política arbitraria”, sentenció.

Consideró que la aprehensión “exprés” de su defendido es parte de un intento del Gobierno para justificar la falta de mantenimiento de las piscinas de litio y el retraso de los trabajos en la planta de litio.

A su vez, explicó que las piscinas 18 piscinas de la planta del Salar de Uyuni están funcionando parcialmente, pero algunas están paralizadas “por falta de mantenimiento”. Afirmó que Echazú no se hizo cargo de la planta de litio desde el 2017. “Él no estuvo vinculado”.

“Si existía un grave hecho, porque el Gobierno tardó cuatro años en identificarlo”, cuestionó.

Negó que el exministro Echazú sea culpable del delito de supuesto daño económico. Develó que, durante el juicio, se comprobó que Echazú no compró las geomembranas para las piscinas de litio con ningún tipo de sobreprecio o irregularidades.

“Él adquirió las membranas de 0,55 siendo que se requerían una de 0,75. Éste es un debate técnico”, aclaró Ochoa.

Indicó que se acreditó que no hubo sobreprecio ni negociados con la empresa proveedora del material. Reclamó que en el caso hubo contradicciones por parte de los denunciantes. “Tratan de lavarse las manos y acallar la voz del compañero Echazú”.

El pasado jueves, YLB y la Procuraduría General del Estado presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra 10 exfuncionarios de la estatal por daños a las piscinas industriales del complejo de litio, ubicado en Potosí, que ascienden a más de Bs 425 millones.

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