Sucre – En Sucre comenzó un debate sobre la asunción o no de Jaime Barrón al cargo de alcalde, debido a la acusación que existe en su contra por los hechos de xenofobia registrados en esa urbe en mayo del 2008.
Ayer, en una asamblea, los miembros de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia resolvieron desconocer a Barrón como una autoridad legítima.
Su máximo dirigente, Damián Condori, recordó que una vez que esté ejecutoriado el auto de procesamiento, Barrón no podrá asumir el cargo ni jurar el 30 de mayo.
Si llegara a ser investido —prosiguió el dirigente— «no durará más de un año, porque la justicia llega y su futuro es la cárcel».
En cambio, en Pacto de Integración Social (Pais), frente por el que fue electo alcalde, el responsable político, Edwin Gonzales, anunció que todo está listo para asumir acciones legales en defensa de la autoridad, acusada formalmente por los supuestos delitos de sedición, instigación pública a delinquir, lesiones graves, leves, coacciones, amenazas y privación de libertad.
«No puede y no merece ser alcalde porque es el autor principal de lo que pasó el 24 de mayo, esperamos que la justicia (actúe)», refutó el dirigente Condori.
Por su parte, uno de los fiscales que lleva adelante la causa, Dante Romay, se negó a brindar algún criterio en torno al tema y aclaró que su trabajo se limita a encarar la acusación formal planteada días atrás.
En la misma línea, el presidente de la Corte Departamental Electoral, Víctor Sánchez, se limitó a explicar que si en algún caso esta autoridad se viera impedida de ejercer sus funciones, la ley ordena que se debe convocar nuevamente a elecciones.