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Wednesday 24 Apr 2024 | Actualizado a 20:26 PM

CNE: Así se presione más, los escaños no se tocan

Argumento. El mecanismo de reparto se hizo público antes de que se aprueben las directivas 030 y 031

/ 1 de mayo de 2010 / 05:00

Tras una extensa explicación técnica sobre los argumentos legales que respaldan la forma de distribución de escaños en las asambleas departamentales, el presidente de la CNE, Antonio Costas, anunció que este reparto no se modificará aunque aumenten las protestas en su contra.

«Los escaños, mientras las disposiciones legales sean las vigentes, van a mantenerse», anunció. Antes había dicho que quienes protestan contra esta distribución (existen cuatro piquetes de huelga de hambre instalados en igual número de departamentos) «pueden recurrir al medio que consideren para hacer conocer sus discrepancias».

Hasta anoche, una treintena de políticos de la oposición mantenían piquetes de huelga de hambre en La Paz, Cochabamba, Oruro y Chuquisaca, en demanda de que se anulen las directivas 030 y 031 referidas a la distribución de escaños, aprobadas por Costas el 8 de abril, cuatro días después de la elección departamental.

Los opositores aseguran que ambas violan la Ley Electoral 4021 y que fueron aprobadas a destiempo para favorecer al oficialista MAS.

Ayer, Luis Pereira, director del Padrón Biométrico, explicó que el mecanismo de distribución fue aprobado el 5 de febrero de este año mediante la Ley 002 de Convocatoria a Elecciones Municipales y Departamentales y posteriormente socializado, antes del 8 de abril, en una separata de distribución nacional y en distintos encuentros con representantes de partidos políticos.

Dijo que el enredo se genera en la confusión que existe entre lo que la ley dispone para la elección de asambleístas plurinominales en el caso de una elección nacional y la elección de asambleístas poblacionales en el caso de la elección departamental.

Señaló que la diferencia radica en que en el primer caso los asambleístas son elegidos en la lista del candidato a la Presidencia, mientras que en el segundo caso su elección se realiza en listas separadas del candidato a gobernador, por lo que no corresponde el mecanismo de compensación que se aplica en el primer caso.

El mecanismo de compensación, definido en el inciso c) del artículo 38 de la Ley 4021, establece que «del total de escaños que corresponda a un partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza, se restará los obtenidos en circunscripciones uninominales, los escaños restantes serán adjudicados a la lista de candidatos plurinominales, hasta alcanzar el número proporcional que corresponda».

En el caso de los asambleístas poblacionales, el artículo 287 de la Constitución define que serán elegidos »en listas separadas de los ejecutivos» y la Ley 002 del 5 de abril de este año precisa que «se elegirán en circunscripción departamental, por el sistema proporcional, en base a la fórmula distribuidora establecida en el artículo 38 de la Ley 4021 para las elecciones generales».

La referida fórmula señala el sistema de asignación de escaños por divisores naturales, pero no refiere el mecanismo de compensación como en el caso de una elección nacional, informó Pereira a un grupo de periodistas.

En base a esta explicación, Costas ratificó que la decisión de la CNE no está sujeta a revisión. Mientras, las medidas de presión para anular las directivas 030 y 031 se radicalizaron.

En La Paz, un grupo de personas se tapió para continuar con la huelga de hambre que iniciaron el martes y en Sucre el piquete de huelguistas que encabeza el ex candidato a gobernador de Chuquisaca, John Cava, se amplió hasta llegar a más de 20 personas.

RESULTADOS DEFINITIVOS

Este lunes, a las 10 de la mañana, la Corte Nacional Electoral (CNE) entregará los resultados oficiales de la elección del 4 de abril, incluida la distribución de escaños en las asambleas departamentales. Ayer llegó a esta institución el cómputo del último departamento: Oruro, según informó el presidente de la Corte, Antonio Costas.

7 opositores se tapian y piden abolir directivas

Siete políticos de oposición se tapiaron ayer en una habitación de 3×3 en un céntrica casa de la ciudad, en protesta por las directivas 030 y 031 emitidas por la Corte Nacional Electoral (CNE) sobre la distribución de escaños departamentales en cinco regiones.

Al grito de «¡Que renuncie (Antonio) Costas (Presidente de la CNE)!», los ciudadanos pidieron a la Corte Nacional reflexionar y revertir las directivas en cuestión.

David Chura, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), dijo que la medida fue adoptada por la postura de la CNE, de no dar marcha atrás en las directivas 030 y 031.

«Asumimos esta medida porque el Gobierno está siendo abusivo, ya no respeta el voto popular  y vamos a continuar hasta que renuncie Costas», detalló.

El MNR, con la aprobación de la directiva 031, asegura que perdió un representante en la nueva Asamblea Departamental de La Paz, que funcionaría a fines de mayo. La Asamblea estará compuesta por 45 asambleístas.

Jhoseph Chacharani, de Unidad Nacional (UN), pidió a la CNE la aplicación de los incisos c) y d) del artículo 38 de la Ley 4021 para una «real asignación» de escaños.

«Sólo queremos que nuestros cinco asambleístas elegidos por voto popular puedan ser parte de la Asamblea», puntualizó.

Con la nueva distribución de escaños, el número de asambleístas departamentales de UN se redujo —dijo— de cinco a dos.

Junto a Chura y Chacharani, Israel Mamani, Flavio Quisberth, Franz Galler y Amilkar Marca, todos de UN, decidieron tapiarse en una habitación de la «Casa de la Dignidad» de la calle Ingavi, a 100 metros de Palacio de Gobierno.

Antonio Costas no tendría el cargo asegurado

Aunque el presidente de la CNE, Antonio Costas, afirmó ayer que la Constitución asegura su permanencia en el cargo hasta el 2012, un ex vocal, un constitucionalista, una asambleísta del MAS y dos de la oposición, opinaron lo contrario.

El ex vocal de la CNE Jorge Lazarte y el abogado constitucionalista Willman Durán coincidieron, por separado, en que Costas hace una mala interpretación constitucional al afirmar que su cargo está garantizado y que, por el contrario, la Asamblea Legislativa podrá definir una nueva estructura del Órgano Electoral una vez aprobada la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Durán apuntó que creado un nuevo organismo deberán haber nuevas autoridades.

Cecilia Ayllón, asambleísta del MAS, aseveró que una vez aprobada la Ley del Órgano Electoral se procederá al recambio de la CNE, incluyendo a todos sus integrantes.

Bernard Gutiérrez y Róger Pinto, asambleístas por Convergencia, aseguraron que al nacer el Órgano Electoral será necesario aplicar una reforma de personal en la nueva institución.
«Corresponde no más una recomposición de las autoridades electorales», dijo Gutiérrez.

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Bolivia denuncia intromisión y distorsión en informe de EEUU sobre derechos humanos

De acuerdo con el comunicado de la Cancillería, el informe omite avances importantes en materia de derechos humanos y distorsiona la realidad boliviana.

El frontis del edificio de la Cancillería de Bolivia.

Por Daniel Zenteno

/ 24 de abril de 2024 / 15:03

El Ministerio de Relaciones Exteriores fustigó los resultados de un informe de Estados Unidos sobre derechos humanos, al cual calificó como un acto de intromisión en la política interna, además de distorsionar la realidad boliviana.

Bolivia “expresa su rechazo al informe unilateral emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos al que considera un acto de injerencia e intromisión en la política interna. El informe es un intento de afectar la credibilidad del país distorsionando la realidad boliviana”, reza el comunicado emitido el miércoles por la Cancillería.

Informe

El martes se conoció el informe, que afirma que en Bolivia se vulneran los derechos. Señala casos de presunta tortura para obtener información y la impunidad de algunos delitos.

De igual manera, el informe advierte de una falta de independencia del Órgano Judicial y las detenciones arbitrarias.

Puede leer: Informe de EEUU sobre derechos humanos en 2023 dice que en Bolivia no hubo cambios significativos

“El uso predominante de fuentes imprecisas, o la ausencia de ellas, compromete la veracidad del contenido y omite considerar una gama más amplia de visiones dentro del espectro social y político del país”, critica al respecto la nota de la Cancillería.

Tras el informe, Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez, detenidos en La Paz, afirmaron que los resultados son prueba de la ilegalidad de sus detenciones. Pidieron que se acuda a instancias internacionales.

Compromiso

De acuerdo con la nota de la Cancillería, el informe omite “los avances significativos en materia de derechos humanos que ha realizado el Gobierno”.

“Bolivia reitera su compromiso inquebrantable con la promoción y protección de los derechos humanos para todas y todos los bolivianos, basado en principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre los Estado”, insiste el mensaje.

El informe de Estados Unidos fue elaborado por varias organizaciones no gubernamentales. Las mismas investigaron la situación de los derechos humanos en el país a lo largo de 2023.

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El Senado aplaza el debate sobre la ampliación del plazo de preselección de postulantes

“No podemos sentarnos a esperar que se cumpla el plazo (para la preselección de postulantes)”, dijo el senador Luis Adolfo Flores, del MAS.

Sesión en la Cámara de Senadores.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 24 de abril de 2024 / 14:05

La Cámara de Senadores aplazó el debate del proyecto de ley para la modificación de la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, que contempla una ampliación de plazos para la preselección de postulantes.

La solicitud fue planteada por el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Adolfo Flores, que consideró “urgente” la ampliación de plazos en el proceso de preselección de postulantes a las judiciales.

“Estos próximos días vence el plazo y en determinado momento, si continúa tomando exámenes en dos o tres días las constituciones y pasa ese plazo, ya sería ilegal. Ahí, cualquiera puede hacer un amparo y, con seguridad, le van a dar la razón. Tampoco podemos sentarnos a esperar que se cumpla el plazo”, defendió Flores.

Aprobada la solicitud por 20 de los 29 senadores presentes, el debate se reinstalará el jueves.

Preselección

La propuesta del legislador oficialista ocurre luego de la medida cautelar que dictó la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a un amparo presentado por Margarita Medrano, postulante rechazada en su postulación al Consejo de la Magistratura, quien denunció la supuesta vulneración de sus derechos a participar en ese proceso.

La audiencia por ese amparo estaba programada para el lunes de esta semana, en la capital cruceña. Sin embargo, el acto judicial fue suspendido para este viernes.

El lunes, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, reclamó que un amparo haya frenado la preselección y reivindicó la independencia de los órganos del Estado.

“No hay un mandato de un órgano (del Estado) a otro. No podemos responder a un órgano que estaría pisoteando los derechos y la misma Constitución (Política del Estado). Nosotros, en las comisiones vamos a seguir con nuestro trabajo (…). Nosotros, desde mañana, arrancamos con la fase de preguntas y entrevistas a los postulantes”, dijo.

Plazos

Según el cronograma establecido en la Ley 1549, el 21 de abril debió culminar la evaluación de méritos y los exámenes de los postulantes. Del 22 al 26 de abril, las Comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, encargadas de la preselección, estaba prevista la elaboración del informe con la lista de postulantes y su remisión a la Presidencia de la Asamblea legislativa.

Del 27 de abril al 4 de mayo, se prevé el debate de la lista de candidatos en la Asamblea legislativa. Finalmente, la remisión de la lista de 192 postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe ocurrir entre el 5 y 6 de mayo.

Luego de eso, el TSE tiene hasta 150 días para la organización de las elecciones judiciales.

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Camacho apela al informe de EEUU sobre derechos humanos para ‘levantar la voz’

El gobernador electo Luis Fernando Camacho y detenido considera que la comunidad internacional reacciona "ante un gobierno que persigue".

Luis Fernando Camacho durante su traslado a La Paz.

Por Daniel Zenteno

/ 24 de abril de 2024 / 12:40

Luego de que un informe sobre derechos humanos revelara una presunta arbitrariedad en las detenciones en el país, Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz y detenido en Chonchocoro, afirmó que es un argumento para levantar la voz y el momento de recurrir a las instancias internacionales.

“En su informe (…), ha observado que el gobierno de Luis Arce está cometiendo atropellos, detenciones y torturas en contra de ciudadanos bolivianos. Este informe y las pruebas que presenta, puede constituirse en un argumento para llevar nuestra voz a todos los foros y a todas las instancias internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos”, dijo el miércoles el líder político en su cuenta de X.

El documento al que hizo referencia Camacho es el Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos en 2023. El mismo, enfatiza en una falta de independencia del Órgano Judicial, torturas para extraer confesiones y ‘detenciones arbitrarias’.

Lea más en: Informe de EEUU sobre derechos humanos en 2023 dice que en Bolivia no hubo cambios significativos

Detención

Camacho aseguró que el informe hace énfasis en su “secuestro” y su detención preventiva.

En diciembre de 2022, el entonces gobernador de Santa Cruz fue detenido debido a su implicancia en el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes a la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019.

Camacho tuvo un rol protagónico ese año. Convocó a cabildos, financió movilizaciones, pactó con militares e inclusive llegó a irrumpir en Palacio Quemado con una biblia en mano. Así lo confesó en diciembre de ese año en una reunión con su fraternidad en Santa Cruz.

“Creo que ha llegado el momento de recurrir a todas las instancias e instituciones internacionales para identificar y procesar a los responsables de las persecuciones políticas y las violaciones de los derechos humanos”, escribió en relación al informe.

Dentro del caso Golpe de Estado I, también están implicados la expresidenta Jeanine Añez y el excívico Marco Pumari. Ambos fueron aliados de Camacho en 2019 y ahora están detenidos en La Paz y Potosí, respectivamente.

“La comunidad internacional está empezando a reaccionar ante un gobierno que persigue, tortura y encarcela a la oposición, en abierta violación a los principios constitucionales y democráticos”, insistió el también líder de Creemos.

Camacho

Además del caso Golpe, Camacho enfrenta otros como el Decretazo, cuando delegó funciones de forma arbitraria, o Carro Bombero, cuando compró un vehículo antincendios con presunto sobreprecio.

El tribunal para el caso Golpe de Estado I ya se sorteó y la audiencia debería comenzar en las próximas semanas. En caso de que se lo declare culpable, Camacho podría enfrentar una condena de 20 años.

Está pendiente su audiencia en Santa Cruz en el caso Decretazo, suspendida por contradicciones entre las partes acusadora y defensa. Debido a la presencia física de Camacho.

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Cae a un cuarto implicado en ‘irregularidades’ en las piscinas de la planta de litio

El Ministerio Público emitió 12 órdenes de aprehensión contra los implicados en el caso de las “irregularidades” en las piscinas de la planta de litio en Uyuni, Potosí.

Referencial

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 24 de abril de 2024 / 12:13

La Policía Boliviana ejecutó la orden de aprehensión de un cuarto implicado en el caso de las piscinas de evaporación de la planta de litio en Uyuni, Potosí.

Se trata de Cristian B. A. A., un exfuncionario Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Según publicó Erbol, la captura del investigado ocurrió la tarde del martes en el departamento de Santa Cruz.

La mañana del martes, el procurador general del Estado, César Siles, informó que desde el Ministerio Público se emitieron 12 órdenes de aprehensión. El lunes, se ejecutaron tres de esas órdenes: la del exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú y otros dos exfuncionarios de la estatal.

Piscinas

Celebrada el martes, la audiencia de medidas cautelares de Echazú terminó con el beneficio de detención domiciliaria y el pago de una fianza de Bs 30.000. Sin embargo, los otros dos exfuncionarios aún esperan su audiencia.

La aprehensión de la exautoridad en la gestión de Evo Morales generó el repudio de los miembros del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS); cerraron filas en torno a Echazú.

A instancias de YLB, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, el Ministerio Público investiga “irregularidades” en la adquisición de materiales y la implementación de 18 piscinas de evaporación en esa planta.

Aprehendidos

Según el reclamo, solo cinco de ellas funcionan y atribuyen esa “falla” a problemas desde su construcción; según la parte acusadora, se realizó con materiales no aptos para las condiciones climáticas de esa factoría.

Los 12 acusados están acusados por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes; conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, contratos lesivos al Estado, según explicó el procurador general de estado, César Siles.

Según informó YLB, esas “irregularidades” causó al Estado un daño económico de al menos Bs 425 millones.

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Abogado denuncia irregularidades en la aprehensión del exministro Echazú

La Justicia determinó la detención domiciliaria y una fianza de Bs 30.000 para el exministro Luis Alberto Echazú, quien es investigado por presuntos hechos de corrupción en la planta de litio.

Luis Alberto Echazú, cuando era trasladado a la FELCC.

/ 24 de abril de 2024 / 10:57

Vladimir Ochoa, abogado del exministro de Minería Luis Alberto Echazú, denunció que hubo irregularidades en la aprehensión de su cliente, quien es acusado por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

El martes, la Justicia determinó la detención domiciliaria y una fianza de Bs 30.000 para Echazú, quien es investigado por presuntos hechos de corrupción en la implementación de la planta de litio en el salar de Uyuni, Potosí.

En entrevista con La Razón Radio, Ochoa contó que la denuncia fue presentada el jueves de la semana pasada con más 4.000 hojas de pruebas y, dos días después, la Fiscalía ya tenía la tuición del caso y ejecutó el mandamiento de aprehensión.

“En un plazo de dos días, la Fiscalía ha leído 4.000 hojas”, reclamó.

Develó que Echazú ni siquiera fue convocado por la Fiscalía para declarar antes de ser aprehendido. “Se ejecutó la aprehensión de manera directa. Luego de eso, recién se enteró de qué delitos se lo estaba acusando”

“Estaba cocinado, es una persecusión política arbitraria”, sentenció.

Consideró que la aprehensión “exprés” de su defendido es parte de un intento del Gobierno para justificar la falta de mantenimiento de las piscinas de litio y el retraso de los trabajos en la planta de litio.

A su vez, explicó que las piscinas 18 piscinas de la planta del Salar de Uyuni están funcionando parcialmente, pero algunas están paralizadas “por falta de mantenimiento”. Afirmó que Echazú no se hizo cargo de la planta de litio desde el 2017. “Él no estuvo vinculado”.

“Si existía un grave hecho, porque el Gobierno tardó cuatro años en identificarlo”, cuestionó.

Negó que el exministro Echazú sea culpable del delito de supuesto daño económico. Develó que, durante el juicio, se comprobó que Echazú no compró las geomembranas para las piscinas de litio con ningún tipo de sobreprecio o irregularidades.

“Él adquirió las membranas de 0,55 siendo que se requerían una de 0,75. Éste es un debate técnico”, aclaró Ochoa.

Indicó que se acreditó que no hubo sobreprecio ni negociados con la empresa proveedora del material. Reclamó que en el caso hubo contradicciones por parte de los denunciantes. “Tratan de lavarse las manos y acallar la voz del compañero Echazú”.

El pasado jueves, YLB y la Procuraduría General del Estado presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra 10 exfuncionarios de la estatal por daños a las piscinas industriales del complejo de litio, ubicado en Potosí, que ascienden a más de Bs 425 millones.

Lea también: Justicia dicta detención domiciliaria para exministro Luis Alberto Echazú

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