El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) inauguró su primera cámara Gesell en Bolivia y presentó un nuevo modelo de atención psicológica. Esa tarea fue coordinada con la Oficina de Naciones Contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), en el marco del proyecto Acceso a Justicia y Reforma del Sistema.

La Cámara Gesell “evita la revictimización en la toma de entrevistas de niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia, en el marco de un nuevo modelo de atención psicológica”, explicó María Kyoko de Uzin, Psicóloga Forense del SEPDAVI.

Agregó que, además, permite la toma de declaraciones como anticipo de prueba lo que reduce la repetición de la historia de violencia dentro del proceso penal.

Al acto asistieron el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, y el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles y fueron recibidos por el director general Ejecutivo de SEPDAVI, Luis Fernando Atanacio Fuentes.

En su alocución, Lima destacó la importancia de dar una atención privilegiada a las víctimas sobre todo de los sectores más vulnerables. “tenemos en este momento una situación de profunda crisis en la administración de justicia; debemos concentrar nuestros esfuerzos en la atención a grupos vulnerables”, dijo la autoridad.

La nueva Cámara Gesell Cuenta con un circuito cerrado y es un espacio seguro, “esencial para la protección de sobrevivientes de violencia”.

El edificio de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz también contaba con una cámara similar; pero fue destruida en los conflictos que derivaron en la toma y quema de esa infraestructura en diciembre del año pasado, luego de la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho.

En el primer trimestre de este año, el SEPDAVI solo en La Paz, atendió 200 casos en el área de psicología, de los cuales 78 estaban relacionados a agresiones sexuales.

En su informe preliminar, la misión de la CIDH prefirió considerar a Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y César Apaza, recluidos en prisión, como “personas que se autoidentificaron como presos políticos”.

Los tres reclusos tuvieron atención especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita al país. El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, dijo que ellos tuvieron entre 40 minutos y una hora de reunión con los comisionados.

En su repaso sobre su estancia en Bolivia, el organismo dedicó un punto específico a esas “personas que se autoidentificaron como presos políticos”. Informó que se entrevistó con ellos y sus requerimientos “han sido puestos a conocimiento del Estado”.

El informe de la CIDH confirma la crisis terminal de un sistema judicial dependiente,que afecta el ejercicio de la democracia y de los derechos, y ratifica la urgencia de una reforma estructural. Pero es condescendiente con la persecución política ejercida por el actual gobierno.

— Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) April 1, 2023

Dicha calificación causó la reacción del expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, quien, en su cuenta de Twitter, dijo que la CIDH fue “condescendiente con la persecución política ejercida por el actual gobierno”.

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Al contrario, también en esa red social, Áñez dijo que el informe preliminar del organismo anotó “la constatación de más de 200 presos políticos del régimen del MAS”.

Sentenciada

Proclamada sucesora de Morales en 2019, la exsenadora cumple sentencia de 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes por ese caso llamado Golpe de Estado II. Además, es acusado en el caso Golpe de Estado I y otros hechos.

Entonces, Mesa consideró que fue una «sucesión impecable». Áñez se declaró primero titular de la Cámara de Senadores y luego presidenta del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum ni la presencia de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Camacho guarda detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022, acusado de terrorismo en el caso Golpe de Estado I. Es enjuiciado por su protagonismo en al derrocamiento de Evo Morales en 2019.

Según admitió entonces el ahora gobernador de Santa Cruz, su padre, José Luis Camacho, “cerró” con militares y policías para que no salgan a reprimir las protestas. Entonces, las protestas se habían multiplicado por un presunto fraude en las elecciones de octubre.

El informe de @CIDH en Bolivia concluye la total ausencia de independencia judicial, alta tasa de detenidos preventivamente de forma ilegal, la mayor injusticia hacia las mujeres y niñas víctimas de violencia, y la constatación de más de 200 presos políticos del régimen del MAS.

— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 31, 2023

Un motín policial y la demanda de renuncia presidencial de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana sellaron la caída de Morales, la tarde del 10 de noviembre.

Camacho

En relación a la aprehensión de Camacho, el 28 de diciembre de 2022, la CIDH no dijo más que “tomó conocimiento” de los hechos posteriores a ese operativo: “Se registraron episodios de fuertes enfrentamientos entre civiles, ataques a la Policía Nacional, quemas de instituciones públicas, incluyendo la destrucción de la sede de la Fiscalía Departamental”.

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“Asimismo, se recibió información sobre situaciones de uso excesivo de la fuerza. Se reitera que la protesta social debe ser pacífica y condena todo tipo de violencia”, complementa el informe.

La CIDH tomó nota de los procesos a Áñez, Camacho y Apaza. “Recuerda que, conforme a estándares interamericanos, se deben respetar las garantías del derecho de defensa, del debido proceso y de las condiciones de detención”, dice el informe.

La misión, integrada por 25 personas entre altos comisionados, relatores especiales y secretarios ejecutivos, visitó Bolivia entre el 27 y 31 de marzo, 17 años después del anterior periplo, en 2006.

El excomandante general de la Policía Boliviana Jhonny Aguilera juró este sábado como nuevo viceministro de Régimen Interior, en el lugar del saliente, Ismael Téllez.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, posesionó a la nueva autoridad y le encomendó la tarea de garantizar la transformación de la institución del orden.

“Estamos seguros de que hacia 2025 podremos tener una institución como la que está soñando el pueblo boliviano”, dijo Del Castillo en el acto, y pidió al entrante “alejar a los malos policías” de la institución

Aguilera agradeció el nombramiento y consideró que ésta “es una nueva oportunidad” suya para el cumplimiento de los intereses de la seguridad nacional.

En noviembre de 2020, el entonces coronel Aguilera fue posesionado como comandante de la Policía. Luego ascendió a general y fue ratificado en el cargo.

En medio de fuertes cuestionamientos a la institución del orden, el presidente Luis Arce posesionó al general Vladimir Ponce el 21 de julio de 2022, en lugar de Aguilera.

Entonces el mandatario planteó reforma profunda de la Policía. Hay «algunos malos jefes policiales encandilados por el dinero fácil y enriquecimiento rápido han sido cooptados por bandas delincuenciales que operaron en nuestro país», dijo.

En su discurso como autoridad saliente, entonces, Aguilera afirmó que dejaba una Policía “cohesionada y comprometida con el servicio al pueblo”.

Entre los hechos más importantes que resolvió Aguilera destaca la aprehensión de la expresidenta Jeanine Áñez, el 13 de marzo de 2021. Ahora la exmandataria se encuentra recluida en la cárcel de mujeres de la zona de Miraflores, en La Paz.

Desde hace tiempo, que el Gobierno plantea una renovación en la Policía, debido a que varios de sus efectivos se vieron envueltos en supuestos ilícitos.

Durante una audiencia de apelación, un juzgado de La Paz determinó reducir de tres meses a un mes y dos semanas el tiempo la detención preventiva para los imputados en el caso Golpe de Estado I, menos para la expresidenta transitoria Jeanine Áñez.

En ese marco, la vocal de esa sala jurisdiccional, Claudia Castro, explicó que la exmandataria no se benefició con ese fallo, por lo que quedó ratificada su detención preventiva por tres meses más.

En la audiencia de apelación, que se realizó el jueves, Áñez buscaba dejar sin efecto la ampliación de su detención preventiva, por tres meses más, que se dispuso el 8 de marzo.

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“Ella (Áñez) ha realizado el retiro del recurso de apelación, de manera expresa”, explicó Castro, en contacto con Gigavisión.

“Se convalidó la voluntad de esta persona (…). En consecuencia, no se podía haber dispuesto ninguna modificación o cambio de la resolución apelada”, agregó.

Horas antes, circuló información en redes sociales, en sentido que la reducción del tiempo de la detención para todos los implicados en este caso, empero, Castro aclaró luego que Áñez no se benefició con esa determinación.

Justicia

La confusión surgió porque en la audiencia virtual, en la parte dispositiva de su resolución la vocal mencionó a Áñez junto a los otros coimputados: los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, además de los exjefes militares Flavio Arce y Pastor Mendieta.

Con base en esa audiencia, la defensa de Áñez asumió que la decisión de reducir el tiempo de detención también contaba para la expresidenta.

Castro reiteró que la resolución no cuenta para Áñez, porque la misma imputada retiró su apelación.

La autoridad judicial cree que “tal vez no se comprendió a cabalidad” la parte dispositiva de su resolución, cuando mencionó los nombres, pero ratificó que en el caso de Áñez no cuenta la decisión.

Áñez

En 2021, la exdiputada Lidia Patty (MAS) activó el proceso ante la justicia ordinaria y denunció a Áñez por los hechos derivados de la crisis política y social de 2019.

Así, el caso fue denominado como Golpe de Estado I, en el cual la exmandataria y las otras personas son procesadas por el delito de terrorismo.

La expresidenta transitoria fue aprehendida el 13 de marzo de 2021 en Beni.

Golpe de Estado I

Este caso tiene que ver con los hechos de 2019, que derivaron en la dimisión del entonces presidente Evo Morales.

En ese entonces, se denunció un presunto fraude en las elecciones generales, y Morales tuvo que renunciar ante protestas cívicas, un motín policial y la presión de los militares.

La delegación de la CIDH que visitó Bolivia para hacer un diagnóstico sobre los derechos humanos, destacó los avances en cuanto a la inclusión social. No obstante, advirtió el crecimiento de la violencia contra la mujer.

Durante la presentación del informe, Esmeralda Aresemena de Troitiño, primera vicepresidenta de la CIDH, recordó que en 2006 esa entidad visitó Bolivia. Agregó que en 2007 publicó un informe.

En ese documento, se subrayaron los desafíos vinculados con la inclusión social de personas históricamente excluidas. Además, se consideró otros temas referidos a la democracia, la independencia e imparcialidad del poder judicial y, el acceso a la justicia.

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Asimismo, se hizo observaciones sobre las violaciones a los derechos humanos en el marco de la dictadura.

En el 2009, la Comisión publicó un informe de seguimiento donde ya había notado un complejo de proceso conflictividad social.

“Pasados 17 años, en la presente visita, la Comisión pudo observar avances en materia de inclusión y participación social sin precedentes”, señala parte del informe.

CIDH

La CIDH destacó que esos avances “partieron del reconocimiento constitucional de un Estado plurinacional, multicultural y de la adopción de un modelo económico social comunitario productivo”.

Ponderó que en la nueva Carta Magna se reconoció la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, originarios, y campesinos.

En el marco de la inclusión, esto derivó “en el reconocimiento de al menos 36 naciones culturales, y se garantizó a todas las personas la protección en contra de la discriminación, así como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.

Bolivia

No obstante, la CIDH expresó su preocupación que algunos pueblos indígenas han expresado “no sentirse incluidos en las políticas públicas”.

Con relación al Pueblo Afroboliviano, la Comisión recibió información sobre la falta de “participación y representación de personas afrodescendientes en espacios de tomas de decisión”.

Además, tomó conocimiento de situaciones “de discriminación e intolerancia contra este grupo étnico-racial”.

Inclusión

También observó que si bien en Bolivia se impulsa un proceso de descolonización y despatriarcalización, se enfrentó “fuertes resistencias en contra de la igualdad por motivos de origen étnico racial, género, orientación sexual e identidad de género”.

A 17 años de su anterior visita “in loco”, la CIDH lamentó que  persisten “elevados niveles de violencia de género, feminicidios, violencia sexual contra niñas y adolescentes, embarazos de niñas”.

Expresó preocupación, además, de que “existe una escasez de los servicios de asesoramiento psicosocial, asistencia jurídica y refugios adecuados para las sobrevivientes”.

Violencia contra la mujer

La CIDH incluyó estos acápites en un informe preliminar que presentó este viernes, tras una visita que realizó a La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, para hacer un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en el país.