Al menos 60 opositores bolivianos, entre ellos dos diputados, mantienen hoy una huelga de hambre contra la Corte Nacional Electoral (CNE), a la que acusan de haber favorecido al partido del presidente Evo Morales en la distribución de escaños en las asambleas departamentales, confirmaron fuentes políticas.
En La Paz, más de 30 personas cumplen la medida en piquetes instalados en diferentes días en la Defensoría del Pueblo, la Cámara de Diputados, en el patio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y en sedes de partidos políticos.
El diputado de la opositora Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, confirmó hoy a Efe que mantiene la huelga de hambre iniciada la noche del martes en el Parlamento, lo que obligó a suspender hoy la sesión de toma de juramento al nuevo Defensor del Pueblo.
También denunció que funcionarios de la APDHB «maltrataron y desalojaron» de sus oficinas a doce mujeres de UN que intentaron iniciar allí una huelga el martes, si bien luego se instalaron en el patio de esa organización.
Esa entidad negó tales acusaciones y, por el contrario, denunció que UN intentó tomar en forma «violenta» sus oficinas.
El ex candidato a la gobernación de La Paz por UN, Carlos Hugo Laruta, que lideraba la protesta en la Defensoría, abandonó el miércoles la huelga afectado por problemas de salud tras nueve días sin comer.
Militantes de la alianza opositora Plan Progreso Bolivia Convergencia Nacional (PPB-CN) también realizan la medida en La Paz, en tanto que una docena de personas hacen lo propio en la región central de Cochabamba y quince en la sureña ciudad de Sucre.
Las fuerzas opositoras acusan al presidente de la CNE, Antonio Costas, de haber firmado resoluciones sobre el reparto de escaños en las asambleas regionales que favorecieron al partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), tras las elecciones regionales que se celebraron el pasado 4 de abril.
Costas ha rechazado los pedidos de dimisión en su contra y ha defendido la fórmula de reparto de escaños con el argumento de que estuvo aprobada en las leyes desde febrero pasado y no fue fruto de resoluciones posteriores a los comicios como acusa la oposición.
Los gobernadores y los asambleístas de los nueve departamentos elegidos en los comicios del 4 de abril deben recibir mañana viernes sus credenciales de nuevas autoridades.
Sin embargo, los opositores intentan frenar este acto mediante recursos legales e impugnaciones, a fin de que no se «consume» el reparto de escaños.
La diputada Norma Piérola, de PPB-CN, explicó a Efe que se presentó impugnación al cómputo oficial entregado esta semana por la CNE y también se iniciaron acciones de amparo constitucional ante las Cortes de Justicia de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca.
«Dentro de esas acciones de amparo, se ha solicitado que como medida precautoria, se suspenda la entrega de las credenciales a quienes no han sido electos», señaló.
Además, la fuerza opositora Alianza Por Chuquisaca presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para lograr la revisión de la asignación de escaños.
Los resultados finales de los comicios de abril ratificaron al MAS como la fuerza ganadora en seis de nueve gobernaciones de Bolivia: La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí y Pando, mientras que las otras tres fueron para las fuerzas opositoras.