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jueves 2 dic 2021 | Actualizado a 18:30

Planean trasladar la residencia del Presidente a la zona Sur

Por cuestiones de seguridad, se construiría una nueva Residencia Presidencial en la zona Sur de La Paz. En dos años se haría realidad esta nueva infraestructura que podría construirse en los predios del Colegio Militar o en otro terreno de esta zona.

UNA VISTA DE LA Residencia. El presidente Evo Morales es el inquilino de esta casa, ubicada en San Jorge.

/ 9 de mayo de 2010 / 05:00

Por cuestiones de seguridad, se construiría una nueva Residencia Presidencial en la zona Sur de La Paz. En dos años se haría realidad esta nueva infraestructura que podría construirse en los predios del Colegio Militar o en otro terreno de esta zona.

La información fue revelada a La Razón por fuentes vinculadas con instancias oficiales del Estado. La actual residencia, anclada en el barrio de San Jorge, ya no cumpliría las exigencias de seguridad que se requiere para proteger a un Presidente, en este caso Evo Morales.

El creciente flujo vehicular por la avenida que rodea la Residencia Presidencial, los edificios que se construyeron a su alrededor y la reciente edificación de los puentes Trillizos, que pasan por cerca del inmueble, serían factores de inseguridad, explicó una de la fuentes consultadas.

La residencia fue construida en el gobierno dictatorial del extinto Hugo Banzer (1971-1977). De ese entonces a la fecha, la realidad urbanística y de transporte cambió en la sede de gobierno, a tal punto de que los vehículos que pasan por la avenida se incrementaron entre 300 y 500.

Además, se han construido edificios en la zona pese a que —recordó otra fuente— estaban prohibidas esas edificaciones, porque constituyen un factor de riesgo en materia de seguridad. «El edificio El Progreso era el único que tenía autorización», dijo.

A esta situación se añadió los puentes Trillizos, que pasan a menos de 100 metros de la residencia. «Desde uno de ellos se puede tener cierta perspectiva de la residencia», advirtió otra de las fuentes que, como el resto de los entrevistados, pidió el anonimato.

PROPUESTA. Este análisis de situación, según la fuente, motivó a autoridades del Gobierno, cercanas al Presidente, a buscar alternativas para que la residencia se traslade a otro lugar que reúna todas la características de seguridad.

Las fuentes consultadas coincidieron en que en dos años la zona de San Jorge no cobijaría al Mandatario. La idea se encuentra en un proyecto en borrador.

Tres alternativas están en análisis. La primera opción, con un alto presupuesto para el Tesoro General de la Nación, es centralizar las instituciones del Estado en una sola infraestructura. «De esa manera, la residencia y los ministerios más importantes se concentrarán en un mismo lugar», explicó una de las fuentes.

El lugar elegido sería el Colegio Militar de Ejército, que funciona en Irpavi y que cuenta con una importante infraestructura. De viabilizarse la propuesta, se entregaría a los militares terrenos en los que se construirían nuevas instalaciones.

La infraestructura del Colegio Militar se empezó a construir en el gobierno de Germán Busch (1939) y se entregó en 1941.

La segunda opción contemplada, porque abarataría costos, es trasladar solamente la residencia al Colegio Militar, aunque se advierten riesgos.

Las fuentes coincidieron en que ello pondría al Presidente en una especie de «cerco militar» que facilitaría un eventual golpe a la gestión de cualquier mandatario boliviano.

Otra alternativa es adquirir un terreno en la zona Sur de La Paz, aunque esta opción retrasaría el traslado de la residencia al menos en dos años más que el proyectado, explicó la fuente.

En cualquiera de los casos, la nueva residencia debe contar con la máxima seguridad, pero además «debe ser amplia, con una capacidad de albergar a mucha gente; que pueda, por ejemplo, realizarse reuniones de gabinete y encuentros con otros mandatarios», dijo.

Los predios del colegio militar 

La creación oficial del Colegio Militar de Ejército se remonta al 18 de abril del año 1891, con un efectivo de siete oficiales y 27 cadetes. En el año 1953, el instituto ostenta la denominación de «Coronel Gualberto Villarroel».
En el terreno parcelado de varias hectáreas también funciona el Círculo de Oficiales del Ejército (COE), que cuenta con un hotel, salones de reuniones y de congresos. Hay dependencias de la Unidad Educativa del Ejército, la Escuela Militar de Ingeniería y de Idiomas.

Habitada por 19 presidentes

La Residencia Presidencial de San Jorge fue construida en 1975 y, desde entonces, fue ocupada por 19 mandatarios, incluido Evo Morales.  

El presidente de facto Hugo Banzer fue el primer inquilino de la casa presidencial. Una vez entregada, surgieron una serie de rumores como el de la existencia de pasadizos subterráneos que la conectaban con otras viviendas.

Una fuente informó que, evidentemente, existen dos pasadizos que llevan a la puerta trasera de la residencia presidencial, donde siempre está un vehículo ante la eventualidad de un hecho que obligue a una evacuación rápida.

Otra de las peculiaridades de la residencia es que cuenta con un helipuerto y ventanas con vidrios blindados. La residencia se encuentra frente a la Escuela Militar de Inteligencia.

Antes de ocupar la residencia, Morales instruyó la revisión del inmueble. De este trabajo habría participado personal cubano y venezolano.

Jilakatas y mama t’allas también realizaron una ceremonia andina en la residencia. Morales ocupa el inmueble hace cuatro años y apunta a convertirse en el primer mandatario que ocupe la nueva residencia presidencial que se planea construir en la zona Sur de la ciudad de La Paz.

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Detienen al contralmirante Aldo Bravo por las masacres de Senkata y Sacaba de 2019

El contralmirante Aldo Bravo Méndez fue inspector de las Fuerzas Armadas, cuando estaba bajo el mando del general Sergio Orellana, designado por la expresidenta Jeanine Áñez

Aldo Bravo Méndez

/ 2 de diciembre de 2021 / 17:59

El exinspector de las Fuerzas Armadas contralmirante Aldo Bravo Méndez fue aprehendido en Trinidad, Beni, en el marco de las investigaciones para esclarecer y establecer responsabilidades en las masacres de Senkata y Sacaba de noviembre de 2019, ocurridas a pocos días de haber tomado el poder la expresidenta Jeanine Áñez.

El canal estatal informó de la aprehensión del militar, quien deberá prestar sus declaraciones sobre los hechos de noviembre de 2019, cuando militares y policías intervinieron en protestas sociales en apoyo al expresidente Evo Morales con el saldo de más de una veintena de muertos y decenas de heridos por impacto de bala.

Al menos 14 militares son procesados por lo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) calificó de masacres. Este grupo de expertos formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó todo lo que pasó antes durante y después de la dimisión de Morales.

Bravo Méndez fue inspector de las FFAA cuando estaba bajo el mando del general Sergio Orellana, designado en el cargo por la expresidenta Áñez.

El contralmirante es trasladado a La Paz, donde radica el caso Senkata.

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La FAM dice que la demanda de abrogación de la Ley 1407 está ‘sostenida en falsedades’

“Ya corresponde a otras instancias del Gobierno el generar o no un debate, que me parece absolutamente innecesario”, señaló Puerta.

Rodrigo Puerta en entrevista con La Razón Radio.

/ 2 de diciembre de 2021 / 15:35

El director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Rodrigo Puerta, aseguró este jueves que el persistente pedido de la abrogación de la Ley 1407, del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, de parte de la oposición política, está basado en “falsedades”.

 “Como FAM-Bolivia hemos criticado duramente la propuesta que hizo Comunidad Ciudadana (CC) de abrogar la Ley 1407 porque estaba establecida sobre la base de falsedades; hemos visto a un diputado de CC dar una conferencia de prensa y hemos analizado profundamente los argumentos que planteaba y nos ha sorprendido de sobremanera sus argumentos falsos”, dijo Puerta en una entrevista con La Razón Radio.

Incluso, según el representante de la FAM, CC ha pretendido confundir a la población, que por lo general no conoce a profundidad los artículos de este tipo de normativas, que son cuestionadas.

“Solo para darle un ejemplo de un argumento absolutamente falso es que se decía que debería ser una entidad, que está establecida en la Constitución y que es de participación, la que debería hacer el plan de desarrollo y que no debería hacer el Gobierno”, indicó.

Sin embargo, en criterio de Puerta, “eso es absolutamente falso” porque es competencia privativa del Gobierno hacer un plan de desarrollo.

Pero “para los gobiernos municipales (este tema ya) está zanjado y ya corresponde a otras instancias del Gobierno el generar o no un espacio de debate, que me parece absolutamente innecesario porque esto está sostenido en falsedades”, insistió.

También puede leer: Arce y alcaldes acuerdan que la Ley 1407 respeta la autonomía, forman comisiones.

A mediados de noviembre, CC presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto para abrogar la Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025.

La mañana de este jueves, CC y Creemos informaron que ambas bancadas de la oposición decidieron mantener su posición de que la cuestionada ley debe ser abrogada.

“CC y Creemos reiteramos las observaciones de inconstitucionalidad de la Ley 1407, al no haber cumplido el Gobierno nacional con la exigencia del artículo 317 de la Constitución de garantizar la creación, organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa, que sea la que formule el plan de desarrollo económico y social con representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada”, ratificó el diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, al dar lectura al pronunciamiento conjunto.

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CC y Creemos deciden mantener su pedido de abrogación de la Ley 1407

El martes, en una reunión entre el presidente Luis Arce y alcaldes de las principales ciudades se estableció que la Ley 1407 no viola las autonomías.

Legisladores de la oposición en conferencia de prensa. Foto: CC.

/ 2 de diciembre de 2021 / 13:57

Las bandadas de las alianzas de oposición, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, determinaron este jueves mantener su posición de que la cuestionada Ley 1407, del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, debe ser abrogada.

La decisión fue comunicada a través de un comunicado conjunto, que dio lectura el jefe de bancada de CC en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón.

“CC y Creemos reiteramos las observaciones de inconstitucionalidad de la Ley 1407, al no haber cumplido el Gobierno nacional con la exigencia del artículo 317 de la Constitución de garantizar la creación, organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa, que sea la que formule el plan de desarrollo económico y social con representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada”, dijo.

El legislador remarcó que esta garantía constitucional está vigente desde 2009 y tampoco fue cumplida por la Ley 777, del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE).

“De haberse dado el cumplimiento a esta garantía constitucional, las universidades públicas, los gobiernos subnacionales y otras instituciones independientes del Estado obligadas (a cumplir el plan de desarrollo) habrían podido definir conjuntamente con el Gobierno nacional la visión estratégica del plan 2021-2025”, agregó.

Es decir, según Alarcón, sus principales alcances y contenidos, el origen y distribución de los recursos y de los gastos, y la forma de armonizar los planes sectoriales y el ejercicio de sus respectivas competencias.

“Es igualmente grave la subordinación de las autonomías universitarias, departamentales, regionales, municipales e indígenas originaria campesinas, que tienen rango constitucional a los decretos supremos con los cuales el Gobierno, durante los cinco años de vigencia de este plan general, puede realizar los ajustes y modificaciones de manera unilateral y discrecional”, sostuvo.

Esos decretos supremos, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, están por debajo de las leyes.

“Entonces, como se ha dicho ya, nuestra posición es mantenernos responsables como bancada de oposición en función de los señalamientos que hicimos ya reiteradas veces en relación a la Ley 1407”, ratificó el diputado de Creemos Erwin Bazán.

Entretanto, una reunión entre el presidente Luis Arce y autoridades de las principales alcaldías del país acabó el martes con un acuerdo de formar tres comisiones de trabajo y que se va a respetar las autonomías en el marco de la aplicación de la Ley 1407.

También puede leer: Arce y alcaldes acuerdan que la Ley 1407 respeta la autonomía, forman comisiones.

“Hemos visto esa reunión del Gobierno con distintos alcaldes, el diálogo es siempre un instrumento importante para encarar la gestión en diferentes instancias; sin embargo, es nuestra responsabilidad mantener y reiterar nuestros señalamientos a la Ley 1407 que debe ser abrogada por las razones que hemos manifestado ampliamente”, insistió Bazán.

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Llally no asistió a la reunión con Arce y ratifica que la Ley 1407 atenta a las autonomías

Pese a su postura frente a la cuestionada norma, el alcalde de Potosí no descartó buscar un eventual diálogo con el Gobierno en torno a la polémica ley.

El Alcalde de Potosí, Jhonny Llally, en una entrevista con La Razón Radio.

Por Mauricio Diaz

/ 2 de diciembre de 2021 / 12:48

El alcalde de Potosí, Jhonny Llally, informó este jueves que no participó de la reunión que el martes sostuvo el presidente Luis Arce con nueve alcaldes de capital y que mantiene sus observaciones a la Ley 1407, del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025.

“No estuve presente porque tengo un hermanamiento, me encuentro en (la ciudad de) Cartagena, en Colombia (…). No pude contactarme con mis similares alcaldes. La ley de autonomías nos permite ciertas actividades y muchas de ellas no se van a permitir con la Ley 1407”, dijo la autoridad en contacto con la transmisión digital La Razón Radio.

“No concuaso (sic) porque la (anulación) de las autonomías son peligrosas; no solo para las autonomías municipales, sino para las autonomías universitarias y para cada gobierno departamental”, insistió Llally.

Tras el diálogo con Arce y otras autoridades estatales, como el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, los alcaldes de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y de La Paz, Iván Arias, admitieron que la mencionada ley no afecta a las autonomías y se avinieron a la instalación de tres mesas de trabajo: reactivación económica, salud y lucha contra el contrabando.

“Es muy importante el nivel de coordinación y la importancia que tenemos que tener a nivel subnacional; hemos escuchado propuestas y el Gobierno ha manifestado toda la predisposición para apoyarlos en conseguir créditos, crédito interno, acompañarlos en la emisión de bonos de aquellos municipios que tengan la capacidad de hacerlo”, dijo entonces Ruiz en una conferencia de prensa.

Ante eso, y pese a su postura en contra de la cuestionada ley, Llally no descartó la posibilidad de buscar diálogo con las autoridades nacionales. “Si la ley no viola (las autonomías), creemos que nosotros tenemos que estar convencidos de todo esto y seguramente nos vamos a unir a ese trabajo que se ha podido realizar conjuntamente mis similares”, sostuvo el alcalde potosino.

En un inicio, la Ley 1407 fue considerada “atentatoria” contra las autonomías por algunas autoridades nacionales y algunas universidades. Incluso, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), de Santa Cruz, y la Tomás Frías, de Potosí, se movilizaron en demanda de la abrogación de esa norma, por lo que autoridades del Gobierno anunciaron su socialización con los sectores que se consideran afectados.

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Cuatro embajadores entregan sus cartas credenciales al presidente Luis Arce

El acto se realizó, como es habitual, en la Casa Grande del Pueblo, en la ciudad de La Paz, donde también estuvo el canciller Rogelio Mayta.

El presidente Luis Arce recibe su carta credencial de la embajadora peruana Carina Ruth Palacios. Foto: @LuchoXBolivia

/ 2 de diciembre de 2021 / 12:34

Los embajadores de Suecia, Nicolás Linus Ragnar Weeks; de Egipto, Tarek Mohyeldin Abdelmagid Elwassimy; de Francia, Hélène Roos; y de Perú, Carina Ruth Palacios Quincho, presentaron este jueves sus cartas credenciales al presidente Luis Arce.

El acto, como es habitual, se realizó en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, donde también estuvo el canciller Rogelio Mayta.

Ragnar Weeks fue ministro consejero en la embajada de Suecia en Bangkok, Tailandia; director adjunto del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país; consejero de la Misión Permanente de Suecia ante las Naciones Unidas; y primer secretario en su embajada en Beijing, China.

El representante de Egipto fue diplomático de su embajada en Nueva Delhi, India; en Rabat, Marruecos; en Madrid, España; y en Kuala Lumpur, Malasia. Además, ha sido embajador en Cuba, Haití, Jamaica, República Dominicana, Nueva Zelanda, entre otras funciones.

La embajadora de Francia comenzó su carrera diplomática en el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores-Servicios, en Moscú, Rusia; luego fue agregada cultural y cónsul adjunta en Hong Kong. Posteriormente ha sido ministra consejera en Tallin, Estonia, y en Bratislava, Eslovaquia, entre varias otras ocupaciones en representación de su país.

Mientras la representante peruana trabajó en distintos cargos de la Dirección Regional de Agricultura Junín y también fue representante técnico-comercial de varias empresas.

Las cartas credenciales son documentos mediante los cuales los jefes de Estado presentan de manera oficial a sus representantes diplomáticos en el país de destino.

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