El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, solicitó este miércoles la conformación de una comisión de fiscales para investigar los casos de presuntos narcotraficantes más conocidos de las últimas semanas o meses con la misma rapidez que los anuncios de investigación realizados recientemente, en su criterio, para “dividir y proscribir” al partido que lidera.

“Pido formar una comisión de fiscales del interior del país para que investigue los casos de Misael Nallar (quien está involucrado en el asesinato de tres uniformados en Porongo), narcoaudios (que investiga una supuesta protección a narcotraficantes) y volteo de droga con la misma rapidez que se persigue a dirigentes y se anuncia investigaciones para dividir y proscribir al MAS-IPSP”, afirmó Morales a través de su cuenta en Twitter.

Esta expresión surge después de que el martes se conociera que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca instruyeron al Ministerio de Justicia investigar la denuncia del diputado Rolando Cuéllar contra el vicepresidente del MAS, Gerardo García, sobre un presunto financiamiento electoral por parte de un acusado de narcotráfico.

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Aunque el mismo día, Morales también había “saludado” por Twitter al presidente Arce por instruir “investigar las falsas denuncias de supuesto financiamiento ilegal al MAS-IPSP”.

Pero “que se investigue de cara al pueblo y con total transparencia ese y otros casos de audios, volteo de droga y protección al narcotráfico. Estamos seguros que se comprobará la falsedad y pediremos sanciones con todo el peso de la ley contra quienes intentan destruir al MAS-IPSP”, sostuvo el exmandatario.

Además, Morales pidió a toda su militancia mantenerse en estado de alerta ante “los ataques internos y externos contra el instrumento político del pueblo”.

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En medio del conflicto latente por la creación de un tercer mercado de coca debido a la división en la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), el viceministro de Coca, Arlem Benjamín Lovera, afirmó este miércoles que la normativa vigente en el país es muy clara y que no hay una dirección exacta identificada para el centro de expendio de ese producto en La Paz.  

“La norma dice (de manera) muy clara que se reconoce en el departamento de La Paz el mercado de Adepcoca, en la (Ley) 906 (….) no está una dirección exacta, y tanto (la dirigencia de) Machicado y Alanes son parte de una misma asociación; pero (…) la ley es clara y reconoce el mercado de Adepcoca y ambos se identifican como Adepcoca, no es otra institución u otro grupo de productores de coca que se está atribuyendo otro mercado”, dijo Lovera en una entrevista con La Razón Radio.

La Ley General de la Coca (906), en su artículo 24, establece que “se reconoce en el departamento de La Paz, el Mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca – Adepcoca, y en el departamento de Cochabamba, el Mercado de Sacaba”.

Adepcoca está dividida desde hace bastante tiempo, pasó por una serie de conflictos y actualmente tiene dos directivas (una al mando de Freddy Machicado y otra al de Arnold Alanes) que se atribuyen su legítima representación.

El mercado de Adepcoca está construido en la zona de Villa Fátima, en La Paz, y Alanes, en medio de la persistente división de la organización cocalera, optó por crear un tercer mercado en Villa El Carmen de la misma ciudad.

El lunes, los cocaleros liderados por Machicado realizaron una asamblea y determinaron dar un plazo al Gobierno (inicialmente dijeron hasta el 20 de julio y luego hasta el 7 de julio) para cerrar el mercado de Alanes.

Sin embargo, “el conflicto de Adepcoca es un conflicto interno, Adepcoca es una institución privada y nosotros (…) respetamos la institucionalidad privada, esperemos que dentro de Adepcoca puedan buscar los mecanismos de diálogo y de la concertación para buscar soluciones a este conflicto interno, no es un conflicto que tengan con el Gobierno”, respondió el Viceministro.

Además, la autoridad expresó su temor de que este conflicto perjudique otra vez la normal comercialización de la hoja de coca y con ello se agrave la “crisis” en el sector por los bajos precios del producto.

Lovera consideró que la crisis de los precios bajos de la coca deviene de la sobreproducción de la hoja permitida —según dijo— durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

En Potosí se cumplió este martes un paro de 24 horas exigiendo atención a demandas como la industrialización del litio y preservación del Cerro Rico. Para el Gobierno, la medida fue política y acatado en parte de la ciudad capital con un “forzado” cierre de algunos centros de abasto.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó que el paro convocado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) se cumplió en 1 de los 41 municipios del departamento y restringido al centro de la ciudad.

“Es el centro de la ciudad, hay puntos de bloqueo y han forzado el cierre de algunos centros de abasta, hay normalidad”, evaluó antes de la finalización de esta jornada de protesta que estuvo caracterizada por bloqueos en los puntos de ingreso a la ciudad y calles del centro.

Según El Potosí, los comerciantes fueron obligados a cerrar sus negocios, mientras que las instituciones públicas trabajaron con normalidad.

La protesta planteó demandas como la industrialización del litio, preservación del Cerro Rico de Potosí, seguridad para el Salar de Uyuni ante intentos de pobladores de Salinas de Garci Mendoza de apropiarse de una parte del recurso, celeridad en la investigación de la compra anulada de 41 ambulancias y la construcción del aeropuerto.

El viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez, consideró que estas acciones con tinte político “generan una especie de inseguridad frente a lo que vamos a generar en cuanto a proyectos, porque la estabilidad social es lo que se busca”.

También recordó que hubo un proceso de socialización de la industrialización del litio, donde no acudió la dirigencia cívica. Sobre los ingresos, anunció que el próximo año se empezará a generar ingresos importantes por la puesta en marcha de la planta de industrialización.
Alcón aseguró que el Gobierno está dispuesto a dialogar con los sectores movilizados.

El expresidente Evo Morales saludó este martes la decisión del presidente Luis Arce de instruir la investigación de la carta atribuida al vicepresidente del MAS, Gerardo García, en la que agradece en 2017 a un acusado de narcotráfico por financiar la campaña electoral. Anticipó que “se comprobará la falsedad” de la denuncia hecha por el diputado Rolando Cuéllar.

“Saludamos que nuestro hermano presidente Luis Arce instruya investigar las falsas denuncias de supuesto financiamiento ilegal al MAS-IPSP. Que se investigue de cara al pueblo y con total transparencia ese y otros casos de audios, volteo de droga y protección al narcotráfico”, destacó el también dirigente cocalero del Chapare.

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que Arce y el vicepresidente David Choquehuanca instruyeron indagar la denuncia de Cuéllar contra García.

“Como Ministerio de Justicia hemos recibido el mandato del Presidente y del Vicepresidente de investigar, aclarar y darle respuesta al pueblo boliviano sobre esa temática que de ninguna manera puede quedarse sin investigación y sin respuestas a nuestro pueblo”, explicó en una entrevista con la red Unitel.

Morales destacó la iniciativa presidencial y anticipó que se comprobará la falsedad de la denuncia.

“Estamos seguros que se comprobará la falsedad y pediremos sanciones con todo el peso de la ley contra quienes intentan destruir al MAS-IPSP. Pedimos a nuestra militancia mantenerse en estado de alerta ante los ataques internos y externos contra el instrumento político del pueblo”, demandó.

García presentó este martes una denuncia penal contra Cuéllar, para que demuestre la veracidad de la misiva hecha pública y en la que agradece los aportes económicos a la campaña electoral de Miguel Ángel Salazar Yavi, nombre con el que estaba en Bolivia el acusado de narcotráfico en Argentina Miguel Farfán.

Negó conocer a Miguel Ángel Salazar Yavi y aseguró que la carta es falsa.

La diputada de la agrupación política Creemos Sandra Paz se estrelló este martes contra su colega Erwin Bazán y lo calificó de “burro” y “flojo” por haber expuesto fotografías del concejal Miguel Fernández junto a un supuesto vinculado con el narcotráfico que después apareció en fotografías con la cúpula de la agrupación del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.

“Este diputado es un flojo, que se ponga a trabajar. A parte de flojo es un burro porque él agarra y lleva una foto y toda la cúpula de Creemos está en la foto ¿qué es lo que quiere?, ¡esto es político! Él lo que quiere es manchar el nombre del alcalde Jhonny Fernández”, cuestionó en alusión a la imagen del concejal Fernández, hijo del alcalde, con Ruddy Sandoval

Sandoval fue acusado por Bazán de estar involucrado con el narcotráfico. El propio Sandoval salió el lunes a negar la denuncia del legislador de Creemos y reveló que entabló una conversación con el propio Bazán, quien a su vez lo negó.

Tras hacerse pública la fotografía de Fernández con Sandoval, empezaron a circular por redes sociales otras de Sandoval con el excandidato a la vicepresidencia de Creemos Marco Pumari y el actual presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Svonko Matkovic. También se lo ve en una aeronave con la polera con distintivos de Creemos.

En un video, Sandoval aparece en un vehículo junto al excandidato a la vicepresidencia de Comunidad Ciudadana (CC) Gustavo Pedraza, quien este martes negó conocer al acusado y que si estuvo ene l vehículo no lo recordaba.

Paz consideró que lo mejor es que Bazán se ponga a trabajar para que devuelva la plata de los ítems fantasmas en la alcaldía de Santa Cruz, “eso es lo que tiene que hacer este diputado”.

Bazán se reafirmó con cuatro videos su denuncia de relación de Sandoval con autoridades de la alcaldía cruceña y aseveró que pueden generar reacciones de las “fibras del poder”.

“Solo tengo mi fe, tengo la Constitución que me respalda. En el marco de la fiscalización no pueden activar procesos en mi contra”, sostuvo ante la advertencia de Sandoval de iniciar una acción penal para que demuestre sus acusaciones.

Negó que conozca al supuesto narcotraficante Ruddy Sandoval y dijo que él está negando su prontuario.

“No tengo temor, quien tiene temor es mi familia y por el temor de mi familia tengo que pedir garantías constitucionales. La pregunta es qué protección tiene este señor para salir y negar todo, parecería que estamos ante algo muy grande”, insistió.